Opinión Nacional

Guerra avisada

Quienes tenían dudas sobre el real significado y alcances del proyecto político del presidente de la República (“revolución democrática y pacífica”, “V República” y nueva Constitución Nacional, “bolivariana”, por supuesto, entre otras iniciativas), habrán superado cualquier incertidumbre o recelo sobre el particular después de tomar conocimiento de una declaración del primer magistrado a propósito de la macro o megaelección del próximo 28 de mayo y la cual fue objeto de amplia difusión a través de los diferentes medios de comunicación.

Palabras mas, palabras menos, el jefe del Estado no se anduvo por las ramas para decir, categóricamente, que si los resultados electorales no le fueran favorables, sobre todo en la composición de la Asamblea Nacional (83 representantes se requieren para la mayoría simple y 111 para la absoluta), no se encontraría en capacidad de garantizar la paz de la República, o sea, lo que en el lenguaje oficial se entiende como “el desarrollo pacífico del proceso”. Esto quiere decir que, desde ya, se vislumbra un período indefinido de inestabilidad institucional como consecuencia de la siembra de odios y rencores a la que con el mayor tesón se ha entregado el Comandante Presidente desde los ya lejanos días de la campaña electoral de 1998 y que no ha dejado de cultivar, con empeño, durante el lapso de su ejercicio presidencial.

Ahora se acerca la inevitable e inevadible recolección de los frutos y, por lo que se observa, a través de las distintas manifestaciones de la opinión pública y de los resultados de la mayoría de las encuestas, aquélla no se presenta en condiciones favorables para satisfacer las expectativas que el primer magistrado mantiene sobre el particular. Baste una muestra: consciente de que esta vez existen opciones posibles que le son adversas, tanto en cuanto a la formación del Poder Legislativo nacional, como también en la elección de los mandatarios regionales y locales, el Presidente, doblado en candidato oficial, ha dicho, en un plano hipotético fuera de la realidad, que estaría dispuesto a ceder gobernaciones y alcaldías, como si eso se pudiera hacer, a cambio de asientos en la Asamblea Nacional, como vía para asegurar la mayoría necesaria que requiere el régimen para lograr el éxito de su proyecto en el campo legislativo.

Cabe comentar, además, que la virtual desaparición del Polo Patriótico, como ha quedado diáfanamente comprobado en los últimos días, es una señal elocuente de que las perspectivas electorales para el oficialismo ahora no son las mismas que se habían pronosticado hasta hace apenas escasos meses. Lo cual explica la dura acometida verbal con que dio comienzo a su campaña electoral el candidato del gobierno y que es un franco aviso de lo que puede esperarse si los comicios arrojan resultados distintos a los que aspira el oficialismo. Así deberían entenderlo, entre otros, la jerarquía católica, las organizaciones sindicales y empresariales, además de la industria mediática en particular, destinatarios “privilegiados” de las agresivas expresiones con que a ellas hizo referencia el primer magistrado. No son, pues, infundados los temores de quienes no descartan que en nuestro país se presente una situación de conflictividad sociopolítica de proporciones tales que conduzca a no deseados pero posiblemente inevitables enfrentamientos violentos entre distintos sectores de la población venezolana.

De la sensatez del electorado depende así, en buena medida, la recuperación del averiado estado de derecho de hoy y el consiguiente respeto integral a las normas constitucionales y a la participación democrática y pluralista, a fin de que en Venezuela se establezca un régimen distinto al autocrático, militarista y personalista que promueve el candidato oficial.

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