Opinión Nacional

¿Fue legítimo el golpe del 4 de febrero de 1.992?

El empeño, durante muchos años y especialmente durante la fase electoral pasada, de doctos e insospechables personajes de la sociedad venezolana: intelectuales, académicos, pensadores, periodistas, empresarios, sin compromiso alguno aparente con partidos, en sostener que debemos preservar la democracia en vez de sostener que debemos restituir la democracia, me ha llevado a enfrentar este delicado tema sin prejuicios y descarnadamente. Así nos preguntamos: ¿Ha sido la democracia un mito o una realidad en estos últimos veinticinco años?.

Este es un tema sumamente polémico que sólo con una gran objetividad y honestidad puede ser enfrentado. Desprendido de cualquier nihilismo, sea del afán de destruir todo lo existente, pone en tela de juicio la responsabilidad de cada venezolano, acrecentada según su grado de influencia en la sociedad y de la creatividad de opinión en la misma durante estos años.

Solamente un análisis objetivo del sistema de gobierno actual y su comparación con el concepto universal de Democracia así como con las características o garantías de esta última consagradas en nuestra Constitución vigente permiten dar una respuesta imparcial a esta pregunta.

TABLA DE CONTENIDO

El presente ensayo está concebido en seis capítulos, conforme sigue:

1.- CAPÍTULO I

El concepto universal de Democracia, las principales garantías de la actual Constitución y su comparación con la realidad venezolana de los últimos veinticinco años.

1.2.19.- CONCLUSIÓN:

2.- CAPÍTULO II

¿Cuál es el tipo de Gobierno que hemos tenido durante estos últimos veinticinco años?

2.3.- Definición de los gobiernos de los últimos veinticinco años.

3.- CAPÍTULO III

¿Fue legítimo el golpe del 4 de febrero de 1992?

3.1.- La crisis constitucional durante estos veinticinco años.

3.2.- El art. 250 de la Constitución.

3.3.- Formas de inobservancia o de derogación de la Constitución:

3.4.- Quién es el Teniente Coronel (r) Hugo Chávez Frías:

3.5.- Los hechos que vienen a legitimar el golpe del 4 de febrero de 1992.

3.5.1.- El primer plebiscito o antecedente legitimador: «El Sacudón»

3.5.2.- El golpe del 4 de febrero de 1992.

3.5.3.- El discurso de Caldera, el lanzamiento de Isturiz y la muerte política de Morales Bello. La legitimación de los motivos del golpe del 4 de febrero de 1992.

3.5.4.- El segundo plebiscito legitimador del golpe: «El Cacerolazo».

3.5.5.- El sobreseimiento. ¿Porqué perdona Caldera?

3.5.6.- Las elecciones del 6 de diciembre de 1998.

3.5.9.- ¿Chávez infringió la Constitución o, consciente de su irrespeto e inobservancia por los políticos así como de su tácita derogación y sustitución por una dictadura de partido -oligarcodemagógica- en detrimento del pueblo, obró en su defensa, conforme se lo imponía el artículo 250? Vale la pregunta.

4.- CAPÍTULO IV

La legitimidad.

5.- CAPÍTULO V.

¿Apología del Golpe?

6.- CAPÍTULO VI

Desde el Río Grande hacia abajo, ¿es posible una democracia?

Notas del autor:


1.- CAPÍTULO I

El concepto universal de Democracia, las principales garantías de la actual Constitución y su comparación con la realidad venezolana de los últimos veinticinco años.

1.1.- Así pues, definamos primero ¿qué se entiende por Democracia?

Conforme al concepto universal, Democracia es la forma de gobierno en la cual el pueblo es el soberano, quien, libre y periódicamente, ejerce su poder a través del sufragio o del «referendum», cuyos órganos electos deben cumplir con un conjunto de normas consagradas en la Constitución y en las Leyes que define el Estado y sus poderes y los derechos y obligaciones de sus ciudadanos preservados por un Poder Judicial autónomo.

1.2.- En virtud de las limitaciones de espacio, fijaremos, a continuación, las características principales de lo que debería ser nuestra Democracia conforme a los fundamentos o garantías consagrados en nuestra Constitución vigente y, en cada caso, compararemos estas garantías constitucionales, fundamentos o mandatos, objetivamente, con la realidad de estos veinticinco últimos años y sea Ud. el juez, amigo lector:

1.2.1.- Dice nuestra Constitución: El Gobierno será responsable, representativo y alternativo. La realidad es que un Gobierno calificado por organismos internacionales como el octavo más corrupto del mundo y el más ineficiente de América, no puede ser responsable como tampoco puede serlo aquel Presidente que pretende excusarse alegando ha sido engañado ni aquel que confiesa no saber nada de economía. Dice el Washington Post: «Con el boom petrolero, a comienzos de los setenta, Venezuela se jactaba de ser una de las economías más fuertes de América Latina. Los nuevos ricos venezolanos se revolcaban en lujos, viajaban de compras a Miami los fines de semana e importaban incluso productos básicos como pan y huevos. Sin embargo, esta riqueza fácil quedó en el pasado. La caída de los precios del petróleo, la corrupción desenfrenada y el gasto público despilfarrador hundieron al país en una crisis económica.» La deuda externa e interna, el año 1973, era de 12.133 millones de bolívares. En 1998, la herencia que deja el Gobierno presidido por Caldera es de más de 9.9 millardos de dólares en déficit y una deuda externa, tan sólo, sin incluir la interna, de 23.174 millardos de dólares iguales a 13.209.180 millones de bolívares. La desconfianza en el sistema originó, este año, una fuga superior a los 5 millardos de dólares. Las empresas venezolanas se cotizan en la Bolsa al 52% de su valor. El llamado clientelismo político, la corrupción y la mala administración durante los últimos veinticinco años quebraron, entre otras empresas, las líneas aéreas nacionales VIASA y AEROPOSTAL, con SIDOR, las empresas de Guayana, CADAFE, esta última una de las empresas más corruptas del país, a título enunciativo. La crisis financiera o de los bancos costó, impunemente, trece millardos de dólares por el mal manejo de los fondos de los depositantes de parte de la banca privada y por la complicidad del Gobierno al no ejercer el debido control sobre la primera a través de la Superintendencia de Bancos. Un país con cerca de 22 millones de habitantes tiene o llegó a tener 1,5 millones de empleados públicos, prueba de su descarada demagogia y llamado clientelismo, sin poder precisarse su número exacto, cuando Japón, con una población de 125 millones de habitantes tiene, tan sólo, 800.000 empleados públicos y un PIB 70 veces superior al de Venezuela. En la década del 73 al 83 ingresaron 135.000 millones de dólares, más que todo lo ingresado al Fisco en toda su historia. A título de referencia, tan sólo, el pasivo laboral de los estados supera los 291.000 millones de bolívares. Con tan sólo 12.817,1 millones de dólares del conocido Plan Marshall se reconstruyó toda Europa destruida a raíz de la Segunda guerra mundial. En Venezuela han ingresado y se han gastado, además de endeudarse en más de 23.174 millardos de dólares, -siendo este el monto de la deuda actual tras las amortizaciones efectuadas-, entre 1974 y 1998, es decir durante los últimos veinticinco años, desde el primer período Carlos Andrés Perez hasta el segundo de Caldera, más de 38.555.761 millones de bolívares repartidos así: 1er. Período de CAP: 228.758 millones de bolívares; Período de Luís Herrera Campíns: 391.883 millones de bolívares; Período de Lusinchi: 710.036 millones de bolívares; 2ndo. Período de CAP: 3.634.502 millones de bolívares y en el actual período de Caldera: 33.590.582 millones de bolívares o, como diría el propio Dr. Caldera, se han gastado en estos cinco quinquenios, treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco millardos de bolívares, sean más de 250.000 millones de dólares, sin incluir los ingresos propios de Petróleos de Venezuela, es decir, el equivalente a 113 Planes Marshall. Y el pago de la deuda de la República representa, actualmente, el 40% del presupuesto nacional estando sumidos en la más profunda crisis económica, social y moral de toda nuestra historia. De los 498 entes descentralizados y fundaciones, la mayoría innecesarios, se han creado 272, sea el 54%, en el período del Dr. Caldera, constituyendo una verdadera administración paralela y, en ocasiones, un sistema de lavado de corrupción, según palabras del Contralor General de la República. El Banco Central de Venezuela está técnicamente quebrado por su dependencia del Ejecutivo y registra pérdidas por 105.000 millones de bolívares. Y no puede ser representativo aquel sistema cuyo Presidente, Dr. Rafael Caldera, es electo con el voto directo del 17,65% de los electores que viene a ser el 7,77% de los venezolanos y cuyo sistema -no otro que la degeneración del llamado Pacto de Punto Fijo- es rechazado por el 89,94% de los votantes en las elecciones de diciembre 98, resultado de la suma de los votos a favor del cambio representados por Chávez, Salas e Irene y descontando los votos de AD y de Copei que favorecieron a Salas. Carlos Andrés, Luís Herrera y Lusinchi obtuvieron el 40% de los votos de los electores que representa el 20% de los venezolanos. Tampoco ha habido alternatividad real pues los partidos del Pacto de Punto Fijo, AD y Copei, a cuya «guanábana» se incorporó el MAS, han mantenido su hegemonía. Aunque AD y COPEI son partidos de distinto color, siendo lo único que les diferencia además de la elegancia en su forma de expresarse, siempre han sido solidarios en sus decisiones, han compartido el Gobierno y la responsabilidad y son tan idénticos que hasta fueron sin candidato propio a la última contienda electoral. Ante este desastre generado por el abuso de poder de los partidos hay que reconocer que el pueblo tiene su cuota parte de responsabilidad, sin duda, pues se condujo pasivo y ajeno, excesivamente pacífico y sumiso incluso, en total letargo, hasta su primera manifestación de rechazo al sistema con el llamado «sacudón» del 27 de febrero de 1989. Uslar Pietri tiene razón: los pueblos también se equivocan. Y yo, salvando las distancias, sostengo que no toda la vida se equivocan los pueblos. Algo o alguien los saca de su letargo. Y, a veces, en su tremenda frustración, conscientes del engaño, pueden ser desmedidos en su reacción y, en el cambio, pueden buscar el castigo principalmente, la venganza. De haber sido tan conformistas Bolívar, Miranda, Anzoátegui, Sucre, Urdaneta, Paez, entre otros, estaríamos aún bajo el yugo español. La segunda manifestación del pueblo, días después del 4 de febrero de 1992, fue con el llamado «Cacerolazo» cuyo mensaje los políticos, inmersos en su megalomanía, se negaron a oír y, aún más, a interpretar. Finalmente el pueblo, el soberano, conforme reza el artículo 4 de nuestra Constitución, por la vía pacífica, se decidió por un cambio total el 6 de diciembre de 1998, cuyo mérito corresponde a este pueblo, exclusivamente, por lo que nadie más, ni Caldera, puede atribuirse el mérito de la transición pacífica. No nos referiremos aquí al Golpe de Chávez, del 4 de febrero de 1992, ni al de los Almirantes, del 27 de noviembre de 1992, pues ambos fueron militares sin participación civil alguna. Sólo baste recordar que el pueblo, excesivamente pacífico, no participó en estos dos últimos levantamientos militares pero tampoco se opuso a los mismos.

1.2.2.- Sostiene nuestra Constitución: El gobierno garantizará la libertad de expresión sin censura y la libertad de manifestación. La realidad es que el Gobierno siempre trató, a través de su publicidad, influir en la autonomía de los diarios y de los medios de comunicacioón. . Fue Caldera quien pretendió introducir el control a través de la llamada «Información Veraz». La SIP y la prensa internacional se han hecho eco reiteradamente de los atentados a la libertad de expresión en Venezuela. Los diarios que denunciaron el fraude de Recadi fueron constreñidos al silencio so pena de no proveerles los dólares a la tasa preferente para la importación del papel. La libertad de expresión no tiene sentido, por lo demás, cuando el destinatario o gobierno no escucha… Y si el ciudadano se excede en sus declaraciones sus teléfonos son intervenidos y es, a menudo, secuestrado por la Disip y el DIM, quedando totalmente incomunicado. Un grupo de adversarios de Fidel Castro se manifestó en 1997, en Margarita, previo a la Cumbre Iberoamericana. Fueron incomunicados y expulsados del país, en el acto, sin derecho a ser oídos, siendo uno de ellos venezolano. A los días, Caldera hubo de pedir disculpas públicamente. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas conoce de casos de tortura en Venezuela. El informe anual de PROVEA, (Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos), organismo civil encargado de denunciar los atropellos contra los Derechos Humanos en Venezuela, da las siguientes estadísticas: Violaciones al derecho a la vida: 104 casos; Detenciones arbitrarias procesadas por este organismo: 12.308; Torturas: 40 casos mensuales; Crueldad y trato inhumano: 313 casos; Ejecuciones: 47; Escuadrones de la muerte: 12 ejecuciones; Muertes ocasionadas por las policías estadales: 36, por las policías municipales: 19 y por las policías metropolitanas: 12. En cuanto al derecho a manifestar recordemos la violencia policial con los ancianos que reclamaban la desaparición, falta de pago e insuficiencia de sus pensiones.

1.2.3.- El gobierno garantizará la libertad económica y se dictarán normas para impedir la usura y las maniobras abusivas. El control de cambio fue nefasto para la economía así como la liberación de las tasas que por excesivas devinieron en confiscatorias paralizando la economía y beneficiándose tan sólo la banca. La inflación, el año 1997, superó el 100%. Según el grado de libertad para invertir, en el mes de noviembre de este año, Venezuela fue clasificada en el puesto 108. Si bien la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario regula las actividades de la banca y de los entes financieros y que los derechos de los consumidores y usuarios consagrados en esta Ley son irrenunciables, fueron vulnerados descaradamente al no haberse hecho nada para impedir la usura de parte de los bancos, la descapitalización, el cierre ni hasta la quiebra de trabajadores, artesanos, profesionales, pequeños, medianos y grandes empresas al haber autorizado el Banco Central, mediante una descarada y errónea interpretación de su artículo 46, la excesiva e imprevista elevación de las tasas en los préstamos hasta alcanzar el 100% anual, haciéndolas del todo confiscatorias a raíz de una amañada decisión de la Corte Suprema de Justicia, S.P.A., del 19 de febrero de 1981 y de la delegación efectuada por el Banco Central a favor de la banca de su facultad exclusiva para fijar las tasas de los intereses, conforme a resolución Nº 97-07-02 del BCV de fecha 31 de julio de 1997, con los resultados conocidos. La banca, subvencionada por el estado como lo fue durante la llamada Crisis Bancaria, con poderes absolutos para fijar las tasas de los intereses, en beneficio propio y de espaldas al consumidor, aumentó en 200% las tarifas por servicios equivalente a cuatro veces el IPC y obtuvo, en 1998 tan sólo, la moderada suma de 602 millardos de bolívares en utilidades.

1.2.4.- El gobierno garantizará el derecho a la propiedad. No hay familia en la que uno o varios de sus miembros no han sido asaltados, robados ni hasta agredidos, al menos una vez. Lo mismo se puede decir respecto del robo de vehículos. Las invasiones promovidas por los mismos políticos y la construcción de ranchos forman parte del clientelismo político, de la demagogia y de la cultura preelectoral. En el campo el abigeato es un flagelo y el secuestro en las fronteras es rutina. Las inversiones extranjeras han disminuido casi totalmente ante la inseguridad jurídica al punto que el Banco Mundial asumió la mejora de nuestro sistema judicial…

1.2.5.- El Gobierno garantizará la participación de todos en el disfrute de la riqueza. Según la Fundación CAVENDES, el estrato más bajo de la sociedad alcanza el 78%; la clase media el 8% y la clase alta el 14%. Según el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos, los derechos económicos, sociales y culturales desmejoraron alarmantemente; el consumo de alimentos bajó abruptamente con relación a 1997 y los venezolanos que viven en pobreza representan el 85%; en pobreza extrema el 40% y en pobreza atroz el 15%. La desnutrición infantil alcanza el 38,24%. Destaca la pobreza en los barrios de Caracas y en los estados Apure, Delta Amacuro, Cojedes, Portuguesa y Sucre. Aunque estadísticamente, difícil de precisar, la marginalidad, la niñez abandonada y la delincuencia son hechos públicos y notorios fruto de la pobreza. El desempleo afecta al 15% de la población. Durante la década de Marcos Perez Jimenez, tan vilipendiado por los pseudo demócratas adecos de quienes fuera su socio golpista el 18 de octubre de 1945, la agricultura recibió el 11% de la inversión nacional bruta. No obstante la desastrosa y demagógica Reforma Agraria de los años 60, en 1983 el MAC destino a la agricultura el 8,7% del presupuesto nacional mientras el año 1998 que concluye destinó el 1,3%. El abandono en el agro y en el sistema educativo han generado el analfabetismo en el 50% de la población rural.

1.2.6.- El Gobierno garantizará la dignidad humana, el bienestar general, la seguridad y la asistencia sociales como el derecho a la salud. En este Gobierno, por segunda vez en la historia de Venezuela, se paralizaron por completo los servicios de emergencia en la mayoría de los centros hospitalarios del país como medida de protesta de los profesionales de la salud ante la negativa del Gobierno a discutir mejoras en su contrato colectivo en una muestra de irresponsabilidad compartida y en perjuicio del ciudadano. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en manos de los políticos, quebró, fue eliminado y desaparecieron, impunemente, los fondos para las jubilaciones. El sistema de salud prácticamente no existe. El estado invierte en salud menos de 65 dólares por habitante, al año, lo que representa menos del 0,8% del P.I.B. pero, en compensación, a los partidos políticos el C.N.E. donó, en 1998 tan sólo, más de 14.922 millones de bolívares sin control alguno. La demagogia y su clientelismo en la Salud son tan grandes que el 80% de lo invertido en ella se gasta en salarios. Sólo el 17,9% de los empleados son profesionales y técnicos. La inversión en salud es inversamente proporcional al continuo aumento de los casos de dengue, cólera, encefalitis y fiebre amarilla. La tasa de mortandad infantil aumentó el 23,5 por mil. La incidencia de carcinomas del cuello uterino es cada vez mayor. La segunda y tercera causas de mortandad en las mujeres, entre 15 y 24 años, son los suicidios y los abortos en cuyos orígenes están la pobreza, la promiscuidad y la baja inversión en salud. No obstante, los políticos y las cúpulas sindicales sí tienen los recursos para enfrentar sus problemas de salud como lo prueba el hecho que los Ministerios subvencionen con miles de millones al año los sindicatos, sin control alguno del Estado. No sólo no se garantiza la dignidad humana sino que se atenta contra la misma. En la Comisaría de La Guaira un detenido dispone de 0,47 metros cuadrados para él; en la de Simón Rodriguez dispone de 0,70 M2; en la de Santa Mónica un detenido dispone de 0,74 M2; en la del Paraíso dispone de 0,79 M2 y en la Comisaría de El Valle dispone de 0,85 M2, por ejemplo. Amigo lector: trace una figura de un metro cuadrado e imagínese dos personas en el mismo, de día y de noche. Así es la situación en la Comisaría de La Guaira.

1.2.7.- El Gobierno garantizará la Justicia. Recordemos que la Justicia es la médula y columna vertebral del sistema democrático y su reflejo. Con una asignación cercana al 1% del presupuesto nacional el año 1977; al 0,78 del presupuesto nacional del año 1997 y al 1,11% del año 1998 a través del Consejo de la Judicatura, los políticos se han opuesto al desarrollo de la Justicia por temor a ser enjuiciados por la misma. La Corte Suprema intenta, en la actualidad, se invierta en el sistema judicial el 6% del presupuesto nacional. El sistema judicial está comprometido con los partidos, quienes nombran los magistrados de la Corte Suprema y de la Judicatura y es sensible al llamado clientelismo político, al compadrazgo y al dinero, principalmente. Está totalmente corrupto salvo rara excepción y campea la incapacidad intelectual en la mayoría de sus jueces, de los cuales más de la mitad son provisorios. Según la Judicatura el 24% de los jueces tiene problemas disciplinarios. En el Cuerpo Técnico Judicial la corrupción es la regla y la honestidad la excepción al punto que fue intervenido por el Ministerio de Justicia y cerca o más de mil funcionarios han sido destituidos. Cuando la llamada Justicia llega, en la mayoría de los casos, la sentencia es tardía y es como inexistente. ¿En qué quedaron el Sierra Nevada, Recadi, la Crisis Bancaria, el caso de los Jeeps de Lusinchi, Samana, los Tanques AMX30?, por mencionar algo. El Dr. Juan Martín Echeverría, ex Director de la P.T.J. y ex Ministro de Justicia, sostiene y avalamos aquí sus declaraciones: «La descomunal corrupción de la justicia, el efecto inaceptable de la impunidad y la desesperación de la población… La corrupción ha ido afectando en forma creciente la legitimidad de la justicia, provocando un sentimiento de rechazo y la necesidad de ir incorporando a los ciudadanos en la lucha contra el delito… … el consenso desviado y malsano lo que ha hecho es esconder desde el terrorismo judicial hasta la proliferación del crimen organizado, cuya extensión, dimensión y características inciden gravemente en la inseguridad personal y jurídica. La mayor parte de los mecanismos de control social han colapsado desde hace mucho tiempo… La impunidad estimula los delitos contra la cosa pública ya que de haberse tomado las debidas precauciones se hubiera prevenido una multitud de delitos…»

1.2.8.- El Gobierno garantizará los derechos individuales como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad personales no pudiendo ser incomunicado, torturado, extrañado ni objeto de reclutamiento forzoso. Ante la inexistencia de un sistema judicial efectivo e imparcial, más de 40 denuncias cursan en Tribunales Internacionales contra los Derechos Humanos. El propio Fiscal General de la República asiente que, en un país desordenado como Venezuela, es imposible se pueda respetar derecho alguno y sobrevivir en tranquilidad. (Cita textual). En la práctica forense se aprecia que las personas adineradas, por disponer de buenos abogados y recurrir a medios inconfesables, difícilmente son sentenciadas y remitidas a las cárceles. La averiguación terminada y la prescripción son las figuras más utilizadas. Se recordará el caso de los Jeeps y de Blanca Ibañez-Lusinchi, en el que la Corte Suprema declaró hubo delito pero que el mismo prescribió. Un 90% ó más de los sometidos a juicio pertenecen a la clase baja. En cuanto al derecho a la vida, todos los meses, sistemáticamente, mueren cientos de personas en todo el país fruto del hampa. Los periódicos no reflejan la auténtica realidad de las morgues venezolanas. Venezuela es uno de los países con mayor mortandad en sus cárceles. La mayoría de los abusos son llevados a cabo por las policías municipales y metropolitanas del país. La recluta militar a cargo de la policía civil ha utilizado tradicionalmente procedimientos abusivos y hasta indignantes, afectando principalmente a los jóvenes de clase baja, peatones, procedimientos que han ido suavizándose últimamente, en honor a la verdad.

1.2.9.- El Gobierno conservará y acrecentará el patrimonio moral y protegerá la familia velando por su situación económica y facilitará los medios para la adquisición de una vivienda cómoda e higiénica. Con la ausencia total de un sistema de salud, de un sistema de seguridad, con la pésima administración y el despilfarro de la cosa pública y la corrupción generalizadas e impunes en todo el país durante estos veinticinco años; con una inflación promedio del 60% anual mínimo, (en 1983 un dólar costaba Bs. 4,30 mientras en la actualidad ronda los Bs. 570,oo, sea más de 132 veces) han dañado la estructura moral, patrimonial, educativa y la salud de la familia cuya clase baja conforma el 80% aproximado del país. El PIB «per capita» anual es de $ 3.000,oo y el mensual de $ 250,oo, de los más bajos de América. Al haberse reducido el ingreso «per capita» y aumentado la cesta básica el salario mínimo no permite sino la adquisición del 26% de la cesta. 2.338.502 hogares con un promedio de cinco personas cada una, sea de un total de 11.692.510 personas tienen un ingreso inferior al precio de adquisición de la cesta básica. Hay una carencia de 2.128.000 viviendas. Al inicio del Gobierno de Perez Jimenez había 65.000 ranchos en Caracas. Al término del mismo e inicio de la Democracia, en 1958, había 8.000 ranchos. En la actualidad se estima existen en Caracas entre 1.500.000 y 2.000.000 ranchos. ¿Qué más ejemplo o prueba de gobierno demagógico, de incumplimiento de las garantías constitucionales, de involución y de atentado a la dignidad de los habitantes?

1.2.10.- El Gobierno asegurará a cada niño protección integral y en especial en su trabajo, protegiéndole del abandono, de la explotación y del abuso. La marginalidad creciente afecta principalmente a la niñez. La carencia de higiene en el «habitat», la ingestión de aguas contaminadas, la falta de canalización de las aguas residuales y la falta de prevención médica, aumentaron en un 20% entre los años 1993 y 1997 en la población menor de cinco años: la gastroenteritis o diarreas agudas, generadas por bacterias, virus y parásitos con la correspondiente mortandad, agravándose en la época de lluvias. El año 1996 se presentaron 705.603 casos de gastroenteritis, conocidos estadísticamente en los centros hospitalarios, según datos del Ministerio de Sanidad. El 21% de los niños menores de 15 años presenta déficit nutricional. Ciento veinte mil jóvenes quedan embarazadas cada año generando más pobreza, delincuencia, deserción estudiantil y muertes en la población infantil así como numerosas muertes originadas por abortos inducidos amén de enfermedades venéreas. La mayoría de estos niños terminan en las calles, sin hogar, mendigando, prostituyéndose o delinquiendo y a merced de la droga. La fecundidad en la adolescente venezolana supera la de los demás países suramericanos. Según la Asociación de Planificación Familiar el 38% de las mujeres venezolanas ha tenido un aborto o un parto siendo adolescentes y 2,5% resultaron embarazadas entre los 10 y los 14 años. El 30% de las muertes en la Maternidad Concepción Palacios es causado por abortos inducidos. El 30% de las jóvenes venezolanas se inicia en las relaciones sexuales entre los 12 y los 14 años. El primer parto del año 1999 en la Maternidad Concepción Palacios correspondió a una menor de catorce años con padre desconocido. Mientras, los políticos sí han podido quebrar el país, impunemente, con su corrupción y su mala administración pero el tema de la educación sexual es tabú, fruto de una falsa moral que atenta contra nuestra juventud y especialmente contra la de menores recursos. 560.000 niños entre 13 y 17 años trabajan 8 horas diarias lo que representa la desincorporación del 52% del sector educativo. 1.500.000 niños están fuera del sistema escolar. Se estima, y este dato es difícil sustentar, que 60.000 niñas practican la prostitución. La niñez abandonada, los «huelepegas» y la prostitución infantil eran fenómenos totalmente desconocidos en Venezuela.

1.2.11.- El gobierno garantizará la educación. El Ministerio de Educación cuesta dos billones de bolívares al año y tiene una nómina que supera las 320.000 personas. El Ministro de Educación, debido al conocido clientelismo político de los partidos, es el mayor jefe de nómina del país con un personal ineficiente en su mayoría, incapacitado e inhábil para transmitir conocimientos a un educando cada vez peor preparado para enfrentar las exigencias de un mercado de trabajo regido por la tecnología creciente. Para colmo, la deserción estudiantil, a nivel profesional, es del 80%. La quiebra económica del país plantea seriamente la abolición de la gratuidad en la enseñanza, al menos en la superior, exigiéndose en lo sucesivo el pago según la capacidad económica del alumno o de su familia. Adicionalmente, el analfabetismo, que en los años 60 se había atacado exitosamente, hoy, nos coloca detrás de Angola y de Mozambique. ¿Porqué las universidades no reportan sus gastos? ¿Porqué un estudiante de la Universidad Central cuesta diez veces más que uno de la Católica? ¿Porqué el Ministerio de Educación tiene más de 390 sindicatos? ¿Porqué el Ministerio de Educación tiene más de 320.000 empleados y la casi totalidad de su presupuesto se gasta en nómina?

1.2.12.- El Gobierno garantizará a los profesionales de la enseñanza estabilidad profesional y buen régimen de trabajo. Todo el período de Caldera ha sido un continuo proceso de reclamos y de huelgas de parte del magisterio y del profesorado por sus bajos sueldos. Muchos maestros y profesores, a su vez, tienen varios cargos simultáneamente y, en general, tienen un nivel docente o académico bajísimo en detrimento de la enseñanza que ha retrocedido en estos últimos quinquenios.

1.2.13.- El gobierno garantizará el trabajo. Los Gobiernos han estimulado la proliferación de los sindicatos y los han subvencionado; han aupado a la clase dirigente sindical, politizada, la cual se ha lucrado descaradamente a costa del trabajador y, de manera cómplice, ha quebrado el país y de paso el Banco de los Trabajadores y sus empresas allegadas. Leyes demagógicas como la Ley de Despido injustificado y su adaptación a la Ley Orgánica del Trabajo, lejos de estimular el trabajo, la disciplina, la superación en el trabajador han desacelerado la inversión y generado un excesivo enfrentamiento entre el capital y el trabajador que, por el contrario, deberían complementarse. Este año la productividad ha descendido un 6%. La falta de inversión en la economía formal, organizada y que tributa, ha desarrollado una economía informal que acoge cerca del 60% de la población. De cada diez empleos que se crean nueve son informales. El 81% de la fuerza laboral incorporada en el quinquenio 1990-1995 se dedica a la actividad informal. El desempleo afecta al 15% de la población sin tomar en cuenta el subempleo.

1.2.14.- El gobierno velará por la conservación de los recursos naturales. El Gobierno de Caldera cometió graves desaciertos en materia ambiental y de protección de los recursos naturales renovables. La Comisión del Ambiente del Senado recibió 680 denuncias en este período. Destacan el Decreto de Imataca que debe derogarse, las actividades extractivas como de minería y de petróleo recordándose los grandes derrames, las explotaciones carboníferas de la Sierra de Perijá, la derogación por el Presidente Caldera del Decreto que resguardaba la Laguna El Maguey de Puerto La Cruz, única laguna rellenada en el mundo entero. Al no haber modificado la Ley Penal de Ambiente, previamente a la derogación del Decreto que la protegía, el Presidente de la República devino, conscientemente por aviso personal de quien suscribe, en reo de delito contra el ambiente. La Laguna del Maguey se rellenó en más de una mitad, no obstante un extenso estudio realizado por el Colegio de Arquitectos de Venezuela advirtiendo a los Ministros de MINDUR y del MARNR así como al Presidente que su relleno constituiría un delito y que esta iniciativa buscaba unos votos en las elecciones municipales de 1995. El CAV fundamentó la improcedencia de este proyecto de relleno de la laguna para la construcción de viviendas de interés social y demostró el altísimo costo de urbanismo para cualquier tipo de construcción. La propia Fundación La Salle se adhirió a la tesis del CAV sosteniendo que la protección del ambiente no se opone a las necesidades habitacionales. Todos quienes aportaron sus ahorros, pertenecientes a la clase baja, fueron estafados descarada e impunemente y el Tribunal en el cual fue denunciado el caso, junto con otros delitos de Salvaguarda, en casi cuatro años, nada ha decidido al respecto.

1.2.15.- La Constitución ordena la reglamentación de los partidos políticos asegurando su carácter democrático. Los partidos han sido manejados por los llamados «cogollos» o cúpulas, a espaldas de sus bases que no podían disentir, emulando el sistema estalinista, tal cual lo han hecho los sindicatos, también manejados por los mismos cogollos de los partidos. Los partidos han ejercido el monopolio de la vida social y hasta de los entes más íntimos de esta como son las Asociaciones de Vecinos. No han tenido escrúpulo ni reparo. Durante estos últimos veinticinco años, amén de corruptos, han sido ineptos para resolver las demandas sociales y han actuado con una total y absoluta impunidad y cinismo. Los partidos centralizaron totalmente su poder ignorando incluso a sus partidarios de provincia. Siguiendo las enseñanzas del hitleriano Josef Goebels, de repetir una mentira hasta que termina imponiéndose cual verdad, han hecho creer, hasta a las mentes más pensantes de este país, que esta dictadura de partido con mezcla de demagogia que nos impusieron en los últimos 25 años, era una democracia. Por eso, a quienes nos opusiéramos a su sistema y a su poder omnímodo, con sus cómplices del sector privado, se nos advertía, descarada y cínicamente, no debíamos oponernos a la democracia a la que habíamos de preservar con su cacareada y mal interpretada libertad de expresión. A raíz del 6 de diciembre de 1998, Venezuela vió con desprecio, el derrumbamiento de los dos partidos que han castrado este país y lo han desolado acabando con todas sus riquezas. El régimen denominado de «cogollo» impuso en uno de los partidos una candidata externa, y, una vez seducida esta, cuando no les sirvió más a sus intereses, se desprendieron de ella, descaradamente. Y, en el otro, un «caudillo», sin haber concluido sus estudios de primaria, según dicen, impuso su autoridad absoluta en el partido, cuyos miembros se preocuparon más por conservar su hegemonía de décadas en todas las esferas políticas del país y, por ende, sus fantásticas fuentes de ingreso. Finalmente el «caudillo», tras ser destituido y desmembrado del partido, pretendió quedarse hasta con el logotipo y los colores de su partido, supuestamente porque le pertenecían. ¿Cómo se explica que un país quebrado, incapaz de cumplir con sus pasivos laborales ni con las necesidades hospitalarias más elementales, haya entregado el año 1998 a los principales partidos, a través del Consejo Nacional Electoral, más de 14.922 millones de bolívares? Los dos principales partidos, AD y COPEI, recibieron, cada uno, respectivamente, Bs. 3.666 y 3.552 millones de bolívares, y ambos, socios y causantes del desastre, obtuvieron el 6 de diciembre, el 7,50% y el 1,70%, respectivamente, de los votos con los cuales favorecieron al candidato Salas.

1.2.16.- La Constitución garantiza un Poder público y una función pública pulcros y al servicio de la nación. La distinción de Venezuela como octavo país más corrupto del mundo y la calificación de su gobierno como el más ineficiente de América, demuestran el incumplimiento de esta garantía constitucional.

1.2.17.- El Congreso legislará y ejercerá funciones de Control. El Congreso, con 207 diputados y 54 senadores, tuvo un Presupuesto de 52.688 millones de bolívares el año 1998. Cada uno representó una erogación de 201 millones. ¿Qué hicieron? ¿Qué legislaron el año 1998? Muy pocas leyes salvo la digna mención del Código Orgánico Procesal y de la Ley de Arbitraje, a principios de año. El resto del año, prácticamente no hicieron nada, siendo, por lo demás, innecesaria la mayoría de los 261 congresantes. Menos cantidad y más calidad. Siendo la función principal del Congreso crear leyes, en más de una oportunidad y concretamente este año, ha cedido esta facultad al Ejecutivo, con las llamadas Leyes Habilitantes, violando una de las principales características del sistema democrático como es el de la Separación de los Poderes. Las discusiones políticas e intrascendentales, con su retórica demagógica, ocupan la mayor parte de su tiempo y se niegan a actualizar el Código de comercio que data del año 1911, el Código civil del año 1942; mantienen vigentes Decretos Leyes del año 1947 como es el Decreto de Desalojo de Vivienda que tanto afecta al régimen de inquilinato, por mencionar algunas Leyes. Una de las funciones más importantes del Congreso es el control de los órganos del estado y del destino de los dineros públicos. El actual Presidente del Congreso Nacional, el Senador Pedro Pablo Aguilar de COPEI, sucesor en la Presidencia del Congreso Nacional del senador Fernández Daló, del MAS, declaró: !El Congreso es inauditable¡ Miles de millones de bolívares no encuentran explicación y el presupuesto del Congreso, obviamente, resultó deficitario. ¿Sabe alguien haya sido enjuiciado el Presidente saliente? Distintos colores les separan pero una misma y descarada complicidad les une.

1.2.18.- El Presidente hará cumplir la Constitución. Tras la enunciación de numerosos hechos que demuestran la flagrante violación de las garantías constitucionales más elementales, huelgan comentarios acerca de la incapacidad de los Presidentes venezolanos, desde el año 1974 hasta 1998, para hacerlas cumplir. Cuando no han sido los autores intelectuales o materiales, los beneficiarios directos de la mala administración y de la corrupción, han sido cómplices y, en el mejor de los casos, han sido encubridores de todos los delitos cometidos contra la cosa pública y contra la dignidad del venezolano. Todos han sido responsables en mayor o menor grado, directa o indirectamente, por acción u omisión, por su gravísima incapacidad, por su negligencia grave que en derecho se equipara al dolo.

1.2.19.- CONCLUSIÓN:

Entendemos que, por más que una Constitución garantice a su pueblo una serie de Derechos, si el Gobierno no cuenta con los medios económicos suficientes, no podrá satisfacerlos o, al menos, no lo podrá en un corto tiempo. Pero, afortunadamente, éste no es el caso y Venezuela es uno de los pocos países privilegiados económicamente del mundo, gracias a su renta petrolera principalmente, por lo que la carencia de dinero no ha sido el impedimento para que se cumplan sus garantías constitucionales como tampoco ningún fenómeno de la naturaleza ni ninguna plaga que haya diezmado su población. Nada que no sean la inmoralidad y el desamor a la Patria. En Venezuela han ingresado, entre 1974 y 1998, desde el primer período de Carlos Andrés Perez hasta el segundo de Caldera, más de 250.000 millones de dólares fuera de lo ingresado a Petróleos de Venezuela. Para destacar aún más la desidia, el desamor al país de sus dirigentes, destaquemos, solamente, que Venezuela, con una posición geopolítica inmejorable y cerca de 22 millones de habitantes es el país mejor dotado después de Rusia en diversidad de recursos naturales renovables y no renovables con cerca de 350 mil millones de barriles de petróleo, siendo el quinto en reservas probadas en gas natural con capacidad para producir más de veinte millones de toneladas de carbón en un quinquenio y siendo el cuarto en producción hidroeléctrica. Venezuela cuenta prácticamente con toda clase de minerales, hecho inaudito, y en algunos se perfila con las mayores reservas del mundo debiendo destacarse el hierro, de inmejorable calidad, con 1.960 millones de toneladas y el oro con más de 10.000 toneladas. Además de estos recursos cuenta con una de las más vastas extensiones forestales de América, explotables comercialmente, sin tomar en cuenta los derechos sobre el mar territorial y la Zona Contígua que abarcan la mayor parte de la Cuenca del Caribe. El desperdicio de los recursos y de los fabulosos ingresos habidos durante estos últimos cinco quinquenios, la pérdida de la oportunidad, el no haber gerenciado el país hasta llevarlo a ser la Suiza de América, continuando, guste o no la mención de la labor de Marcos Perez Jimenez y retomando, honestamente, el proceso democrático emprendido en Venezuela por Isaías Medina, hace a los dirigentes adecos y copeyanos reos del delito de traición a la Patria debiendo castigárseles, tras debido proceso, por atentar contra la debida fidelidad nacional; por haber inobservado y hasta derogado tácitamente la Constitución; por haber empobrecido al pueblo, por atentar contra la cosa pública en beneficio de ellos y de sus cómplices. Y desde otro punto de vista, recordemos que no es la primera vez que los adecos atentan contra la democracia. Ya lo hicieron el 18 de octubre de 1945 tumbando el gobierno más demócrata del siglo o de la historia… Lamentablemente no habrá tal juicio como sí lo hubieran hecho en países con vocación y práctica democráticas como en Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Suecia o Estados Unidos, por nombrar algunos. Ojalá en el Gobierno de Chávez, sin tribunales populares y a través de unos Tribunales con competencia exclusiva en Salvaguarda, con fiscales del Ministerio Público e Inspectores especiales del Consejo de la Judicatura, ambos con competencia igualmente exclusiva en Salvaguarda, se intentaren juicios: por un lado, «vía notitia criminis» y, por otro, a resultas de la confrontación sistemática de la Declaración de Bienes con los signos de riqueza de toda persona que sea o haya sido funcionario público durante los últimos diez años, al menos, comenzando desde los Presidentes pasando por los ministros, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales, a título enunciativo y alcanzando los demás funcionarios públicos de la administración centralizada y descentralizada. Todos tendrían su debido proceso. Serían citados y podrían ejercer todas sus defensas. A pesar de la próxima entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal debería implementarse un sistema efectivo y educativo, de paso, para castigar la corrupción que ha hecho metástasis en la República. Sin duda y de buenas a primeras se generaría un «hampoducto de cuello blanco» a Miami, superior al de los banqueros.

Es posible que alguna de las tantas violaciones ocurridas continuamente en nuestro país durante estos últimos 25 años ocurra en algún país demócrata. Nada ni nadie somos perfectos. Pero nunca podrían darse todas a la vez como ocurre en nuestro país y pretender seguimos viviendo en democracia.

Fijados el concepto Universal de Democracia y las garantías fundamentales consagradas en nuestra Constitución y comparadas estas con la triste realidad del país en estos últimos veinticinco años, ya Ud., amigo lector, concluyó objetivamente en que el sistema de Gobierno de Venezuela hace tiempo que dejó ser democrático.

Nuestro país ha conocido durante estos veinticinco años, agravado en el último quinquenio, la peor crisis moral, constitucional, económica, social, jurídica y política de toda su historia. Ningún fenómeno natural le llevó a esta crisis que no sea la incapacidad administrativa y la corrupción fruto del desamor a la Patria y del egoísmo de sus dirigentes: adecos, copeyanos y masistas, -éstos últimos más recientemente-, con sus cómplices del sector privado y sus encubridores dentro de los partidos, dentro del Gobierno y del Poder Judicial, no pudiendo eximirse de responsabilidad al pueblo por ajeno a la crisis y por su apatía, por su excesivo e injustificado pacifismo.

El análisis que antecede se alimenta de datos públicos y de hechos notorios que, como los define la ley procesal, no requieren de prueba. Y si alguna duda quedare al respecto, esta quedó aclarada con la votación cuasi unánime del 6 de diciembre en contra de este sistema corrupto e incapaz.

Así pues, quedó sobradamente demostrado aquí, con este análisis honesto y por demás objetivo, que quienes se han expresado, con la mejor buena intención, sin duda, «había que preservar la democracia», estaban totalmente equivocados, pues lo que vivimos desde 1974 dejó de ser democracia. Lo que procede decir y reclamar es que debemos restituir la democracia, cosa totalmente distinta. Basta, por lo tanto, de seguir repitiendo, cual loros, lo que adecos y copeyanos, por tantos años han sostenido cínicamente y nos han hecho creer. No sigamos, involuntariamente, haciéndoles su juego.

2.- CAPÍTULO II

¿Cuál es el tipo de Gobierno que hemos tenido durante estos últimos veinticinco años?

2.1.- Los tipos de Gobierno:

Para contestar esta pregunta requerimos previamente hacer un breve bosquejo de las principales formas de Gobierno que se conocen.

Si bien es cierto que en la Teoría del Estado Moderno no se profundiza en el estudio de las antiguas formas de Gobierno, pues cada estado tiene sus características propias y se distingue más un gobierno de otro por el mayor o menor grado de democracia o de autocracia, para dar una respuesta algo más precisa y poder calificar el sistema de gobierno de los últimos veinticinco años, mencionaremos los principales sistemas políticos o tipos de gobierno conocidos para así saber a cuál de ellos se asemeja más el que ha regido desde el 2 de febrero de 1974 hasta el 1 de febrero de 1999, pues de lo que será no podemos adelantar nada sino desear sea restituida la verdadera democracia. Son muchas las clasificaciones existentes pero escogeremos la de Polibio -estudioso del Derecho Público en la antigua Grecia- quien distinguía en formas puras de Gobierno, sean aquellas en las que había un respeto por los «derechos humanos de la época» -muy distintos a los de hoy, pues hasta concebían la esclavitud como una institución necesaria…- y en formas impuras o malas, si se quiere, sean aquellas formas de Gobierno en las que los derechos considerados inalienables o esenciales al hombre eran desconocidos. En las llamadas formas «puras» o buenas Polibio distinguía en: 1) la Monarquía o el Gobierno por un solo sujeto, sea el Rey gobernando en beneficio del pueblo; 2) la Aristocracia o el Gobierno de un grupo de ricos cortesanos, en la antigüedad, gobernando en beneficio del pueblo y 3) la Democracia o el Gobierno del pueblo y para el pueblo libre, el soberano cuyo primer exponente fue el Ateniense, el más perfecto y también el más exigente, según la historia. Polibio concluyó en que estas formas puras de Gobierno o en beneficio de la comunidad, con el tiempo se corrompían y degeneraba cada una en una forma «impura» o mala. Así, la Monarquía degeneraba y se convirtía en Tiranía, sea el gobierno del dictador en beneficio propio; la Aristocracia en Oligarquía, sea el gobierno de unos cuantos en beneficio propio y la Democracia degeneraba en Demagogia, sea en el gobierno en beneficio único y exclusivo de los pobres, violando el principio de la igualdad, y esta, ante su falta de equidad e inviabilidad, finalmente degeneraba en anarquía, un sistema en el que cada quien hace lo que quiere por la falta de autoridad, hasta que alguien reaccionaba y tomaba el poder restituyendo la Monarquía, generándose, de esta forma, un ciclo continuo que se conoce como el ciclo de Polibio. Al referirme al ciclo Polibiano no sugiero, de manera alguna, se esté cumpliendo en Venezuela el mismo, cada 40 años. Una cosa es causalidad y otra casualidad, como bien lo señala mi amigo Luís Castro Leiva.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente que lo que identifica una Institución no es cómo se le llame sino el fín que persigue o la función que cumple.

En otras palabras, el que adecos y copeyanos nos hayan enseñado a repetir, una y tantas veces, cual Josef Goebel en la Alemania de Hitler, la gran mentira que el Gobierno de estos últimos veinticinco años es democrático, lamentablemente ello no basta y no obstante el nombre que se le dé no le hace democrático. Un sistema es democrático cuando en el mismo se cumple con las garantías fundamentales de su Constitución concebida y basada en el concepto universal de Democracia como es el caso de la nuestra y cuenta con la aprobación o legitimidad que le imprime el soberano, el pueblo.

Ya Platón sostenía que había tantas formas de Gobierno como caracteres múltiples hay en el hombre. Esto nos lleva a sostener que las cosas no son tan sencillas, que las clasificaciones que hacían los griegos no comprenden todas las formas que se pueden dar, al menos en la actualidad, y que así como no hay dos seres idénticos, filosófica ni materialmente, es imposible hallar dos formas de Gobierno idénticas aunque sí parecidas o similares entre sí.

2.2.- Características de los gobiernos de los últimos veinticinco años.

2.2.1.- El Pacto de Punto Fijo y sus ideales.

Hace cuarenta años fue firmado el Pacto de Punto Fijo, así llamado por haberse celebrado en la que fuera la casa del Dr. Rafael Caldera, en virtud del cual las partes se comprometieron en la puesta en marcha de una democracia representativa y participativa, basada en un sistema de justicia social tendente al desarrollo de una clase media mayoritaria, con un sano y eficiente manejo de la cosa pública y un sólido y autónomo Poder Judicial. Sus firmantes: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios por A.D.; Jóvito Villalba, Ignacio Arcaya y Manuel Lopez Rivas por U.R.D.; Caldera, Del Corral y Lorenzo Fernández por COPEI ya no viven, en su mayoría, y dichos ideales de democracia se fueron tristemente con ellos. Quien vive, Caldera, hace mucho se olvidó de los mismos.

Desde 1958, durante los tres primeros Gobiernos de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni y de Rafael Caldera, puede sostenerse objetivamente que los ideales del Pacto de Punto Fijo, aunque no se materializaron no dejaron de ser un propósito sincero. La mayoría de los firmantes vivían y fueron una garantía de la correcta observación de estos. Pero en la medida en que sus firmantes morían o perdían el control del partido, AD y COPEI fueron penetrados en sus cúpulas por una pléyade de jóvenes inescrupulosos, ajenos a la mística, a la filosofía y a los postulados de sus respectivos partidos, carentes del menor altruismo, espíritu de servicio y de amor a la patria, buscando tan sólo su propio provecho a espaldas del pueblo, en detrimento de la cosa pública y con una impune y pésima administración caracterizada por la constante improvisación.

2.2.2.- Así como legítimamente los comerciantes se solidarizan y unen capital y trabajo a través de las compañías anónimas para generar ganancias y lograr lo que individualmente no podrían hacer, estos nuevos políticos: adecos, copeyanos y sus socios oportunistas del MAS y de CONVERGENCIA se asociaron. Su acta constitutiva fue el espíritu degenerado del Pacto de Punto Fijo y posteriormente de la Ancha Base, y el capital social de esta empresa la fantástica renta petrolera. Esta nueva generación de políticos inescrupulosos son quienes han dirigido el país durante los últimos veinticinco años a través de los llamados «cogollos» o cúpulas de los partidos, apoyándose solidariamente, con distintos colores pero idénticos propósitos y medios, turnándose en el poder para simular alternatividad democrática. Han buscado y logrado a través de la organización y del poder absoluto de sus partidos sobre el país, imponer un sistema de gobierno en cuyas instituciones y dirigentes el pueblo perdió su fe, y lograron satisfacer sus necesidades personales de dinero y de poder, que individualmente no hubieran podido obtener, sembrando la corrupción, malgastando los recursos del estado, empobreciéndonos y endeudando el país, sumergiéndolo impunemente en la más profunda crisis moral, económica y social de su historia, hasta que el 6 de diciembre de 1998, un pueblo pacífico, cansado de ser atropellado, demostró de manera casi unánime, con el voto del 89,94% de los electores, que sí ama la auténtica democracia. El pueblo condenó este sistema político, mixtura de oligarquía, al ser ejercido el gobierno por los «cogollos» o cúpulas de los partidos AD, COPEI, MAS y CONVERGENCIA, impuestos sobre las bases correligionarias de los mismos, y mixtura de demagogia, al ser ejercido un gobierno populista y dadivoso, con un millón y medio de empleados públicos para una población de 22 millones de habitantes, comprometido con su clientela política como prueba la quiebra de las empresas estatales, con su vergonzosa y contraproducente Ley contra Despidos injustificados y un gobierno entregado a los sindicatos en un alarde de populismo y de aparente democracia, de pseudo libertad de expresión pero sin eco, a través de la continua y desvergonzada promesa que engañó al pueblo, cada vez más pobre. !Triste realidad¡

2.2.3.- El respeto o apego a las formas democráticas no implica acatamiento ni respeto a las normas democráticas, a las garantías constitucionales. Una cosa es la apariencia o la forma y otra la realidad democrática, el fondo o esencia. La periodicidad en el sufragio es parte de la forma pero el fraude en el sufragio atenta contra la esencia democrática. Una cosa es que cada quien diga lo que le venga en gana y otra sea oído. Como tampoco hay libertad de expresión cuando se tocan determinados personajes y se es amedrentado, perseguido o controlado. En una oportunidad en que Uslar Pietri hizo unas declaraciones mas fuertes que de costumbre no tardó en visitarle el Seniat, hecho que fue público. Esto es lo que se llama desviación de Poder en Derecho Administrativo.

Intentando pues subsumir las características fundamentales arriba descritas del sistema de Gobierno impuesto durante estos últimos veinticinco años, con las características correspondientes a una auténtica Democracia, hemos de convenir en la absoluta imposibilidad de tal subsunción, pues es como intentar meter veinte dedos en un guante normalmente concebido para cinco dedos. En otras palabras, tal y como dijimos, aquí no hubo democracia durante estos veinticinco últimos años.

2.3.- Definición de los gobiernos de los últimos veinticinco años.

Pero si intentamos subsumir o comparar las características del Gobierno realizado por las cúpulas de AD, de COPEI y del MAS, con las características de un Gobierno Oligarca, sea el gobierno de unos pocos en beneficio propio y en detrimento del pueblo y, simultáneamente, con las características de un Gobierno Demagogo, entonces podemos concluir con que el gobierno que ha imperado en estos últimos veinticinco años, no sólo no es demócrata sino que es una mezcla de oligarquía de partido con demagogia.

Y ello explica porqué no es correcto pretender la defensa de un gobierno demócrata, inexistente desde el año 1974, y que lo correcto es aspirar a la recuperación y reinstauración del mismo. Si se logra o no su reinstauración es algo por verse y en lo cual todos hemos de colaborar, sin esperar a qué es lo que el país puede hacer por nosotros sino a la inversa. La democracia ha sido un verdadero mito, una fantasía, una dolorosa mentira, en los últimos veinticinco años. Tras el anterior análisis, no cabe la menor duda.

Esta y no otra es la triste realidad, guste o no, de la cual se ha percatado el pueblo venezolano, finalmente, manifestándose ejemplar, pacífica, masiva y decisivamente por medio del sufragio. El pueblo sí es demócrata no así lo han sido sus dirigentes, hoy desdeñados y haciéndose falsos actos de constricción en un nuevo intento por engañar. Pido a Dios no sea defraudado nuevamente este pueblo de Bolívar.

3.- CAPÍTULO III

¿Fue legítimo el golpe del 4 de febrero de 1992?

En el capítulo I demostramos, fuera de la menor duda, la inexistencia de un gobierno democrático en Venezuela, durante los últimos veinticinco años.

En el capítulo II demostramos que el sistema de gobierno que ha imperado en el citado período ha sido una mezcla de oligarquía, sea de dictadura de los «cogollos de los partidos», de AD y de COPEI fundamentalmente, en beneficio propio y en detrimento del pueblo, y mezcla de gobierno demagógico al recurrir a dádivas y promesas incumplidas con la ausencia de un sistema judicial efectivo que garantizase el respeto a los derechos individuales y sociales más elementales, cuya mezcla de oligarquía y de demagogia fue maquillada descarada y continuamente, con gran éxito, con el semblante de una falsa democracia: un maquillaje que ha producido a adecos y copeyanos pingües ganancias y poder durante muchos años hasta lograr el reconocimiento del resto de los países suramericanos como el del sistema democrático más antiguo entre los mismos.

Ya dijimos que los pueblos pueden equivocarse, como sostiene Uslar Pietri. Pero no es cierto que éstos se equivocan toda la vida. Algo o alguien surge, tarde o temprano, que los saca de su letargo o de su equivocación. A veces el despertar es violento al percatarse del largo engaño y de la gran frustración no importando la elección sino el esperado castigo. Afortunadamente, fue pacífica la jornada del 6 de diciembre… Confiamos en que la elección haya sido la correcta y ayudémosle para que así sea. ¿Porqué no?

Para contestar la pregunta de si fue legítimo el golpe del 4 de febrero de 1992 debemos analizar tres aspectos fundamentalmente, a saber: 1) La crisis constitucional desde el año 1974; 2) Cuál es la conducta que ordena la Constitución cuando la misma es inobservada o derogada fácticamente y 3) Cuáles los hechos que vienen a legitimar el Golpe.

3.1.- La crisis constitucional durante estos veinticinco años.

En el capítulo I ya describimos, sobradamente, la crisis constitucional, la inobservancia, el incumplimiento, la burla descarada y, finalmente, la derogación tácita de las garantías constitucionales a raíz del año 1974, comienzo de la degeneración moral, política, jurídica y económica de nuestro país. Este cuadro ha debido conmover y motivar a Chávez, Arias Cárdenas y a otros jóvenes oficiales, defraudados por el irrespeto a una Constitución que juraron cumplir y por la burla a la Patria que juraron defender y comenzaron a gestar el año 1982 su golpe militar.

Algún historiador o estudioso del tema, con más acceso al Presidente electo y a sus ex compañeros de armas que quien suscribe, pudiera determinar cuáles hechos concretamente y en qué momento motivaron a estos jóvenes oficiales a gestar el golpe. Pero ello escapa a nuestro análisis.

3.2.- El art. 250 de la Constitución.

Reza así: «Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.»

3.3.- Formas de inobservancia o de derogación de la Constitución:

3.3.1.- La Constitución puede ser inobservada al no ser acatada. Sucede así con la mayoría de las leyes que ordenan una determinada conducta y que son ignoradas por sus destinatarios. Así ocurrió con todas las garantías constitucionales señaladas en el capítulo I que fueron ignoradas, y aún peor, la mayoría de ellas fueron no sólo ignoradas sino que se generaron prácticas contrarias a las mismas derogándolas tácitamente.

3.3.2.- La Constitución puede ser derogada de distintas formas:

Expresa y constitucionalmente, conforme a los mecanismos establecidos por la misma de acuerdo a los artículos 245 y siguientes, siendo derogable por vía de enmienda o de reforma según su alcance; por la sustitución de un artículo por otro; por el agregado de un artículo o por la eliminación de uno o de varios artículos del texto constitucional. En ninguno de estos supuestos hay rotura del hilo constitucional y, jurídicamente hablando, la situación es perfecta. En teoría, el Poder legislativo, órgano representativo del pueblo soberano, modifica un artículo por vía de enmienda o reforma una parte de la Carta Magna. Nuestra Constitución actual no contempla su sustitución total ni la convocatoria de una Asamblea Constituyente que genere una nueva Constitución. Para ello es menester una pequeña enmienda del mismo. También es cierto que si el Soberano llegare a aprobar una nueva Constitución, no obstante la ruptura del hilo constitucional, la nueva Constitución sería legítima.

Expresa e inconstitucionalmente. Desacatando las normas establecidas en la propia Constitución que se sustituye, es creada una nueva Constitución, sea un nuevo texto escrito, sin duda publicado en la Gaceta Oficial. La legitimidad de la nueva Constitución dependerá, como dijimos, de la exclusiva voluntad del Soberano.

Tácita y, por ende, inconstitucionalmente. Sin llevar a cabo ninguno de los procedimientos de enmienda ni de reforma establecidos en la Constitución ni creando una nueva constitución escrita, aprobada con la manifestación expresa del Soberano, uno o varios artículos de la misma dejan de ser acatados, observados y aplicados contraviniéndolos, es decir con conductas contrarias a las establecidas en la constitución.

Este último es el caso que nos interesa pues nuestro sistema de gobierno deja de ser demócrata cuando en 1974 se comienza a inobservar y a vulnerar sus normas constitucionales fundamentales, descritas en el Capítulo 1, y cuando nuestra Constitución, consagratoria de un sistema de gobierno Demócrata, es derogada tácitamente y sustituida por una práctica o costumbre de gobierno Oligarca de Partido con mezcla de Demagogo. Los términos inobservar y derogar deben interpretarse en la forma más amplia pues el bien jurídico tutelado o protegido por el citado artículo 250 de la Constitución no es otro que la llamada Carta Magna. Nuestra Constitución dejó de ser observada y fue derogada y sustituida tácitamente por la llamada «inveterata consuetudo contra legem» o costumbre contraria a la Ley, en este caso, nada menos que la propia Constitución. Este sistema de Gobierno que deja de observar la constitución y la deroga tácitamente no puede ser constitucional ni por ende legítimo pues obviamente no es fruto de una reforma conforme a los procedimientos pautados ni menos aprobado por el Soberano, conditio sine qua non, porque la costumbre no puede derogar la norma escrita si intentamos mantenernos dentro del denominado sistema del Derecho Positivo.

3.4.- Quién es el Teniente Coronel (r) Hugo Chávez Frías:

Quien suscribe, poco sabe de los antecedentes del Coronel Chávez, que no sea por lo que de él dicen los medios de comunicación, sea lo relativo a su origen de hijo de una familia venezolana sencilla, de provincia, de un hogar estable y formal en el cual ha debido recibir una sólida enseñanza moral, familiar, y, por sus continuas citas, una enseñanza religiosa inclusive, siendo sus padres, educadores y quienes han debido inculcarle profundos valores como son el amor a la patria, la solidaridad humana, el estudio, la disciplina y el trabajo.

Sin duda, Chávez Frías, Arias Cárdenas -un militar de gran sensibilidad humana quien fue seminarista- y sus compañeros de armas debieron desarrollar aún más estos valores y hacerlos suyos durante su larga carrera militar quedando comprometidos con los mismos. Estos ideales bolivarianos son: el amor a la Patria, el respeto a la Constitución que juran acatar y por ende el respeto a los derechos individuales y sociales del pueblo– cuyas crisis sienten muy de cerca pues provienen de familias sencillas con las cuales guardan vínculos estrechos durante sus carreras militares-, son valores inculcados durante muchos años de estudio en las aulas militares y que normaron, sin duda, las vidas de estos jóvenes militares quienes, con su grado de Teniente Coronel, no pudieron ser expuestos aún a la adulación de los políticos ni de los civiles como tampoco ser invitados consuetudinarios a los ágapes de las embajadas, manteniéndose firmes y consecuentes con sus principios.

Sostiene Chávez, actual Presidente electo con el voto del 56,45% de los electores, en una votación masiva sin antecedente en 50 años, que el golpe del 4 de febrero de 1992 comenzó a madurarlo diez años antes, sea desde 1982. Nosotros demostramos que la ruptura del sistema democrático se inició el año 1974 con el ascenso al poder de Carlos Andrés Perez, cuando el barril de petróleo llega a cotizarse en $ 38,00, cuando crece la megalomanía de este, comienza a arreciar la corrupción bastando recordar el caso Sierra Nevada y la desaparición de su expediente en la Comisión de Enriquecimiento Ilícito, y así sucesivamente se da la degeneración irreversible de la Democracia, siendo sustituida hábilmente por la dictadura de los «cogollos» de los partidos, la oligarquía política, combinada con una descarada demagogia.

Inobservada primero y luego derogada tácitamente la Constitución, sustituida nuestra Democracia por una mezcla de oligarquía con demagogia, Chávez y Arias deben honrar su juramento militar de acatamiento a la Constitución y asumen la tarea de restablecerla. El artículo 250 de la Constitución es muy claro y por ende no requiere de interpretación: «Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.»

3.5.- Los hechos que vienen a legitimar el golpe del 4 de febrero de 1992.

Hablar de legitimación del golpe del 4 de febrero de 1992 es igualmente hacerlo respecto del que se dará más tarde, el 27 de noviembre de 1992, pues los motivos son comunes a ambos.

No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. Y los acontecimientos que señalaremos a continuación así lo probarán.

3.5.1.- El primer plebiscito o antecedente legitimador: «El Sacudón»

El primer plebiscito o manifestación popular y espontanea, a nivel nacional, respecto del descontento del país con su dirigencia, con los gobiernos que actúan de espaldas al pueblo, es el alzamiento popular del 27 de febrero de 1989 conocido como el Sacudón con el cual el Pueblo dijo NO al régimen oligarcodemagógico.. Esta violenta manifestación se caracterizó por el carácter civil de la misma en el sentido que no hubo participación militar a favor sino para contrarrestarla. Se estima hubo aproximadamente 350 muertos, según cifras oficiales. El pacifismo del pueblo no pudo soportar la presión a la que había sido sometido y estalló espontáneamente. Si el Teniente Coronel Chávez tuvo alguna duda respecto del sentir del pueblo y de la necesidad de continuar gestando un golpe a favor del mismo, recibió por medio de este doloroso escenario, al cual nuestro pacífico pueblo no está acostumbrado, la aprobación de sus propósitos y el estímulo para seguir adelante.

3.5.2.- El golpe del 4 de febrero de 1992.

Chávez y Arias, el primero en Caracas y el segundo en el Zulia, fundamentalmente, conscientes de jugarse sus carreras militares y hasta sus propios destinos, tutelan el Golpe militar del 4 de febrero de 1992 realizado por los cuadros medios: tenientes, capitanes, mayores y comandantes. No analizaré las razones que impidieron el éxito de este Golpe ni el del 27 de noviembre de 1992, pues no soy erudito en estrategia militar ni es el propósito de este análisis abarcarlo. Baste recordar de los mismos que no hubo participación alguna del sector civil o pueblo. Lo cierto y a recordar es que ni un solo venezolano salió a la calle a echar un tiro a favor de los golpes y mucho menos en contra de los mismos. Pero, salvando el lógico temor a la violencia, a las balas perdidas y a un futuro incierto, hubo una gran y generalizada satisfacción en el país por su intento. Murieron soldados, de lado y lado. Doloroso, pues siendo hermanos de armas, actuaban de acuerdo a sus respectivas concepciones y órdenes. Más no murió ningún civil que no fuera por una bala perdida. Ningún civil empuñó un arma contra los insurrectos. Los golpes fueron enfrentados por los mismos que detenían el poder que se quería sustituir. No fue el pueblo quien se enfrentó al golpe para defender el sistema. El pueblo, pacífico, fue su testigo. A raíz del golpe, Chávez es encarcelado con sus seguidores.

3.5.3.- El discurso de Caldera, el lanzamiento de Isturiz y la muerte política de Morales Bello. La legitimación de los motivos del golpe del 4 de febrero de 1992.

El 5 de febrero de 1992 se reúne el Congreso y tras la célebre condena de Morales Bello, típica de turba callejera, cuando grita: !Mueran los golpistas¡, Caldera, en un discurso histórico y de antología, hecho igualmente innegable, «Al Cesar lo que es del Cesar…», si bien no apoya en sí el golpe militar de Chávez y de Arias por haber recurrido a la fuerza, sí apoya los motivos que llevaron a estos a darlo, legitimándolos. Una tímida voz, la de Isturiz, hará suyas las palabras de Caldera avalando los motivos del golpe, dándole un espaldarazo. Caldera, consciente de las múltiples y graves razones que asisten a Chávez y a Arias para dar el golpe, un político comprometido con la norma a la cual apelará, -sin duda, conforme a su conveniencia política-, impuso su severo y respetado criterio y, a raíz de este discurso, se proyecta nuevamente hacia Miraflores, cuyo camino viene andando con su demagógica Ley Orgánica del Trabajo. Isturiz será futuro Alcalde de Caracas y aquí fue el sepelio político de Morales Bello quien, en vísperas de las elecciones del 6 de diciembre de 1998, al informar de la defenestración de su «caudillo» Alfaro, dijo ante la televisión: «Aquí habemos unos cuantos…»

¡Quién y con qué autoridad, Morales Bello, un adeco, gritando: !Muerte a los golpistas¡ cuando los adecos tumbaron el 18 de octubre de 1945 el Gobierno de Isaías Medina, el Gobierno más democrático de este siglo veinte, tras la dictadura de Gomez y el gobierno de transición de Lopez Contreras? Medina, previa reforma de la Constitución, legalizó Acción Democrática, el sistema de partidos y hasta el partido Comunista (UPV); reformó el sistema de sufragio democratizando el voto; creó la Ley del Banco Central de Venezuela, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Hidrocarburos y reformó el Código civil, actualmente vigente. Organizó el Seguro Social Obligatorio, que la mal llamada democracia adeco-copeyana quebró. Durante el gobierno de Medina, no hubo un solo preso político ni nadie hubo de salir al exilio. Su honorable Ministro del Interior fue Juan Serafín Penzini.

Es posible, en honor a la verdad, que entre los golpistas adecos del 45 no estuviera Morales Bello, poco gallardo en esas lides según sus propios compañeros de partido.

3.5.4.- El segundo plebiscito legitimador del golpe: «El Cacerolazo».

Pocos días después del 4 de febrero de 1992, el 10 de febrero, el pueblo, unido, sensibilizado por el golpe de Chávez-Arias, hecho igualmente histórico e innegable, se manifiesta ruidosa y largamente, a nivel nacional y en todos los estamentos sociales en mayor o menor grado pero sin excepción, golpeando fuertemente las cacerolas en las ventanas de sus casas, para que fuera oído por los políticos gobernantes, adecos y copeyanos y diciendo SI a los motivos que asistían al Golpe reciente. Pero los políticos, en su megalomanía cuando no indiferencia, no oyen el pacífico y hogareño clamor. Seguirán de espaldas al Pueblo, el Soberano, y seguirán «raspando la olla…»

3.5.5.- El sobreseimiento. ¿Porqué perdona Caldera?

Caldera es un catedrático identificado con la norma de Derecho. El la interpreta a su manera. El tiene sus valores. Pero la norma es lo que regirá de alguna manera su vida pública. No es pues precisamente Caldera el más llamado a perdonar a quien se alce contra la Norma ni contra el Estado de Derecho. Caldera perdona, sobresee la causa, porque cree que los motivos que llevan a Chávez y a Arias a intentar su Golpe son nobles, son legítimos, no están en contradicción con la Constitución, antes por el contrario. Caldera está en cuenta de la desviación del Poder en manos de los políticos quienes desvirtuaron los nobles propósitos del Pacto de Punto Fijo. De no creer Caldera en la nobleza de los motivos que inspiraron el golpe, habría que pensar que el actual Presidente perdonó por sentirse en deuda con quienes le llevaron al Poder. Caldera sabe que el sistema político está de espaldas al pueblo por lo que no puede haber democracia. Sabe que el Pueblo se identifica con Chávez aunque no se lanzó a la calle a apoyarle con las armas. Este es un pueblo pacífico y que no quiere asumir riesgos. Caldera sobresee a Chávez, a Arias Cárdenas y a los demás militares. Pudo esperar a que concluyera el juicio e indultarles. Pero quiso legitimar el golpe del 4 de febrero de 1992. No hubo juicio. No hubo delito. No hay antecedentes.

3.5.6.- Las elecciones del 6 de diciembre de 1998.

Las elecciones del 6 de diciembre de 1998 vienen a coronar la labor emprendida por Chávez, dieciseis años antes, a través del sufragio, compitiendo en igualdad de condiciones con sus adversarios políticos, con menos publicidad que estos pero con un gran fervor de parte de la población, frustrada tras cuarenta años de promesas incumplidas, cuya población ve en él no sólo el factor de cambio sino el del castigo. En 1998, por primera vez en la historia de Venezuela, se impone la automatización o sistema de votación mediante computadoras que impide el tradicional fraude del cual, descaradamente, se jactaban los adecos, con el célebre dicho «Acta mata voto». Sensibilizado por Chávez, el pueblo concurre masiva y pacíficamente, como nunca, al menos en cincuenta años, para reinstaurar la democracia. La dictadura oligarcodemagógica de AD y de COPEI no pudo controlar las elecciones ni alterar sus resultados como en años anteriores, atropellando al soberano, alterando las actas de votación ni con un temido golpe de cierto sector de los militares. Este temor vació los abastos a nivel nacional con compras nerviosas de comida, de agua y de velas en previsión al desconocimiento de las elecciones por medio de un golpe cuya autoría correspondería a un General muy allegado al propio Presidente de la República. Sin duda el perfil militar, la boina roja del Coronel Chávez, su toque mesiánico en la televisión y en los actos públicos, generaron en ese pueblo sumiso un sentimiento de poder, de sinceridad, de comprensión de su desdicha, de identificación con su estrato, un sentimiento de cambio y de venganza también, explicable por sentirse impotente durante décadas, en parte, por desconocer sus derechos, por no saber cómo ejercerlos e impotente por no tener un órgano del poder ejecutivo ni del judicial que le resuelva rápidamente su controversia ni satisfaga su pretensión.

3.5.6.1.- Para explicar esta actitud pasiva del pueblo y no apoyar bélicamente el golpe de Chávez, es conveniente conocer el perfil psicológico del venezolano, tan bien expresado a través de un estudio científico patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer y realizado por Carlos Subero e Ileana Matos, con un error muestral del 2,23%. Este estudio define al venezolano, entre otras características, como un sujeto muy interesado en su familia; interesado en su trabajo pero en la medida de su ingreso; muy conocedor de la política pero sin deseos de comprometerse en esta ni en ninguna actividad de carácter social y como un sujeto identificado con la autoridad. Respecto del autoritarismo, -representado en estas elecciones por Chávez con cuyo arrojo se identifica- el estudio demuestra que el 76% estima que unos pocos líderes fuertes harían más bien a este país que muchas leyes y discursos; el 93% estima que el país necesita autoridad y disciplina; el 73% estima que la mayoría de la gente no triunfa porque no tiene suficiente fuerza de voluntad y el 96% estima que los crímenes sexuales, la violación y abuso de menores merecen ser duramente castigados.

3.5.7.- La no participación o, una vez más, la actitud ajena del pueblo al golpe del 4 de febrero, aún estando de acuerdo con los motivos del mismo como lo demostrará días más tarde con el pacífico y nada arriesgado «cacerolazo», se explica por su natural postura ajena al fenómeno social, su facilismo o comodidad a ultranza en cierto aspecto, el no querer complicarse la vida. No se diga fue por falta de armas que el pueblo no participó pues pocos hogares hay en Venezuela donde no exista una pistola o una escopeta, al menos. Un observador más benévolo le calificaría de «pacífico a ultranza» más no de «pendejo» como diría Uslar Pietri.

La frustración, la impotencia, el deseo de cambio y de castigo, constituyen la mayoría de los sentimientos que justifican el voto mayoritario del pueblo a favor de Chávez quien suma el 56,2% y el rechazo a AD y COPEI que suman el 11,2% en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre. El «caudillismo» es severamente castigado y Alfaro recoge tan sólo el 0,42% de los votos.

Chávez tiene un mérito innegable, no importa el punto de vista que se tenga. Chávez sensibiliza al electorado venezolano y este concurre masivamente como no lo hizo en cincuenta años.

3.5.8.- Pero para medir aún más el rechazo a la mal llamada democracia impuesta durante los últimos veinticinco años por los «cogollos» de los partidos AD, COPEI, MAS, CONVERGENCIA y a su gobierno oligarcodemagógico y en aras a reinstaurar una verdadera democracia, el Pueblo votó en contra de los partidos y a favor del cambio sumando los votos de Chávez, con el 56,2%; los de Salas, descontando los de AD y COPEI que le favorecieron, sea el 28,77%, (39,97 – 11,20) y los de Irene, el 2,82%, todo lo cual suma el 87,79% de los votos. Esta es una realidad matemática.

Estos resultados vienen a ser la prueba más evidente de la aprobación y legitimación de los motivos que inspiraron el golpe del 4 de febrero de 1992.

3.5.9.- ¿Chávez infringió la Constitución o, consciente de su irrespeto e inobservancia por los políticos así como de su tácita derogación y sustitución por una dictadura de partido -oligarco demagógica- en detrimento del pueblo, obró en su defensa, conforme se lo imponía el artículo 250? Vale la pregunta.

Chávez no buscaba tomar el poder para erigirse en un nuevo dictador, como se puede inferir de: 1) Su afán de reducir el poder presidencial del cual será investido para compartirlo con la proyectada figura del primer ministro y 2) Quizás del aspecto más polémico que desea innovar a través de la Constituyente, el referente al Referendum Revocatorio, un mecanismo para castigar al funcionario incompetente o que no sea probo y quien ha perdido la confianza del soberano en todo caso, partiendo desde el propio Presidente de la República. El autócrata busca siempre acumular poder y nunca compartirlo. Estas y otras razones hacen presumir que no fue intención de Chávez erigirse en dictador sino reinstaurar una genuina democracia. Chávez asume claramente que la Constitución no es respetada, que ha sido derogada tácitamente y que la democracia ha sido sustituida por la oligarcodemagogia y, consecuente con el clamor del pueblo, con el mandato de su conciencia, con su juramento y su lealtad al pueblo, sobre todo al pueblo de bajo estrato, da el golpe que es superado por las fuerzas militares adversas. Sin duda, los militares que no participaron en su intento actuaron de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a sus concepciones, también respetables. Cada uno de ellos, en el interior de su conciencia, sabe cuál es el grado de identificación con los motivos de Chávez y de Arias.

Legalmente, Chavez, legitimado por el pueblo, el soberano, se merece, al menos, el beneficio de la duda y la cooperación de todos los venezolanos en la reinstauración de la democracia y en la reconstrucción del país. Y desde el punto de vista cristiano se merece una oportunidad. Quienes le precedieron no tenían mejores credenciales. Y Caldera, el único en este siglo que siendo Presidente contó con el 81% del apoyo del país para dar el Calderazo que un miembro de su chiripero le pidió, Moises Moleiro, defraudó al país. Sólo el tiempo demostrará cuáles fueron las verdaderas intenciones de Chávez. Hay que darle una oportunidad y apoyarle. Lo cierto es que muchas mentiras, difamaciones e injurias se dijeron de él, sin prueba racional alguna, durante la campaña electoral producto de laboratorios políticos estimulados por razones inconfesables. Muchos de esos dichos ya quedaron desvirtuados. Seamos generosos con el tiempo. Ojalá el pueblo no se vea frustrado nuevamente. En todo caso, nada de lo que ocurra en el futuro alterará los motivos que vió el pueblo en el golpe del 4 de febrero y que luego legitimara, como lo hizo también Caldera.

En consecuencia, la respuesta a si infringió la Constitución o, antes por el contrario, la acató, jugándose su carrera militar, de paso, y su libertad personal, es clara. Chávez y Arias prepararon y dieron el Golpe del 4 de febrero de 1992, creyendo acatar el mandato del artículo 250 de la Constitución Nacional, buscando reinstaurar la Democracia violentada por el sistema cupular partidista que dejó de observar dicha Constitución y terminó fácticamente derogándola.

4.- CAPÍTULO IV

La legitimidad.

La legitimidad viene del consenso, de la aceptación y adhesión pacíficas y libres del pueblo hacia su gobierno. Es un elemento psíquico, inmaterial que deviene en tangible cuando el mismo es compartido por la gran masa poblacional o, como diría Recasens Siches: «…cuando esta sensación del pueblo, puramente afectiva o racional, actúa en virtud de la adhesión a determinados valores, en virtud de la creencia de que tal orden tiene validez absoluta porque expresa valores generadores de deberes morales, religiosos, etc., por los cuales llega a la creencia de que su salvación depende de su observancia.» La legalidad es un elemento material, técnico, jurídico fruto de la adecuación de una conducta a una norma determinada o al cumplimiento de un procedimiento legal específico así presunto mientras no exista una decisión judicial en contrario. Legalidad y legitimidad pueden coincidir o no. En un sistema democrático legitimidad y legalidad concurren. Un sistema democrático es aquel que, primero, tiene la aprobación mayoritaria del pueblo, el soberano, y, segundo, cuando sus actos de gobierno son legales. Un gobierno dictatorial, en un grado u otro, es aquel que carece, en un grado correlativamente mayor o menor, de esa aprobación mayoritaria del pueblo, de esa aceptación afectiva general, de esa adhesión y solidaridad racionales, aún y cuando sus actos puedan estar revestidos de legalidad o no. Un gobierno dictatorial, carente de legitimidad, normalmente controla el aparato judicial y hace que todos sus actos estén revestidos de legalidad. Los gobiernos que rigieron en estos años carecieron de legitimidad por estar de espaldas al pueblo, por carecer del sentimiento solidario del mismo, como fue demostrado masivamente en las elecciones del 6 de diciembre, aunque sus actos estuvieran revestidos de legalidad, legalidad explicable por lo demás, pues todo el aparato judicial dependió de la elección y decisión de los «cogollos» y de las tribus de los partidos. Los gobiernos pasados se identificaron como demócratas pero «desviaron su poder», en términos de derecho administrativo, lo usaron con un fin distinto al debido. Un funcionario de tránsito puede detener un vehículo que violó una norma pero incurrirá en «desviación de poder» si el fín perseguido es obtener una dádiva o recompensa del conductor a cambio de ignorar la infracción. El fín perseguido por las cúpulas de los partidos que impusieron la oligarcodemagogia no era otro que mandar en el país en beneficio propio de los mismos, apropiándose de la cosa pública y controlando el aparato judicial. De manera que la «desviación de poder», uno de los tres principales vicios del acto administrativo que lo hacen anulable, se manifiesta claramente.

De cara a los demás países los gobiernos que rigieron en el nuestro fueron considerados demócratas por revestir los mismos esa apariencia recurriendo a elecciones amañadas: no obstante la famosa frase «acta mata voto»; por permitir la libre expresión pero a cambio de una sordera total de los mismos y por gozar de legalidad. No toca a esos países determinar la legitimidad de los gobiernos que hemos tenido, sea la intensidad de la aceptacion o del rechazo por parte del pueblo, el «soberano».

El 6 de diciembre, sensibilizado por la actuación de Chávez a partir de su golpe del 4 de febrero de 1992, el pueblo, el soberano, votó a favor de la reinstauración de la democracia legitimando los motivos del golpe y demostrando, con su rechazo a los gobiernos oligarcodemagogos, la ilegitimidad de los mismos .

En 1992 y en 1994 los respectivos gobiernos de Carlos Andrés Perez y de Caldera se obligaron a redactar una nueva Constitución que legitimare las instituciones, una especie de maquillaje de las mismas para perpetuarse. Durante los siete años siguientes no hicieron ni el intento de reforma. Fue otra burla al pueblo.

No cabe la menor duda y así lo demostraron las elecciones del 6 de diciembre que en Venezuela se impone refundar, renovar, remozar su República. Es demasiado el lastre. Hay que revisar, igualmente, ese excesivo Presidencialismo como estatismo. Se impone, a todos los niveles, legitimar el poder, el mandato, y quien dice mandato se refiere a todos los mandatarios, a todos aquellos quienes detentan alguna función pública. El país está demasiado enfermo, demasiado traumatizado, sufre de metástasis de inmoralidad, para intentar curarlo con una venda, como si fuera una herida superficial. Se impone ir al fondo de sus problemas, explorarlo, y sacar de él lo que hay que sacar de malo, sustituir lo que sea necesario y guardar lo que tenga de bueno y de valioso, pues la situación está tan crítica que no podemos desaprovechar nada ni a nadie, no importando el color que tenga. Hay que refundarlo todo pues sobre unos malos cimientos no se puede erigir nada grande, nada sólido ni duradero. Los adecos y copeyanos cambiaron el nombre del Consejo Supremo Electoral por el de Consejo Nacional Electoral. ¿Porqué no refundar la República, no legitimar sus mandatarios, con más razón?

Los partidos tradicionales, en su afán de perpetuarse, en un aparente acto de contrición y de acercamiento al pueblo, tras 25 años de darle la espalda a conciencia, en un acto de obligado reconocimiento y de legitimación de los motivos que llevaron a Chávez a dar el golpe del 4 de febrero, han decidido, ahora, eliminar el sistema estalinista «cupular» de mando y volver caras hacia las bases de sus partidos con elecciones genuinas. ¿Cuánto tiempo durarán estos nuevos y santos propósitos? ¿Quién cree en este fariseísmo?

Resulta del todo cínico el llamado al Constitucionalismo que hace a Chavez el Presidente de A.D., Carlos Canache Mata, representante del partido que junto con Marcos Perez Jimenez tumbara, el 18 de octubre de 1945, al gobierno más democrático de este siglo, de Isaías Medina. A Canache Mata se le conoce como un político gris que llegó a la Presidencia de A.D. por antigüedad y por tener el peculiar mérito de nunca haber hecho nada malo. El único esfuerzo que le conocen los anzoatiguenses es que, en vísperas de elecciones siempre ha ido allí, consuetudinariamente, desde Caracas, donde tiene su residencia permanente, a buscar sus votos para perpetuarse en el Congreso.

5.- CAPÍTULO V.

¿Apología del Golpe?

!Nunca¡ Sería un contrasentido, una paradoja, un absurdo, cuando se ha reivindicado la democracia a lo largo de este ensayo.

Tan deleznable es el desacato progresivo de las garantías constitucionales, la degeneración y la sustitución de la democracia por otra forma de gobierno como es el recurso a la fuerza o al golpe de estado sin el consenso o contra la voluntad del pueblo, el soberano.

No obstante, es importante aclarar que el golpe sería uno de los infinitos medios autorizados por el artículo 250 de la Constitución para el restablecimiento de su efectiva vigencia.

En todo caso, los parámetros de legitimidad del golpe sólo el Pueblo, el soberano, puede determinarlos si le son dadas las condiciones para que el mismo se pronuncie oficialmente, tal cual lo hizo el 6 de diciembre de 1998, tan pronto pudo.

En el análisis que precede se demostró sobradamente la degeneración y sustitución de la democracia por un sistema oligarcodemagogo por obra de los contumaces adecos, copeyanos, masistas y demás acólitos del chiripero y también se definió el alcance de la ilegitimidad de ese sistema hábilmente impuesto a lo largo de los años.

6.- CAPÍTULO VI

Desde el Río Grande hacia abajo, ¿es posible una democracia?<

Sí es posible, es dificil pero nunca puede dejar de ser una meta.

América fue conquistada, no poblada ni descubierta pues ya existían sus aborígenes, desde finales del siglo XV. La diferencia está, en que desde el Río Grande hacia el norte se posesionaron los anglosajones con los resultados conocidos como el ser la potencia más grande del mundo y, hacia el sur, se instalaron los españoles y algo de portugueses que fue más de lo mismo. Los resultados también son evidentes. Salvo una rara excepción como Costa Rica y, de momento, algún otro país sureño, por lo general privan en estos países o se alternan en ellos: la pobreza, el endeudamiento, la corrupción y, quizás también, el narcotráfico, la guerrilla, los golpes de estado, las dictaduras, la inseguridad jurídica y económica y no por nada son catalogados como países tercermundistas.

Para una genuina democracia se necesita fundamentalmente, expuesto en forma sintética:

1º) Educación. Si la gran mayoría del pueblo no ha cubierto la secundaria dificilmente conocerá sus derechos y menos sabrá cómo ejercerlos. El camino más seguro hacia la ética, hacia la formación integral y hacia la dignidad del hombre, hacia la concientización de sus derechos y obligaciones, sin lo cual nada se puede construir, es la educación. Y cuando hay educación hay disciplina, compromiso con el trabajo, compromiso con el país, con sus valores patrios, compromiso con sus semejantes.

2º) Un sistema judicial efectivo: Si hay no hay seguridad jurídica, si no hay una Justicia gratuita al alcance de todos los ciudadanos, objetiva e imparcial, que vigile y ordene el cumplimiento de las garantías constitucionales violadas castigando a quienes las infrinjan y que resuelva las controversias que se le someten rápidamente, no podrá haber democracia.

3º) Una clase media predominante. Con hambre no puede haber democracia. Si hay pobreza, hay hambre y no hay un sistema de seguridad social efectivo y operante, si no hay seguridad personal, no puede haber democracia y se puede perder hasta la dignidad.

El concurso de estos tres elementos en un país da opción a un sistema democrático pues su dirigencia estará, en capacidad y honorabilidad, a la altura de ese pueblo por aquello que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. El antídoto de la corrupción son un pueblo culto y próspero y un sistema judicial efectivo.

Si logramos implantar en nuestro país estos tres elementos, tarea que corresponderá a Chávez y con él a todos los venezolanos de buena voluntad, la democracia resplandecerá en Venezuela, la tierra de Bolívar.

Nota del autor:

El autor de este trabajo declara que no ha sufragado a favor del Sr. Hugo Chávez Frías; que nunca perteneció a ningún partido político; que nunca ha sido empleado público ni aspira a ningún cargo público; que no es deudor de ningún ente del estado ni aspira a ninguna concesión ni contrato públicos. Que su aspiración ha sido, solamente, la de realizar un análisis objetivo y valiente, sin simpatías comprometedoras, por considerar que una cosa es preservar la democracia y otra restituir la democracia, lo procedente.

El autor tampoco prejuzga lo que hará el Gobierno electo el 6 de diciembre por no ser adivino. Los méritos o el calificativo de más de lo mismo se los labrará éste en los siguientes cinco años. Lo que toca a los venezolanos es desear al nuevo Gobierno del Sr. Chávez Frías el mayor de los éxitos en nuestro propio interés y ofrecernos a colaborar sin esperar nada a cambio, parafraseando a Kennedy.

Las cifras que han servido para el presente estudio han sido extraídas de la Biblioteca del Banco Central de Venezuela, del CNE, de las publicaciones de PROVEA, de periódicos y de revistas especializados. Es probable que las mismas no sean exactas pero tal hecho no es imputable al autor sino a la poca y poco confiable información pública. En todo caso, cualquier variación en ellas no afecta las conclusiones.

Antes de publicarse el presente ensayo, el mismo fue leído por un ilustre venezolano, descendiente de una familia perteneciente a la vieja guardia de Acción Democrática, opuesta a los corruptos que controlan dicho partido en la actualidad y sus palabras fueron: «Jon, lo cierto es que ésto está muy fuerte. Es muy «heavy». Pero hay que reconocer que es la verdad, lamentablemente». (5 de enero de 1998).

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