Opinión Nacional

Internet y la reforma judicial

Uno de los aspectos más graves de la severa crisis del sistema judicial venezolano es la falta de mecanismos adecuados para la distribución transparente de la información a lo largo del sistema. Inmensas colas de abogados, asistentes jurídicos o pasantes a las puertas de los tribunales, buscando información tan sencilla como las listas de demandas introducidas o copias de las sentencias emanadas de los tribunales, son evidencia de un problema grave de circulación de información en el sistema. La falta de mecanismos adecuados para que se distribuya la información sobre leyes, decretos o reglamentos del gobierno hace que los abogados y los ciudadanos en general no puedan hacer valer sus derechos o exigir a otros el cumplimiento de sus deberes. Los proyectos de Ley presentados ante el Congreso son normalmente documentos de escasa circulación, lo cual impide un verdadero procesamiento democrático de las decisiones de los legisladores.

Internet puede ser una respuesta a esta grave situación. De hecho, ya se ha convertido en una solución al problema.

La información es poder. Y la falta de información también.

El problema de la carencia de información se remonta a la falta de modernos métodos de producción y distribución de la información en el poder público. Por ejemplo, es bien sabido que la Gaceta Oficial se produce usando sistemas basados en el fotocopiado de los documentos que provienen de los distintos organismos oficiales. Es así como algunos de los textos en la Gaceta son adecuadamente legibles porque se imprimieron en una impresora de alta calidad, mientras que otros fueron mecanografiados en máquinas realmente obsoletas, con bajísima calidad de impresión. Las sentencias de la mayoría de los tribunales se producen con métodos arcaicos de manipulación de documentos, lo cual hace prácticamente imposible crear colecciones de jurisprudencia útiles a abogados y jueces.

Pero eso no es lo más grave. Lo realmente grave es que la información jurídico-legal proporcionada por los entes oficiales no es digital, sino física. Está en papel. Esto quiere decir que la búsqueda de información sobre colecciones legislativas o jurídicas se convierte en un ejercicio complicado y costoso. Un abogado amigo posee una bella colección de la Gaceta Oficial desde su creación por Guzmán Blanco en 1871. Sin embargo es casi imposible buscar sobre esa colección graciosamente empastada aquella información valiosa para resolver u opinar sobre un caso específico. ¿Cómo identificar entre las 37 mil Gacetas y los 950 mil documentos que se han publicado aquel párrafo que debe aplicarse a un caso particular? Se requiere entonces de mentes especiales con memorias de elefantes para recordar cuál Gaceta contiene tal o cual documento importante.

Frente a esta situación, los bufetes y profesionales del Derecho han buscado soluciones a través de la creación de índices y archivos referenciales para identificar la fuente de la información sobre un determinado tema. O a través de bibliotecas en las que se catalogan miles de documentos usando programas digitales o elementales ficheros. Algunos simplemente no utilizan la información jurídico-legal en absoluto y se limitan a ejercer una práctica superficial, basada en la acumulación personal de información en carpetas o archivos muy limitados. De esta manera, la calidad del acceso y la manipulación de la información está pésimamente distribuida en el poder judicial.

El hecho es que mientras la información jurídico-legal no sea digital, es muy difícil convertirla en inteligencia útil para producir decisiones y opiniones de calidad. Es prácticamente imposible realizar una investigación jurídica seria que asegure que todos los factores se tomaron en consideración al emitir un juicio. Esto ocurre con frecuencia en los tribunales que, carentes de sistemas adecuados de acceso a información sobre jurisprudencia, repiten decisiones incorrectas que luego deben ser revocadas en los tribunales superiores, simplemente porque el juez a nivel inferior simplemente no sabía que existía jurisprudencia sobre la materia.

Bienvenido Internet

Hoy en día a través de Internet miles de bases de datos electrónicas pueden ser utilizadas fácilmente, de una manera poco costosa, desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Esto se ha hecho común en los países desarrollados, donde las empresas y la gente obtienen información y crecientemente realizan transacciones a través de la red. Sin embargo, aunque las librerías electrónicas son ya un hecho común en una amplia gama de áreas profesionales, hasta ahora han tenido poca presencia entre el público latinoamericano y venezolano.

Hoy han prácticamente desaparecido las limitaciones de comunicación y de procesamiento de bases de datos de textos para manejar rápidamente masivas colecciones de documentos desde el computador personal. Estos sistemas requieren de redes de telecomunicaciones confiables, lo cual explica el relativo poco desarrollo de las redes de información de uso común en Venezuela y América Latina.

Una vez instaladas, inicialmente las redes electrónicas están vacías de información. Son sólo amplias autopistas sin vehículos y sin pasajeros, sin estaciones de servicio ni lugares de descanso. Para los venezolanos, Internet hasta ahora es sólo una manera – positiva, sin duda, pero limitada – de acceder a lo foráneo. Aunque se instalen las infraestructuras de las redes, toma un esfuerzo importante llenar las colecciones de información útil que pueden ser accesadas a través de ellas. Ese vacío de las redes electrónicas debe ser llenado. Este proceso ha llevado a la creación de miles bases de datos de uso público y aplicaciones en áreas tan disimiles como medicina o astrología, finanzas o turismo. En Venezuela todavía queda mucho por hacer en este campo.

Una reforma judicial sin precedentes

Hace varios años, varias personas tuvimos la visión de que esas limitaciones desaparecerían con el tiempo. Decidimos tomar en nuestras manos el problema y buscarle una solución práctica, sobre la simple idea de que las autopistas de la información deben ser llenadas de servicios útiles a las personas y las empresas. En particular, encontramos que el sector judicial es uno de los que más se podrían beneficiar de Internet en un plazo breve.

Se creó MicroJuris de Venezuela (ver nuestra página www.microjuris.com/venezuela), con la colaboración de empresas nacionales e internacionales expertas en sistemas de información jurídica, para facilitar el acceso rápido y universal a una masiva bibliografía legal de Venezuela, incluyendo leyes y reglamentos, sentencias de tribunales, normativa administrativa, tratados internacionales y noticias. Básicamente el reto que nos trazamos consistió en pasar a forma digital la totalidad de la información jurídico-legal de Venezuela y hacerla disponible a través de la red, usando sistemas de navegación y búsqueda de información flexibles y fáciles de usar.

Para ello nos propusimos integrar en un sólo sitio varios esfuerzos que se venían realizando para crear sistemas digitales de información legal venezolana. Por ejemplo, integramos al sistema el «Indice de Consulta Legal» (Incoleg) la más completa base de información referencial existente en Venezuela, con más de 14.000 fichas a todas las normas vigentes, el cual fue creado por uno de los bufetes más destacados del país hace algunos años, luego de un esfuerzo de tres años de investigación jurídica e histórica. También incorporamos a «HiperLex» una base contentiva de más de 500 leyes y reglamentos vigentes, en texto completo, así como la Gaceta Oficial desde 1989. Instituciones públicas como el Servicio Autónomo de Información Legislativa (SAIL) del Congreso, proporcionaron proyectos de leyes en vías de aprobación y un Indice de Leyes Vigentes, actualizado permanentemente. Con el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia acordamos publicar en forma digital todos los decretos de la actual administración y actualizarlos diariamente. Actualmente, se discute con la Corte Suprema de Justicia y la Biblioteca Nacional para incorporar sus documentos jurídico-legales a la red, de manera de integrar en un sólo sitio la más completa biblioteca jurídica virtual del país. De manera autónoma, actualmente se procesan más de 700 sentencias mensuales, emanadas de los 38 principales tribunales del país y de la Corte Suprema de Justicia, se digitalizan miles de páginas de la Gaceta Oficial y se actualiza diariamente la colección, y se produce nueva información continuamente para completar la biblioteca, incluyendo noticias jurídicas, directorios de instituciones del sistema judicial y documentos de doctrina jurídica.

Gracias a un importante esfuerzo de digitalización e integración de bases de datos, con sólo un teléfono, un modem, y un computador personal, hoy en día cualquiera puede conectarse vía Internet a las bibliotecas jurídicas y realizar búsquedas totalmente flexibles sobre miles de documentos y referencias. Una vez identificada la información, se puede guardar, imprimir, enviar a un fax o transmitir por correo a otra persona. Además del acceso a la más completa base documental legal disponible en Venezuela, se tiene la posibilidad de intercambiar información, recibir noticias, participar en foros de discusión, y realizar encadenamientos con otras bases de datos, a través de un sistema de uso fácil y económico.

El usuario puede accesar la información con múltiples enfoques de búsqueda, dependiendo de su situación particular. Por ejemplo, un abogado puede acudir a MicroJuris para identificar la jurisprudencia que está relacionada con un caso; otro puede acudir simplemente para leer la Gaceta Oficial de la última semana; otro puede acudir para realizar una búsqueda documental completa sobre un tema particular con el objeto de producir un estudio sobre el tema; y otro puede utilizar MicroJuris para participar en una discusión o foro sobre un tema legal de importancia.

Sistemas de este tipo permiten sustituir largas horas de esfuerzo que los profesionales del derecho normalmente utilizan para realizar búsquedas y análisis documentales. Pero la más importante consecuencia de este esfuerzo es una transformación en la forma en que la información circula por el sistema judicial, lo cual aumenta la calidad de las decisiones y los procedimientos en el sistema. Si en Internet se encuentran los textos de la sentencias, se creará una verdadera jurisprudencia de uso común y práctico en la medida en que jueces y abogados puedan acceder a esa información sin limitaciones. Si la Gaceta Oficial puede ser consultada a través de Internet, la investigación jurídica se verá mejorada substancialmente en la medida en que los ciudadanos se familiaricen con la información. Ya no será necesario acudir a las colas de los tribunales para averiguar si un cliente fue demandado, porque en Internet estará esa simple información. Y cualquiera, en cualquier lugar del país, tendrá el mismo nivel y calidad acceso a la información legal, de esta manera democratizando la información entre Caracas y el interior del país.

En un escenario como éste, puede decirse que una reforma judicial sin precedentes ya está en marcha en Venezuela. Pero se requeriría de un programa ambicioso para dotar a las instituciones del sector – los tribunales, las notarías, las defensorías, la Fiscalía, la Procuraduría, y muchos otros – de acceso a Internet a través de simples computadores personales, acompañado de un programa para crear procesos más eficientes de generación de información y de decisiones en las instituciones públicas, que facilitara la distribución inmediata de la información a través de Internet. Obviamente poner la información en la red no significa que la crisis del sistema judicial desaparezca. Hace falta mucho más, desde mejorar las leyes y las estructuras organizacionales del Poder Judicial hasta asegurarse que las más altas normas éticas se usan para seleccionar el personal en las instituciones jurídicas. Pero mientras tanto, Internet se ha convertido en una vía para mejorar la transparencia del sistema, y ofrece un mecanismo sencillo, práctico y poderoso para avanzar la reforma.

La información quiere ser libre. Pero se requiere de un inmenso esfuerzo para liberarla. Por ejemplo, para crear una biblioteca completa de normativa y jurisprudencia venezolana hace falta digitalizar alrededor de un millón y medio de páginas o aproximadamente 5 millardos de caracteres, de lo cual sólo se ha digitalizado una modesta porción. Por ejemplo, se requiere – con urgencia – hacer accesible en forma digital cerca de 200 tomos contentivos de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia desde 1989 hasta el presente, que tradicionalmente aparecían en la Gaceta Forense, que lamentablemente no han sido publicados hasta ahora.

La misión de aquellos que tenemos la oportunidad de comprender el poder de cambio de Internet en las sociedades es contribuir a llenar el vacío en las redes electrónicas venezolanas y latinoamericanas. De otra manera Internet será simplemente un mecanismo para accesar a las maravillosas contribuciones del «norte», pero que lamentablemente están hechas «para el norte».

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