Opinión Nacional

Imputocracia

«Imputocracia» es el gobierno por imputación, incriminación, acusación e inculpación. El paredón judicial como columna vertebral de un despotismo habilidoso.

Se equivocan quienes sostienen que el «sexenio bolivariano» ha ignorado el tema de la reforma judicial. Todo lo contrario. Le ha metido el pecho con método y energía. Pero no para lograr una justicia independiente e imparcial sino, precisamente, para despojarla de cualquier viso de autonomía y por ende hacerla un instrumento servicial a su afán de dominio.

Hace casi dos años un alto funcionario de la «revolución» le confesó a un buen amigo periodista que iban a «judicializar» la lucha política contra los opositores. Dicho y hecho, esa es una de las realidades más perversas del modus-operandi del régimen boinacolorá.

Cómo será la cosa que hasta los abogados defensores en algunas conocidas causas políticas son, a su vez, imputados por tales o cuales sospechosos delitos. En otras palabras: la cuadratura del círculo del terrorismo tribunalicio.

La «imputorragia» tiene un solo y elocuente límite: que el presunto «transgresor» sea partidario del «proceso de cambios». La impunidad político-judicial llevada a su máximo esplendor, o debería decir a su máxima miseria.

Así todas las innumerables demandas y solicitudes de investigación a personeros del régimen, comenzando por el presidente Chávez, o son resueltas de inmediato en favor del jerarca o son engavetadas en el mobiliario de la Fiscalía, Contraloría o TSJ.

Muy distinto a lo que ocurre si la denuncia es contra un periodista crítico, o un dirigente político de oposición, o un alcalde y gobernador no-chavista, o un ex-empleado de Pdvsa, o un militar retirado, o cualquier alma viviente que, por ejemplo, asomara la cabeza por Miraflores durante los sucesos de Abril.

Tres palancas mueven y sostienen a nuestra «imputocracia»: el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia por parte de Chávez y su entorno; la condición «provisoria» de la gran mayoría de los jueces venezolanos, cuya permanencia en el cargo depende, no faltaba más, de la discreción de ese mismo TSJ; y la subordinación de la Fiscalía y Contraloría a fieles partidarios de la supuesta revolución. Como decía el añejo Trinity: «no puede pa’ pierde con nadie».

Las recientes imputaciones a Patricia Poleo, Ibéyice Pacheco o Tulio Alvarez llevan la marca inconfundible de la «imputocracia». También la imputación a los comisarios Vivas y Forero, y qué decir de la larga y trabajada lista de imputables e imputados que administraba el finado fiscal Anderson.

Poco debería importar si el señor Chávez está ahora más apoltronado en la vieja silla de Miraflores, la «imputocracia» como sistema de dominio no sólo es contraria a la cultura democrática de Venezuela, sino que además es un síndrome adicional del retroceso de nuestra república hacia una satrapía. Con eso no se pueden hacer las paces.

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