Extorsión y periodismo
La extorsión es un grave delito que poco o nada tiene qué hacer con el ejercicio profesional del periodismo venezolano. Que algunos propietarios de medios y una ínfima minoría de periodistas (y quienes dicen serlo, para timar gente incauta) sin moral ni ética lo hayan practicado, no varía la primera afirmación.
Según la Ley de Ejercicio del Periodismo (1994), en Venezuela, “periodistas profesionales” somos quienes somos egresados universitarios con el título de licenciado en comunicación social o su equivalente, y estamos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y en el Instituto de Previsión Social del Periodista. Excepciones hubo, de acuerdo con la primera ley de 1972, artículo 43, que autorizaba el ingreso al CNP de quienes demostraran haber tenido la práctica del periodismo como oficio principal, al menos entre 1967 y 1972. De los 15.600 miembros del CNP (hoy, ultra mayoritariamente egresados universitarios), tal vez haya unos cuantos desviados que se dediquen a extorsionar a personas involucradas en delitos o manejos dudosos, y de ellos deben dar cuenta la justicia y las investigaciones fiscales, cada vez que se presente algún caso aislado.
El lamentable caso que supuestamente involucra al colega José Rafael Ramírez y al editor del periódico “Reporte Diario de la Economía”, Tanahus Gerges, según denuncia y montaje abogadil-policial del muy próspero empresario petrolero “bolivariano” Willmer Ruperti, no puede ser utilizado para “saldar cuentas” con periodistas y propietarios de medios de comunicación social, en forma irresponsablemente indiscriminada.
El diputado Luis Tascón se fue al estrado de la Asamblea Nacional, a presentar el asunto, ya en tribunales, como una muestra de la “degradación del periodismo venezolano”, afirmación que constituye un insulto a la dignidad de los profesionales del periodismo que con tanto ahínco, dedicación y valentía -históricamente hablando- hemos dado batallas por los derechos de nuestro pueblo.
Ojalá y no monten una opereta, en la Comisión parlamentaria respectiva. La abrumadora mayoría de los y las periodistas de Venezuela, los tendremos en la mira, a ver qué es lo que quieren con ese tinglado. Ruperti ha sido mencionado y denunciado en decenas de medios de comunicación social, como uno de los preferidos del gobierno petrolero venezolano y supuesto testaferro de no sé cuántos burócratas chavistas. Nunca, la Asamblea Nacional se dignó a investigarlo, Ahora, viene a ser un “invitado” acusador contra el accionar supuestamente delictivo de un periodista y un editor, quienes, por lo demás, tienen la responsabilidad de demostrar inocencia y desnudar a Ruperti, o soportar el castigo legal respectivo.
Se atrevió Tascón a insinuar a nuestro semanario “La Razón” como parte del supuesto delito denunciado, lo que es un insulto adicional para todos quienes aquí laboramos con grandes sacrificios, limitaciones y el hostigamiento moral, político y económico del gobierno y sus mafias, pasadas y actuales. Una ligereza inaudita que lo coloca en plan de revancha por nuestras denuncias y opiniones contrarias al autoritarismo, la corrupción y el malandrismo irresponsable que caracteriza a buena parte de la gestión Chávez.
Hace semanas denuncié lo que considero una amenaza cierta de asalto político al Colegio Nacional de Periodistas, como parte de la intensificación de la guerra gubernamental contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio profesional del periodismo. Y esta jugada de Tascón en la Asamblea Nacional, parece ser parte de esa ofensiva de aliento monopartidista.
Esta parte de la guerra gubernamental incluye el intento de asesinato moral de la historia gremial y profesional más honrosa de América Latina y el Caribe, la que comenzó en 1941 y 1946 con los procesos de fundación de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Ya tienen suficientemente asfixiado al Colegio Nacional de Periodistas con más de siete años sin elecciones, y ahora pretenden enlodar uno de los ejercicios profesionales más nobles y riesgosos, mal remunerado pero profundamente satisfactorio.
La Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional debería dejar en manos de la justicia la supuesta extorsión contra Ruperti, quien junto con su abogado y su jefe de seguridad deberá dar cuenta a la justicia por sus actuaciones mafiosas. Sí debería dedicarse a evaluar los contenidos y líneas editoriales de medios del Estado que han sido incautados por el gobierno para el monopartidismo excluyente y la sistemática destrucción moral de oponentes políticos y profesionales del periodismo que critican la gestión pública o simplemente dan cuenta de denuncias que el pueblo hace a diario. Caso especial, Venezolana de Televisión (VTV), canal televisivo que transmite varios programas denigratorios a cargo de personas ajenas al gremio periodístico, muchas veces apoyados por periodistas profesionales que incluso, ahora, son partidarios de destruir al Colegio Nacional de Periodistas, en tanto que gremio profesional universitario al servicio del pluralismo, la libertad y la justicia social.
EL CONFESIONARIO
JOSÉ VICENTE RANGEL, golpeado por el bajísimo rating de su programa dominical televisivo, abriga esperanzas de regresar a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, según confesión suya a un amigo, el domingo de la semana pasada. ¿Ocurrirá algo como con el ministro de Planificación, Jorge Giordani, o con el también ex ministro Julio Montes? Es claro que mueve sus piezas con ese objetivo, seguramente favorecido por un gabinete ejecutivo poco articulado, el persistente impacto de la delincuencia, el aumento del costo de la vida, la fuga sostenida de divisas, la corrupción y el estancamiento político de la reforma constitucional autoritarista que no tendrá fuelle como para ser recibida positivamente por la mayoría de los venezolanos y venezolanas. El problema es que el regreso de JVR al gabinete sería inexplicable para no pocos chavistas, sus estrechos vínculos con Luis Miquilena y su entorno, así como los de LM con el entorno de JVR, es otro aspecto en su contra. Ocurre que su jefe-único no lo ha llamado, y eso le preocupa, le genera angustia, mientras se desvive en halagos y defensa de sus políticas, domingo a domingo, a ver qué pasa. Por lo pronto, abrirá oficinas en un costoso pent house en la urbanización El Rosal, frente a un conocido restaurant.
GRAN PREOCUPACION, “molestia, desagrado, ha causado la noticia conocida sobre la venta de las instalaciones en donde funciona el Instituto de Formación Democrata Crisitiano, en la urbanización Los Chorros. Se conoció que hacen negociaciones en dólares americanos. Una de las empresas interesadas en su adquisición, es el Grupo Polar.”
PEDRO PABLO FERNÁNDEZ, miembro de la dirección nacional de Copei, quien en las pasadas elecciones se fue a la campaña de Un Nuevo Tiempo, le montó a este partido el programa de Copei para los barrios, ha vuelto a incorporarse a la dirección nacional y ejerce funciones organizativas junto a Jesús Alberto Barrios. “Las reorganizaciones se han hecho a dedo, entre gallos y medianoche, sin consulta a la militancia, sin asambleas, ni la participación de nadie. Simplemente se escogen, se designan y la única exigencia es que vengan a votar en las próximas elecciones en Caracas, cuadrados por el tubo que ellos le suministrarán.”
VENEZUELA POPULAR sería el nombre de una “fundación controlada por Eduardo Fernández y Planas, con la intención de traspasar bienes de Copei, Partido Social Cristiano (‘Partido Popular’), con el apuro de disponer de millones de bolívares que podrían entrar a las finanzas con la venta de muebles e inmuebles. Esta crisis puede traer como consecuencia denuncias a nivel de los tribunales de justicia, ante el Consejo Nacional Electoral y otros organismos competentes, ya sea por el uso de símbolos, modificación en las actas del comité nacional, elección de directivas sin el consentimiento de la militancia.”
