Grotesco y criminal

Hace un año y cuatro meses, en memorando confidencial Nº AIC-2009-108 del 7-4-2009, Jesús Villanueva, Auditor General de PDVSA, se dirige  al Comité de Auditoría y otras instancias de la empresa, entre ellas la Presidencia , para comunicarles que: “Bariven y su filial PSI compraron y pagaron 1.057.531 TM de alimentos para cubrir emergencia alimentaria en el período 2007-2008 con un costo de MMUS$ 2.248, entregando a PDVAL hasta octubre de 2008 sólo 143.866 TM, equivalente al 14 % de la meta asignada”. La denuncia se eleva pues dos auditorías anteriores, entregadas en 2008 a Bariven, que señalaban las irregularidades en las compras de carne, leche y pollo efectuadas por ambas empresas, así como las fallas en la recepción y manejo de las importaciones, fueron contestadas luego de tres meses con respuestas que “no atienden las desviaciones detectadas, desconocen los hallazgos presentados y descalifican las observaciones planteadas”, respuesta nada extraña, pues es la manera en que han aprendido del presidente Chávez a contestar las críticas.

Dice el informe que, para finales de 2007 (hace más de dos años y medio), el gobierno activa el “Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria (consigna tan militarista como inútil) y crea una Comisión Presidencial que coordine los esfuerzos oficiales y privados al respecto. Debo resaltar la ignorancia del gobierno, incluido Chávez mismo, que afirman “garantizar la soberanía alimentaria” con un plan de compras de alimentos, que según como se haga podría garantizar la seguridad alimentaria, pero nunca la soberanía que requiere obligatoriamente que los alimentos sean producidos en el país. Las decisiones de Miraflores llevan al Comité Ejecutivo (CE) de PDVSA a declarar la “emergencia alimentaria” y a delegar las compras nacionales e internacionales en Bariven, la cual recurre, en virtud de la “emergencia” declarada, a comprar mediante adjudicación directa, es decir sin licitación. Era el final lógico de esta cadena de decisiones pues, desde un principio, tuvieron como determinante principal la posibilidad de hacerse de enormes comisiones en dólares.

El interés nunca fue enfrentar la crisis alimentaria, que además había sido creada por el propio gobierno con sus invasiones, ocupaciones y “expropiaciones” de tierras en plena producción. Nuestro interés importador es muy viejo: Recordemos el primer gobierno de CAP y su economía de puertos, si es que no queremos hablar o decidimos negar la economía de puertos de Chávez. Continúa la auditoría con estas perlas: 1. A comienzos de marzo 2008, el CE de PDVSA delega la firma de todas las compras y contratación de transportes y logística, desde noviembre 2007 a enero 2008, en el Director de Enlace de Bariven, lo cual ratifica luego por 4 meses más. 2. A finales de marzo, el mismo comité otorga a Bariven poderes amplios y especiales para las excepciones a la aplicación de la Ley de Contrataciones. 3. Entre noviembre 2007 y junio 2008, se había pagado el 62% de lo comprado, pero se había recibido sólo 25% de las toneladas pagadas, y apenas el 14% de lo comprado había sido entregado a PDVAL para la fecha, es decir 6 meses después. O la “emergencia” no existía o fue atendida muy mal. La batalla se perdió y con ella el dinero y alimentos.

Sigue el informe: Se gastó 54 millones de dólares en sobreprecios de los alimentos, se dañaron 1.201 toneladas de caraotas, pollo, leche y carne, almacenados en 65 contenedores, dejando 4,4 millones de dólares de pérdida; para el momento había 26.839 toneladas de alimentos perecederos nacionalizados, con un costo de US $ 109 millones y un promedio de 55 días de almacenamiento, con peligro de perderse; no se recibieron 125.500 toneladas de comida pagada, con una pérdida de 263 millones de dólares; 70% de las compras se hicieron a 10 empresas, 6 de las cuales son intermediarias; se otorgaron anticipos sin garantía por 111 millones de dólares a 5 empresas de las 10 señaladas que concentraron las ventas, 26 mil toneladas de leche en polvo fueron adquiridas sin cumplir los requisitos de calidad exigidos, una de las compras de 5 mil toneladas de carne, se efectuó con un sobreprecio de 2.008 dólares por tonelada, lo que determinó un sobrepago de US $ 10 millones y la empresa incumplió la entrega; hay diferencias grandes de inventarios entre Bariven y las almacenadoras y retrasos de hasta 45 días en las nacionalizaciones de los productos.

¿No son todos estos directivos unos viles traidores a la patria? Sabían lo que ocurría desde hacía más de 2 años y nada hicieron para corregirlo…