Ignacio Arcaya habla de Venezuela y Colombia

Exudando buen humor, optimismo y diplomacia, el actual Ministro del Interior (y ahora también de Justicia), nos conversa, sin tapujos, sobre la complejidad de su doble cargo, así como acerca de los diversos problemas de seguridad interna y de justicia venezolana, y de las acciones y planes que en estos ámbitos ya está desarrollando. Pero también, y muy especialmente, nos habla sobre la cada vez más grave situación colombiana y de las relaciones entre los gobiernos de los presidentes Chávez y Pastrana. Su opinión en esta materia es importante, aunque no ocupe el cargo de Canciller (¿tal vez, por ahora?). Ignacio Arcaya, Ignacito se le llama familiarmente, ha recorrido un largo camino en el servicio exterior venezolano y no hay quien no reconozca sus habilidades diplomáticas.

VA: Como persona encargada de un ministerio responsable de la seguridad nacional y sobre la base de su larga experiencia como diplomático, ¿cómo se puede hacer para bajar la indudable tensión existente en las relaciones entre Venezuela y Colombia?.

IA: Ciertamente, una de las relaciones bilaterales más difíciles que en la actualidad enfrenta Venezuela en materia internacional es la de Colombia. El principio en el cual se basa el gobierno venezolano, y del cual surgen todas las acciones de política exterior hacia el vecino país, es el de la búsqueda de la paz colombiana. Si no hay paz en Colombia, no hay paz en la zona fronteriza e, incluso, no hay paz en toda Venezuela. Ahora bien, la búsqueda de este principio por parte de Venezuela ha afectado, de una manera u otra, algunos intereses dentro de Colombia, y ello ha coadyuvado a la tensión de las relaciones colombo-venezolanas. Pero hay que reiterar que las conversaciones que el gobierno venezolano lleva a cabo tanto con el gobierno como con la guerrilla colombiana, no presuponen una inclinación venezolana hacia uno u otro sector. Nosotros actuamos con una absoluta imparcialidad y con un solo objetivo: lograr la paz porque el conflicto nos afecta fuertemente.

Por otra parte, está el problema del lenguaje, más bien de las interpretaciones que se vienen haciendo del actual estilo diplomático venezolano, estilo que siempre hemos tenido los venezolanos, que no es nada nuevo. Pero, sin duda, la consecución de dicho objetivo de búsqueda de la paz debe realizarse en forma prudente, moderada. Y en este sentido, estamos tratando de reavivar la fórmula de cooperación multilateral para el proceso de paz colombiano creada en septiembre de 1997 en las Naciones Unidas. Se trata del llamado «Grupo de Amigos» para la paz colombiana. Esta fórmula permitiría que Venezuela continúe involucrada en el proceso de paz, ya que es de sumo interés, pero sin tener un alto perfil, el cual no le conviene a nadie. Creo que ese camino de multilaterización del proceso de paz colombiano, que ofrece la posibilidad para que el gobierno y las guerrillas colombianas dialoguen directamente con la ayuda y participación de algunos países amigos, es el que puede llevar realmente la paz a Colombia, paz -de nuevo- que representa también la paz de Venezuela, así como la de la región latinoamericana en general.

VA: ¿Eso significa que Venezuela finalmente canalizaría y limitaría su actuación en el proceso de paz colombiano por la vía del «grupo de Amigos?»
IA: Nosotros estamos explorando esa posibilidad muy seriamente. Pero estamos abiertos a cualquier camino que pueda contribuir a la paz colombiana, incluso -como lo ha planteado el presidente Chávez- hablar directamente con la guerrilla en territorio venezolano, sin que ello signifique una intervención en los asuntos internos de Colombia. La paz nos afecta, y haremos todo lo posible para que se haga realidad.

VA: ¿Cuáles medidas concretas tiene el gobierno hacia los problemas de secuestro, narcotráfico, desplazados colombianos, violencia, etc. que se dan en la zona fronteriza colombo-venezolana?
IA: Tenemos un plan de seguridad específico y estamos tratando de coordinar las acciones de inteligencia. Porque allí más que presencia física y represión propiamente dicha, lo que se necesita es un trabajo de investigación, de inteligencia, de seguridad. Hemos tenido fallas en el pasado con respecto al intercambio y la coordinación entre los diversos entes de inteligencia. Pero eso lo estamos remediando, porque es la única forma de garantizar verdaderamente la seguridad en la zona.

VA: ¿Ese plan es en cooperación con el ejército colombiano?
IA: Lo que pasa es que en esa zona fronteriza no hay ejército colombiano. Ese es el problema. De allí que de repente uno tenga que tener conversaciones con la misma guerrilla. Nosotros no descartamos el diálogo con ninguno de los sectores involucrados ( alcaldes, guerrilla, ejército) porque el conflicto afecta nuestra seguridad interna. El problema fronterizo es sumamente complejo: allí están metidos además el hampa común tanto venezolana como colombiana, el narcotráfico fundamentalmente colombiano en materia de producción y exportación, pero también el narcotráfico venezolano que se expresa en el paso de la droga desde Colombia hacia el Caribe o el Delta, por vía fluvial, aérea y terrestre. También somos sitio de enfriamiento. El 50% de la droga que va hacia Europa pasa por nuestro territorio. Y en este sentido, sí estamos diseñando conjuntamente con Colombia y los Estados Unidos un programa de cooperación integral para la lucha contra el narcotráfico, sin que el mismo afecte la soberanía de los estados involucrados.

VA: Vinculado a nuestras relaciones con Colombia, está la propuesta del Presidente Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente de nulidad de tratados territoriales que afecten nuestra soberanía. ¿Qué piensa de esta propuesta?.

IA: La especulación que se ha hecho sobre el posible desconocimiento de los tratados y laudos territoriales, es grave. Pero eso lo aclaró el mismo Presidente Chávez al decir que aquellos tratados que han sido legítimamente ratificados y que ya están establecidos en Venezuela, no se van a tocar. No se trata en absoluto de reabrir las fronteras.

VA: Cambiando de tema, ¿cómo se siente ejerciendo funciones tan complejas como las de seguridad del Estado y Justicia, y cuáles planes concretos tiene en el Ministerio del Interior?.

IA: En efecto, el peso es doble. Primero, por la importancia de cada una de esas funciones, y segundo porque quien soporta ese peso no tiene tanto tamaño… (risas).

VA: Pero la diplomacia enseña, y le ayudará en esta doble tarea.

IA: Sin duda, de mi experiencia diplomática he aprendido a tener más paciencia y a lidiar con varios problemas y tareas a la vez sin desesperarme. Tenemos dos prioridades en el Ministerio, asuntos de especial importancia y de gran complejidad. Primero, las prisiones y específicamente, el problema de hacinamiento en nuestras cárceles. En este asunto estoy, incluso, ligado familiarmente, porque mi tío abuelo, Pedro Manuel Arcaya, fue el autor del Código de Enjuiciamiento Criminal, en 1914, que estuvo vigente hasta la entrada del actual Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que ahora está trayendo problemas. Y aquí me permito precisar que está trayendo problemas no por la ley en sí, sino por su aplicación, por la interpretación que ha tenido. Esa ley no fue debidamente adecuada a la realidad y al medio ambiente actual venezolano. Inclusive se le dio año y medio a los tribunales y a la fiscalía para que se prepararan adecuadamente a esta ley, pero lamentablemente no se prepararon. Ahora, a pesar de todas las fallas procedimentales del código, el mismo es correcto y debemos respetar el principio de esta ley, que la libertad del procesado es lo normal y la detención es lo excepcional. Como segunda prioridad, tenemos el problema de la cedulación y, por ende, el de la reestructuración de la ONIDEX, problema que afecta a todos los venezolanos. En esta materia estamos haciendo un gran esfuerzo, y si bien la solución del problema no es nada fácil ni se dará a corto plazo, ya hemos tomado unas acciones que lo favorecen. Y tan sólo en un mes y medio, hemos sacado alrededor de 800.000 cédulas de identidad. El objetivo, no obstante, es a largo plazo: lograr un nuevo sistema de cedulación, realmente moderno y efectivo, y para ello estamos tratando de adaptar la tecnología disponible en el mundo a las necesidades y realidades venezolanas. Estoy convencido que sí podremos lograrlo.

VA: Si pudiera ahondar en el problema de las cárceles y en las soluciones que están planteadas a corto y mediano plazo.

IA: Precisamente, el problema del hacinamiento en las cárceles -del cual estábamos hablando- deriva de graves fallas judiciales. El desastre del Poder Judicial nos llevo a qué en las cárceles venezolanas hayan en la actualidad unos 30.000 detenidos, de los cuales 20.000 no han sido aún sentenciados, es decir, son procesados. De esos 20.000, a su vez, 10.000 tienen más de dos años presos sin recibir sentencia. Según el nuevo código, la COPP, a esos 10.000 se les da prioridad para que sus casos sean oídos en unos lapsos perentorios y muy precisos a objeto que se les dicte sentencia. Ahora, el problema es que de esos 10.000, un 70% son indiciados de haber cometido homicidio, atraco a mano armada, violaciones y drogas, por tanto no es tan simple su libertad. Todo esto explica, en gran parte, los problemas de hacinamiento y violaciones de derechos humanos existentes en nuestras cárceles. Para atacar esta grave problemática, hemos iniciado un programa de envergadura, el Plan Justicia 2000, que incluye remodelación y creación de nuevas cárceles, nuevos destacamentos de trabajo, sistemas de requisas más efectivos y menos humillantes, un mayor control interno de las prisiones, etc. Se trata de un plan integral que sin duda dará frutos sólo a mediano y largo plazo.

VA: ¿Cómo va a ser la participación del Ministerio del Interior y Justicia en el proceso de declaratoria de emergencia judicial?.

IA: Tal declaratoria la está estudiando la Asamblea Nacional Constituyente. La misma estaría inserta en todo un proceso de reorganización del Poder Judicial. No obstante, en mi opinión, la declaratoria tiene que hacerse paulatinamente porque no se pueden eliminar de una vez todos los jueces del país. La declaratoria de emergencia sólo significa tener la posibilidad de actuar rápidamente en los casos de jueces en que existan fundadas sospechas de corrupción, y así tener la libertad de sustituirlos prontamente. Ahora, esto esta ligado a la creación del Poder Moral, el cual es una figura ideal, una utopía, que siempre hemos tenido. Y que trata simplemente de que todos los órganos del Estado sean más transparentes.