Irresponsabilidad y responsabilidad
El Presidente Hugo Chávez es un irresponsable y el régimen bolivariano, bajo sus directas órdenes, actúa de la misma forma irresponsable. Actos y omisiones irresponsables que deberán generar la responsabilidad política, moral y jurídica en su debida oportunidad, de unos y otros.
Las declaraciones de Chávez en La Asunción, nada novedosas, por cierto, constituyen un nuevo acto de irresponsabilidad absoluta en perjuicio de los intereses nacionales. Ni los jeques árabes serian capaces de disponer de esa manera arbitraria, sin que medie una consulta con el soberano o con las instituciones competentes, de los recursos del petróleo. Ofrecer hasta la última gota que necesiten los paraguayos es una grosería, así de simple. Basta sólo saber, si se trata de una entrega sin contraprestación o de una venta preferencial, “decretada” sin las consideraciones que se exige en estos casos.
Igualmente irresponsables, entre muchas otras proferidas por Hugo Chávez, las declaraciones por las que condena penalmente a los “inhabilitados de Russian”. Llamarlos ladrones, como lo hizo alegremente, incurriendo en un delito de difamación, debería comprometer su responsabilidad penal.
Pero, los actos y omisiones de irresponsabilidad no se limitan a los realizados por el Presidente de la República. Asambleístas, Ministros, miembros del poder moral realizan actos que incurren en igual irresponsabilidad.
En días pasados la Fiscal General declaró no haber leído todos los Decretos emitidos por el Presidente bajo la Ley Habilitante, al mismo tiempo que afirmaba que estaba convencida de que esos decretos eran constitucionales y que por lo tanto, ajustados al derecho. Una declaración de esta naturaleza merece el mayor rechazo. En un país serio, la Fiscal habría tenido que abandonar su cargo. Otra irresponsabilidad mayor.
La Defensora del Pueblo y el Contralor General de la República, para completar el Poder Moral, actúan o se abstienen de actuar con igual irresponsabilidad. Los presos políticos que se mueren en las cárceles del régimen no existen para el Defensor del Pueblo. Ninguna declaración ni actuación sobre los procesos, evidentemente políticos, anulables desde todo punto de vista. Los derechos humanos por el suelo. Privación ilegítima de la libertad, detención arbitraria, el derecho a la vida y a la integridad física y moral no le incumben a la Defensora del Pueblo. Otra irresponsabilidad.
Ni hablar de las actuaciones y de las omisiones del «honorable» Contralor General de la República. Las “decisiones judiciales” que adoptó al inhabilitar a los opositores que incomodan a Miraflores, en la forma más grosera, sin ningún fundamento, son otra muestra de la irresponsabilidad de este “funcionario”. Las omisiones son más graves. El país se desangra en medio de la corrupción más descarada y el Contralor-juez no opina (omisión) y cuando lo hace (acción) afirma que no hay indicios suficientes para determinar actos de corrupción.
Pero, más temprano que tarde, porque estos regímenes a pesar de lo largo que aparentan ser, son transitorios, estos funcionarios deberán rendir cuenta a la sociedad venezolana, a los órganos competentes pues, definitivamente, todos los delitos deben ser considerados. La impunidad debe erradicarse. Si en algún momento se llegase a plantear una negociación para encontrar la reconciliación nacional, para superar la crisis que heredaremos de este régimen irresponsable, muchas de las actuaciones y omisiones de algunos deberán ser investigadas y sancionados sus responsables.
Ni hablar de actos que van más allá del delito a la cosa pública, de los delitos contra la sociedad cuando se incita al odio o cuando se establece, como se ha hecho, la discriminación. Los actos y omisiones relacionados con crímenes mayores, como el terrorismo, entra en otra esfera de responsabilidad que escapará, probablemente, de las manos de los órganos nacionales.
La irresponsabilidad acaba con el país, pero el establecimiento de la responsabilidad en su oportunidad resarcirá los daños causados.
