Opinión Nacional

Hacia un nuevo contrato social

El Contrato social electoral

En cualquier clase de régimen, en la medida en que el consentimiento ciudadano haya sido resultado de un acuerdo no coactivo, incluso tácito, pero directa o indirectamente verificable, se puede hablar de un pacto social; si el acuerdo ha sido elaborado con la participación directa de la población electoral, o al menos ha sido representativo y además enmarcado en un proceso democrático, se podrá hablar de un contrato social, aunque hay que decir que también hay quienes, como Przeworski, reconocido analista polaco, le niegan de plano carácter contractual a la relación entre ciudadanos y gobernantes en una democracia.

Ahora bien, en un régimen democrático existen dos clases básicas de contrato social: (a) el Contrato social constituyente del orden político, el cual se da por los ciudadanos entre sí, con o sin intervención de representantes, que puede conducir a una Asamblea Constituyente, y (b) el que se puede denominar Contrato social electoral, que tiene lugar en un régimen ya constituído, tiene por base una figura en varios sentidos análoga al mandato, y se da entre los ciudadanos y sus gobernantes, el cual resulta recreado periódicamente en las elecciones generales que, en este sentido, son el mecanismo por el que el orden democrático se renueva. En democracia, entonces, el contrato social (contrato sui generis, por supuesto) asume las características de un instrumento de establecimiento o de renovación del régimen político.

El Contrato social electoral en Venezuela

En el caso de Venezuela, la situación del Contrato social en su historia reciente ha sido realmente precaria y se puede aseverar que hasta la llegada del actual Gobierno nacional, que con o sin justicia goza de una amplia legitimidad, el contrato social estaba roto. Hasta fines de los ‘70s la evolución de la voluntad general, reflejada en las diferentes formas de participación (como la votación y la opinión pública), se había mostrado generalmente altamente favorable al sistema a pesar de sus fallas, situación que revirtió severamente desde mediados de los ochenta. Ciertamente, durante el último lustro se ha modificado la percepción popular sobre la justeza del sistema electoral, seguramente como efecto del fraude percibido, en condiciones de grave crisis económica, alta corrupción y renuencia de los dirigentes partidistas a ceder sus privilegios.

En Venezuela la postura analìtica tradicional había sido la de obviar el fraude y la abstención como factores carentes de relevancia en un régimen de alta participación: hoy día esa postura ya no es posible pues ambas clases de variables afectan severamente la configuración del Contrato social electoral. En todo caso, su reiterada desestimación analítica y empírica había conducido al efecto perverso (esto es, no necesariamente deseado o buscado) de que un proceso democrático formal se había conviertido en medio para restringir la democraticidad en cuanto que se aprovechó el silencio de la mayoría abstinente (que no obstante se había expresado por otras vías, como la protesta) y se generó la prevalencia de una minoría que es generalmente percibida como socialmente dañosa y que en todo caso ha resultado, cuando menos, inadecuada.

La percepción social sobre el contrato social electoral se ve pues naturalmente reflejada en el modo como se participa en las elecciones y en las actitudes hacia el sistema decisional electoral empleado: pero paradójicamente, hasta comienzos de los años ochenta el sistema electoral venezolano era encomiado por sus supuestas ventajas, en tanto que hoy día, las opiniones son completamente diferentes, y así lo que antes era alabado como plenamente democrático y muestra de una suerte de maravillosa sabiduría política criolla (esto es, la repartición en cuotas partidistas del organismo supremo en lo electoral), ahora es despreciado como fuente de corrupción.

En realidad, el cambio de actitudes sobre el sistema de votación ha dependido con mucho de los formadores de opinión y de terceros significativos, más que de algún real cambio en la normativa del caso, pues pareciera olvidarse que la regulación electoral formal, los funcionarios y los sujetos que los designaban han sido fundamentalmente los mismos durante muchos años (hasta 1999): las normas y los encargados de la supervisión de la pulcritud del acto electoral han permitido la comisión de toda clase de corruptelas y delitos electorales que anularon completamente muchas designaciones pasadas de Gobernadores, parlamentarios y Presidentes; nada de esto es nuevo, es ampliamente reconocido: lo interesante es, cosa curiosísima en un proceso supuestamente revolucionario, que hasta ahora no hay (que se sepa) ningún procesado penal ni administrativamente por delitos electorales: Delitos sin delicuentes, como con profundo cinismo dijera en su momento el Inefable Eterno Presunto. Dicho en criollo: Zamuro cuidando carne, a lo cual hay que agregar: Entre bomberos no se pisan la manguera.

Nuevos contratos sociales

Se recordará que hasta fines de los ´90s la protesta popular, más que el activismo político ciudadano, se había ya convertido en la principal vía para la participación política popular y la expresión de la voluntad general, en lugar de serlo el voto, como sería lo normal, además su conflictividad se ha incrementado aceleradamente en los años recientes; desde fines de los ‘80s hubo una situación de desobediencia social de creciente intensidad: la rebelión popular en la zona capitalina de febrero de 1989, seguida por el juicio a un ex-Presidente por corrupción, dos golpes de Estado fallidos en febrero y noviembre de 1992, actos aislados de terrorismo en que se detectó la presencia de militantes de izquierda y de miembros de derechas de los cuerpos de seguridad oficiales; la destitución, enjuiciamiento y encarcelamiento de un Presidente de la República por hechos de corrupción, la implicación de otro Presidente en la liberación ilegal de un narcotraficante, y la ya reconocida invasión de los sistemas bancario y judicial por mafias político partidistas y por el narcotráfico.

Pero, a pesar de todo esto, dado el apoyo de que gozaba, y mantiene, la democracia como ideal, quizás la razón básica que explique el incremento de la protesta popular sea la inefectividad relativa que como instrumentos de participación han evidenciado los tres medios principales para ello: las Asociaciones populares (que se ven limitadas en su acción al ámbito local), los Sindicatos y los Partidos políticos (que, al menos en el caso de los principales, se habían convertido ya descaradamente en empresas semi-delictivas de promoción social): éstos han invadido muchas de las primeras y absorbido completamente a los segundos, convirtiéndoles en entes incapacitados para transmitir demandas populares al gobierno, pues las mismas se ven constantemente obstaculizadas, filtradas, deformadas o simplemente silenciadas.

Ahora bien, esta situación de decremento de la confianza, junto con la restricción e inequidad en la distribución de la renta petrolera y la general situación de crisis han generado (o impulsado) desde hace décadas dos clases de organizaciones semi-contractuales o pactadas, esto es, que no configuran realmente un contrato social pues se presentan entre sectores restringidos y son de acceso selectivo), de las que una clase se compone de figuras que son pactos idealmente sociales (tendientes en teoría al interés general, pero otra clase es de pactos explícitamente no sociales (en cuanto que responden a intereses particulares antes que generales):
(a) Una primera clase de pactos o contratos sociales, generada por las demandas y la actividad de la sociedad civil, que condujeron a las recientes reformas políticas, que han originado una descentralización política y administrativa parcial, con contratos de dos clases:
(a.1) los pactos de gobierno estadales y locales a nivel municipal, producto de la elección de gobernadores de provincia, legisladores estadales y autoridades municipales.

(a.2) las Asociaciones de vecinos y Asociaciones civiles no gubernamentales (pactos, más que propios contratos sociales), que han florecido desde mediados de los ‘60s, pero cuya cantidad ha aumentado considerablemente desde mediados de los ‘80s, las cuales se han convertido en proveedoras de servicios y funciones que el estado ha fallado en proveer y se basan en el capital social local (confianza interpersonal).

(b) Una segunda clase es la de los pactos (no contratos sociales) que han originado agrupaciones de fuerte cooperatividad endogrupal y conflictividad exogrupal:
(b.1) agrupaciones delictivas, como las llamadas Tribus judiciales, que son asociaciones delictivas que manipulan el poder judicial (se ha postulado su dependencia de los partidos políticos principales y se la ha examinado incluso judicialmente, si bien hasta el momento no han habido condenas penales por tales corruptelas), y las Bandas de malandros (delincuentes comunes) en los diferentes barrios de las ciudades, y
(b.2) agrupaciones semi-delictivas como los llamados Cogollos de los partidos políticos, que se componen de los dirigentes principales de los partidos, y las llamadas Roscas, que son asociaciones informales de individuos que manipulan el suministro de servicios en sectores públicos y privados, y cuya cooperación resulta indispensable para el interesado en obtener el servicio.

De esta manera se ha llegado a generar una situación en la que la mayoría de los ciudadanos ha procurado adherir a pactos o contratos privados de cobertura (protección) social, que les brinden la asistencia que el Estado ha dejado de ofrecer: esto se puede considerar una “privatización de lo público”, como acertadamente la ha denominado el analista italiano Norberto Bobbio.

El estado actual del contrato

¿Qué tan válido es el análisis propuesto atrás en cuanto a la situación presente del país? Es inevitable ser realista, y por consiguiente escéptico, en cuanto a la posibilidad de una transformación profunda del clientelismo: lo que ha salido a la luz pública sobre el funcionamiento de los partidos que ahora llevan la batuta no ha diferido mucho de aquello que acostumbraban (y aún practican) los anteriores dirigentes de los partidos hoy más o menos desplazados (los damnificados de la Revolución, como dijera alguien): como muestra, nótese que las organizaciones semi-contractuales atrá descritas continúan vigentes, con la importante diferencia de que ahora existe un firme Contrato social electoral, bien fundamentado en la amplia legitimidad presidencial y reafirmado con las elecciones de la Asamblea Constituyente y el reciente referendo aprobatorio del texto Constitucional.

Ahora bien, el carácter de ícono que ha adquirido el Presidente Chávez le ha facultado para ungir con su bendición la actividad de sus representantes en los diferentes estados, y nadie duda de la buena fe del Presidente, pero ¿qué decir de sus delegados partidistas? Por ejemplo, donde reside quien esto escribe, en el estado Táchira, la designación de la Comisión Legislativa ha resultado un espectáculo preocupante y para nada democrático, por decir lo menos. A menos que por democracia se entienda, de nuevo, la repartición de cuotas entre las diferentes corrientes partidistas “patrióticas”, el nombramiento de sujetos directamente vinculados a los partidos, y ello además sin consulta alguna a la sociedad civil (que no es, por cierto, sólo la que está en los Gremios): así no se puede llevar a cabo un Contrato social local. Parecen ignorar los nuevos patriotas que abunda la gente joven y capaz carente de viculación con sus partidos y capacitada para trabajar.

Pero en todo caso, el ideológicamente errado, pero políticamente oportuno, estilo Cesarista del Presidente y el éticamente nefasto carácter servilista de muchos de sus seguidores no son elementos adecuados (todo lo contrario) para generar un nuevo Contrato social electoral en las elecciones que tendrán lugar este año, si se continúa con el cesarismo y minando la democracia desde abajo mediante designaciones autoritarias y atribuciones de función a dedo, y así la tarea que pareciera haberse impuesto el Presidente de convertir en demócrata a un pueblo que, a pesar de las apariencias no lo es (y a pesar de que no convenga decirlo, asunto que se ha tratado acá en otra oportunidad), es sumamente difícil y requiere de dirigentes políticos con iniciativa, democráticos y autónomos, no dependientes de la bendición presidencial, esto es, que sean capaces de llevarle la contraria de ser necesario, además de no relacionados con los anteriores partidos, y eso no parece ser precisamente lo que se tiene. Lo que se requiere es participación y retroalimentación constante: continuamos a la orden.

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