Inviabilidad de la falta indefinida
Si aceptamos en todas sus partes la sentencia de la Sala Constitucional sobre la enfermedad del hiperlíder, se plantearía un escenario donde el Vicepresidente podría mantenerse en el poder mas allá de los 90 o 180 días, e incluso agotar significativamente el período constitucional. Ello se basa en un concepto que atenta contra la alternabilidad democrática, nacido en la angustia cubana por la eventual pérdida de los enormes subsidios que reciben. Así nace a nivel de jurisprudencia una categoría diferente a la falta temporal y/o absoluta, a través de la bautizada «falta indefinida», cuyas consecuencias políticas son impredecibles.
El régimen trabaja sobre el principio de correr la arruga el tiempo que sea necesario, pero a un precio de daño institucional y radicalización. Estamos ante el riesgo que tendrán las generaciones futuras por la herencia, en términos políticos y económicos, de estos 14 años, que incluyen a los grupos subversivos con armas de guerra, damnificados, motorizados y delincuentes: estos últimos actúan con una impunidad de un 91,7% de acuerdo a la Memoria y Cuenta de la Fiscalía General. Ahora ¿qué pasará ante un eventual deceso y la movilización de las masas? Obviamente funcionará un plan de seguridad y su prioridad serán las edificaciones públicas y áreas estratégicas; pero deben protegerse también las empresas e inmuebles privados.
Hay en la atmósfera una contaminación inducida por el discurso oficialista, que ha ido convirtiéndose en un germen incivil que permite la transgresión, el desconocimiento de la ley y un comportamiento anárquico, que es un instrumento que podría ser aprovechado por cualquiera con malas intenciones. Sobre todo cuando la impunidad crea una situación extremadamente delicada, donde primero, el delincuente reitera múltiples veces su conducta transgresora; segundo, la familia de la víctima sabe de antemano que no habrá justicia y tome vías irregulares; y tercero, que un porcentaje de los ciudadanos tiendan a comportamientos que culminen en acciones de violencia y delitos.
Por todo lo anterior sostener que no hay crisis de gobernabilidad y que la legitimidad está asegurada, es una afirmación que no puede sostenerse, ya que habría que considerar que todo está evolucionando por lo menos de manera peligrosa, por eso es limitado el tiempo en que pueda aplicarse esta doctrina de la falta indefinida, que tiende a impedir la voluntad electoral, la alternabilidad democrática y puede calentar las calles, sobre todo cuando las políticas se fraguan en La Habana.
Se está propiciando un ambiente de agitación social, porque faltan operadores políticos democráticos que puedan mantener, dentro de la racionalidad y el sentido común, esta etapa de transición política. Es oportuno dialogar, controlar los núcleos anárquicos que no obedecen ni a la Constitución ni al régimen, porque se consideran por encima del pacto social y no están dispuestos a acatar reglas ni entregar sus armas, lo que constituye un obstáculo de envergadura para la reconciliación nacional y la gobernabilidad.
