Inseguridad: escribir la historia con tinta de obituarios

Mientras el Gobierno Nacional del Presidente Chávez anuncia planes, programas, proyectos y demás fantasías, los secuestros, los robos, los asaltos y la violencia se explayan a lo largo y ancho del país. En tanto en los hogares venezolanos hay luto por las vidas perdidas a manos de la delincuencia, los organismos de seguridad del país hacen reuniones y convocatorias y anuncian con bombos y platillos un plan de guerra contra la delincuencia. Pero resulta, que su guerra es en el papel, en los medios de comunicación, en la televisión y en la radio. Puro hablar. A los ciudadanos, a las víctimas, a los deudos, les ofrecen sopa de letras.

Hay que decirlo con todas las palabras: si no pueden con el cargo, los jefes policíacos deben irse a sus casas. La incompetencia de los cuerpos de seguridad del Estado le cuesta a la sociedad venezolana un largo historial de sinsabores y obituarios. Para cubrir sus ineficiencias, los cuerpos de Seguridad Pública le endilgan la culpa a los códigos y a las leyes de ser débiles y laxas. Para ello, envían propuestas, reformas, iniciativas para dar la apariencia ante la opinión pública de que están “trabajando”. Piden a leco herido que se aumenten las penas a los delincuentes. Pero la fauna oficial olvida que los venezolanos ya no nos chupamos el dedo, que los ciudadanos queremos ver resultados, no más vanas promesas.

En Venezuela, vivir es lo más peligroso que tiene la vida.

Ellos lo saben. Saben que han sido incapaces de resolver el drama de la inseguridad pública, sencillamente porque no cumplen con su jurado deber de proteger a la ciudadanía del acoso de la delincuencia. Gracias a la ineficiencia de los cuerpos de seguridad del Estado hay luto en miles de familias venezolanas. Y hay también la más atroz angustia en familias que sufren la desesperación de tener un miembro secuestrado. En Venezuela, la industria del secuestro se ha instalado cómodamente en la piel social, quemándola, sembrándole un dolor indescriptible. ¿Qué hace el gobierno? Pues nada menos que anunciar, pomposamente, que habrá cárcel para quien no denuncie un secuestro. Sí, usted leyó bien. El gobierno ha decidido criminalizar a la víctima. Quienes no alerten sobre un plagio serán castigados con 3 años de cárcel.

En una nota de Sara Carolina Díaz (El Universal, 30/07/2007), leemos: “La industria del secuestro es la denominación (…) que se le ha dado a una práctica que ha movilizado 9.600 millones de bolívares que se pagaron por concepto de rescate de secuestrados el año pasado. Ante la imposibilidad del Estado de actuar para contrarrestar semejante negocio, la Comisión Permanente de Política Interior puso sobre la mesa un proyecto de ley con el que se pretende aplicar la política de la no negociación, bloqueando todo intercambio entre secuestradores y familiares de las víctimas y multando a los que se atrevan a propiciar una negociación particular sin dar aviso a las autoridades.”
Y en la nota de la periodista hay más: “El artículo 23 del borrador indica que todo ciudadano está obligado a denunciar, sean o no familiares de la víctima, al Ministerio Público y demás autoridades competentes de los delitos del secuestro y la extorsión. La omisión será castigada con prisión de uno a tres años. Igual castigo está contemplado para aquel que por cuenta propia procure liberar a través de un tercero a una persona secuestrada. Estas acciones serán responsabilidad exclusiva de los cuerpos policiales (…) Lo más importante que tendrá la Ley Contra el Secuestro, la Extorsión y Otros Delitos Conexos de Privación de Libertad es la política que el Estado debe asumir para luchar contra estos delitos, no negociar con secuestrados, el pago del rescate y la entrega de la persona. El Estado no tiene que negociar con secuestradores porque la Constitución establece que éste debe garantizar los bienes a los ciudadanos. Cuando el Estado permite el pago de rescate de secuestro evidencia gran debilidad frente al auge delictivo del secuestro y nosotros queremos rescatar el poder punitivo del Estado…» Eso que usted acaba de leer son declaraciones del diputado y vicepresidente de la comisión legislativa que prepara la ley, Juan José Molina. Sí, aunque usted no lo crea, un diputado venezolano, un compatriota.

Pero hay mas, mucho más. El artículo 16 de la ley en preparación marca que «Al tener noticia cierta o se conozca de la comisión de algunos de los delitos previstos (secuestro o extorsión) el Ministerio Público, una vez iniciada la investigación, procederá a elaborar el inventario de la persona secuestrada, de su cónyuge o concubina, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Las personas citadas deberán hacer bajo juramento una declaración de sus bienes y los del secuestrado. (…).”
Esa es la Venezuela que estamos viviendo. La Venezuela donde la vida y la seguridad de la gente es cada día menos importante. Esa es la clase de gobierno que padecemos. Un gobierno que interpreta la heroicidad como un ejercicio de penalizar y hacer sufrir aún más a las víctimas de la inseguridad. Lo repetimos, en Venezuela vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Estamos escribiendo la historia con tinta de obituarios.

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