Invasión Terrorista y el SAIME
Desde la designación de Dante Rivas como director de la oficina de identificación ONIDEX ahora SAIME, en sustitución de su compinche el titular de la cartera del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, se han multiplicado las denuncias sobre el otorgamiento ilegal de documentación venezolana a terroristas e individuos pertenecientes al crimen organizado.
La designación de Dante Rivas no causó sorpresas en el ámbito político y mucho menos en el criminal, pues El Aissami y Rivas atendieron la misma Universidad y se sabe que ambos, han mantenido desde su época de estudiantes una estrecha amistad y vínculos con el crimen organizado.
Tareck El Aissami usaba el recinto universitario, específicamente el área de dormitorios bajo su cargo, para sus actividades delictivas y se le relacionó a bandas dedicadas al robo de vehículos, tráfico de drogas y tráfico de personas, que combinaban con sus andanzas en movimientos terroristas como las FARC de Colombia, Hamas y Hezbollah del medio oriente. Firaz El Aissami fue acusado por el narcotraficante Walid Makled de recibir soborno para facilitar a través de su hermano, las actividades del Capo en Venezuela.
Según reportes internacionales dignos de todo crédito, El Aissami ha sido señalado de integrar una red terrorista junto con Fawzi Kanaan y los hermanos Abdallah, Ghazi y Oday Nasseredine. Esta red se dedica a reclutar y captar jóvenes venezolanos y de descendencia árabe para entrenarlos en actividades terroristas en el Líbano y/o en la Península de Macanao en el Estado Nueva Esparta Venezuela. Kanaan y Ghazi Nasserdine están en la famosa lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América
El año pasado el Gobernador de Nueva Esparta Morel Rodríguez acusó a Dante Rivas de estar cedulando a toda prisa a grupos dedicados a invadir propiedades de privados y también a extranjeros sin cumplir ninguna clase de requisitos y sin la debida documentación. Además Rodríguez dijo que muchos de éstos extranjeros no poseían residencia conocida y no habían cumplido los requisitos de permanencia en el país.
El gobernador Rodríguez en aquella oportunidad indicó, que las prácticas corruptas e inconstitucionales de Rivas a la cabeza del Saime, debían ser exhaustivamente investigadas por la Fiscalía y la Asamblea Nacional. No obstante dada la complicidad al más alto nivel del gobierno, éstas denuncias duermen el sueño de los justos.
En Venezuela lamentablemente no hay quien le ponga la cascabel al gato y abra una investigación profunda, tendente a sancionar las actividades de Rivas y El Aissami, dentro del alto gobierno, pues al parecer la violación de las leyes en ésta materia tan vital para nuestro país, obedece a una política de Estado. Amanecerá y veremos.
