Hacia una agenda del diálogo
E s difícil que en medio de una nueva campaña electoral tenga éxito cualquier iniciativa para promover el diálogo entre Gobierno y oposición, sobre todo porque se trata de una campaña muy corta, en la cual se juegan nada más y nada menos que las gobernaciones y los consejos legislativos regionales. Y tampoco es fácil que ya terminada la campaña se pueda lograr ese objetivo. Pero ello no impide que en todo caso se pueda ir configurando lo que sería una eventual agenda temática.
Estamos muy lejos de llegar a ese punto porque ni siquiera están actuando, que se sepa, los facilitadores para que ese diálogo pueda darse. Esos facilitadores pueden estar en ambos bandos, porque pese a la polarización existen algunos vasos comunicantes, muy limitados, por cierto. También pueden formar parte de los facilitadores esa pequeña franja de líderes, voceros o formadores de opinión no comprometidos con alguna de las partes, y que estén dispuestos a asumir la casi quimérica tarea de encontrar primero, la voluntad para dialogar; segundo, un lenguaje que pueda facilitar la comunicación; tercero, definir claramente los objetivos de ese diálogo, y cuarto, aterrizar en una agenda específica.
En lo personal considero que el primer objetivo de un eventual diálogo sería alcanzar el reconocimiento mutuo, sobre la base concreta de lo que señala la Constitución aprobada por el pueblo en 1999, y que hoy, afortunadamente, es asumida de lado y lado, salvo contadas excepciones. Entra allí, por ejemplo, el tema de la descentralización. El Gobierno central tiene que reconocer a los gobernadores y alcaldes no elegidos en sus filas y asumir el principio de colaboración entre poderes, y estos actuar en consecuencia.
Otro elemento que debe estar presente es que mediante el diálogo podamos alcanzar consensos en temas esenciales como la inseguridad, la lucha contra la corrupción, la construcción de vivienda como parte de un plan integral de urbanismo que pueda ser apoyado desde gobernaciones y alcaldías, el acceso democrático a los medios de comunicación públicos e incluso privados, en campaña electoral o fuera de ella, el trabajo conjunto para mejorar la infraestructura educativa, el apoyo de los gobiernos regionales y locales a la solución del severo problema penitenciario, el impulso de un plan de desarme que no se quede en el aparato, entre otras materias Pero hay un tema que no se puede excluir de una agenda de diálogo, y es el de las personas que están privadas de su libertad, o sometidas al exilio o a situaciones de persecución por razones políticas. No puede ser que la vía expedita para recuperar el derecho de vivir en territorio patrio implique para quienes estén en el exilio emitir declaraciones o asumir posiciones de apoyo al Gobierno.
Eso equivale a la caución que la dictadura de Pérez Jiménez les ponía enfrente a los presos políticos para que la firmaran y obtuvieran su libertad a cambio de comprometerse a abandonar la lucha.
Esto no puede ser banalizado.
Hasta el propio Presidente dijo en campaña que no descartaba la posibilidad de un indulto a Pedro Carmona Estanga, figura emblemática del golpe de Estado de abril de 2002. Lo mismo vale para los presos por razones políticas, para los dirigentes sindicales sometidos a juicio y con libertad condicional, y con más razón para quienes presentan severos problemas de salud, como el caso del comisario Simonovis.
Si el Estado colombiano, que está en guerra, acepta sentarse a conversar con las FARC, grupo al que se le atribuyen delitos como el secuestro e incluso el narcotráfico, ¿por qué no hacerlo en Venezuela, antes que pensar en consolidar como una realidad permanente el apartheid, la división, la negación del otro, la existencia de dos países, y la percepción de que el arte de la política es pulverizar al que piensa distinto?
