J.V. Rangel expresa la entropía de la revolución bolivariana y es la antesala de un proceso destinado a destruir a las fuerzas armadas
Hace pocas horas he tomado la decisión – que me ha causado un profundo dolor y una irreparable pérdida intelectual y afectiva – de suspender un viaje a Venezuela programado para el próximo lunes 5 de febrero. Se trataba de participar de un seminario organizado por la Universidad Simón Bolívar sobre la naturaleza del proceso bolivariano en Venezuela.
El texto que he enviado al organizador de ese seminario, Profesor Hernán Castillo, dice textualmente así:
«Estimado profesor: interpreto que la designación de Rangel como superministro es un verdadero «golpe de Estado». Rangel fue la persona que me expulsó públicamente de Venezuela en 1999, con el consentimiento expreso del presidente Chávez. Bajo todo punto de vista, y en las actuales circunstancias, mi seguridad estará seriamente afectada. Nadie puede garantizarla después del «golpe de estado» palaciego ya realizado. Por lo tanto he decidido suspender el viaje a Caracas. Asimismo quisiera presentarle, al país y a la Universidad, un análisis de situación que señale con la mayor exactitud posible el enorme riesgo en que se encuentra hoy Venezuela, a las puertas de una guerra civil, que es el único resultado posible de esta entropía en que ha entrado la revolución -desde hace bastante tiempo- y que hoy se materializa en el golpe de estado que pone a Rangel en el Ministerio de la defensa. Rangel como ministro de defensa, es simplemente el símbolo del fin de la revolución y, en primer lugar, el comienzo de la liquidación de las fuerzas armadas, a fin de poner al país en la antesala de la «globalización». Esta es un película que yo ya he visto por lo menos una vez, en la Argentina. Le repito que en este momento no tengo la menor duda de que mi seguridad en Venezuela iba a estar seriamente comprometida, como mínimo. Las fuerzas que se mueven detrás de Rangel son enemigas mortales mías».
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La crisis ideológica y la parálisis y desintegración operativa que afecta a la nomenklatura quintarrepublicana es la versión tropical del mismo viejo delirio que siempre calentó los sesos de los «iluminados», en todo tiempo y lugar: confundir con la realidad lo que sólo está escrito en un papel. Es cierto que el texto de la nueva Constitución otorga libertades extraordinarias a los ciudadanos de Venezuela, pero en la vida real se les sigue prohibiendo a la inmensa mayoría de la población el derecho más simple, que es el derecho a una vida económicamente digna.
Discursos delirantes hablan hasta la saciedad del «poder popular» y de la «democracia directa», pero se le niega al pueblo un simple y sustancial aumento salarial, que es el inicio y la base insoslayable de cualquier proyecto mínimo de justicia social. Estamos en el núcleo de todos los proyectos izquierdistas, que cuando se transforman en gobierno, en cualquier parte del mundo, constituyen la negación de cualquier práctica económica distribucionista. Todos los regímenes de izquierda que nacieron y murieron en el siglo XX prefirieron trabajar con mano de obra esclava o semi-esclava; en todo caso con proletariados con bajísima capacidad económica. No hubo ningún gobierno «de izquierda» que, para lograr la tan anhelada «acumulación original», no haya acudido, en primer lugar, a la superexplotación del proletariado y del «bajo pueblo» en general.
Venezuela sigue por el mismo camino «progresista». Pero negándolo en los discursos a cada momento, lo que lleva a un verdadero «delirium tremens», que me recuerda las discusiones que hace treinta años manteníamos con un grupo de amigos (los entonces llamados «albaneses») del Partido Comunista Italiano. Allí se trataban hasta en sus detalles más insignificantes las características que deberían poseer los «nuevos hombres» que construiría el «verdadero socialismo» de Enver Hoxa. Pero nunca se resolvieron los «pequeños detalles» de la vida: con el tiempo el régimen cayó y aún no se había siquiera diseñado el alcantarillado y no había luz eléctrica fuera de algunas manzanas del centro de Tirana.
Hoy Venezuela está afectada, en esencia, por la misma parálisis, por un tipo similar de demencia política: el síndrome albanés. La nueva clase gobernante carece en absoluto de capacidad para traducir en hechos puntuales y concretos, económicos y sociales, dentro de la misma comunidad venezolana, aunque sea sólo una parte de los confusos lineamientos estratégicos que expone el Presidente.
La ruptura entre el discurso y la práctica económica, social y política se produce por dos motivos básicos: por la confusión intrínseca de la estrategia que expone el presidente (declamar objetivos sin señalar nunca los medios para realizarlos), y por la ridícula pretensión de alcanzarlos a través de una burocracia (nueva clase) no sólo anclada en presupuestos ideológicas del siglo XIX. El problema es que esa burocracia «democrática» es sobre todo leal al sistema que dice combatir. Asimismo la ruptura entre la estrategia (exterior) y las acciones económico-sociales internas es total y absoluta. Lo que significa que estamos en el camino seguro hacia la catástrofe.
La pretensión de realizar una revolución social interna – construir el tan cacareado «poder popular» o «democracia directa»- dentro de un marco de economía de mercado sería aceptable si estamos pensando en un Capitalismo de Estado, o un Capitalismo Nacional, que es una concepción transideológica que originariamente emerge de tres conceptos básicos de la Alemania guillermina-bismarckiana, ya olvidados por las Academias Neoprogresistas: Economía de Guerra, Planificación y Movilización Nacional.
Son estos conceptos (que deben ser rescatados y revalorizados) los que nos llevan a expresar una verdad tan simple y elemental que casi avergüenza tener que recordarla: no puede existir ninguna forma de participación política del «pueblo» sin una dignificación económica previa de los trabajadores (vía «salariazo», en primer lugar), ni una organización productiva mínima de los marginales, entendida como paso previo a su integración completa en una economía de pleno empleo.
La nomenklatura quintarrepublicana pretende realizar su «revolución» sin justicia social no sólo en un marco de «libre mercado» (lo que ya sería la cuadratura del círculo), sino sobre todo manteniendo el ajuste y la apertura económica dura y pura. «Ajuste» y «Apertura»: he aquí las dos variables hegemónicas a las que se considera «conditio sine qua non» para el mantenimiento del «status quo» con Washington. Después de casi dos años de revolución no se pueden elevar sustancialmente los salarios de los trabajadores, ni organizar económicamente a las masas de desocupados a partir de sueldos mínimos asegurados por el sector público, porque la política económica es de ajuste y apertura (es decir de transferencias de ingresos hacia la cúpula de la pirámide social y, desde allí, hacia el exterior del sistema). En ningún momento la conducción económica ha intentado siquiera alterar parcialmente las reglas impuestas por la dogmática liberal y por las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Esto encaja muy bien con la Weltanschauung izquierdista de la nomenklatura. Estamos simplemente en el puente que siempre unió al capitalismo con el socialismo real y la socialdemocracia.
Esta estrategia lleva a las Fuerzas Armadas a una actividad puramente asistencialista y coloca al estamento militar en una posición extremadamente débil e insostenible en el mediano plazo. Para mantener un discurso falsamente populista se utiliza a las Fuerzas Armadas en tareas de «asistencia social», pero no de organización productiva de la mano de obra expulsada del sistema. El asistencialismo militar reemplaza, entonces, a la justicia social.
En estas condiciones hablar de «poder popular» o «democracia participativa» es algo más grave que expresar una mentira disfrazada de verdad: este puro teatro que representa una revolución sin justicia básica (que es la justicia salarial) nos coloca dentro de las más estrictas tradiciones de la política económica marxista-leninista. En todos los casos, sin excepción, el «socialismo» trató de construir un sistema económico a partir de la superexplotación y de la esclavización de los trabajadores y de los marginales. Y siempre es lo mismo, en la ex URSS, en la República Española, en el Chile masónico de Salvador Allende, en Cuba, en Albania o en la democratísima República de Weimar. El primer derecho que pierden los trabajadores y los «pobres» es el más básico y fundamental: el derecho a percibir un salario «sustancialmente digno».
La clave entonces para entender a Venezuela consiste en asumir el hecho de que por el momento no existe (como inicialmente se pudo haber supuesto) ninguna diferenciación ideológica entre los dos niveles o escalones de decisiones instalados en el gobierno.
El escalón estratégico es el que está determinado por el ámbito de decisiones que emergen de la figura del Caudillo propiamente dicha, tal como yo la he definido en un libro anterior, con su correspondiente nivel de legitimidad (legitimidad carismática). El escalón táctico, o formal, es el determinado, en cambio, por el ámbito de competencia del sistema político que emerge como factor derivado o subsidiario de la legitimidad carismática, tal como ello será analizado más adelante. Todo ese sistema político subsidiario o derivado no tiene ningún tipo de legitimidad. Por el contrario, vino cargado de un fuerte parasitarismo ideológico que actuó como causa principal en el proceso entrópico que ya ha afectado a la totalidad del proceso.
No hay contradicciones entre ambos niveles en la exacta medida en que el escalón táctico, o formal, fue y sigue siendo el ejecutor del proyecto estratégico central.
La existencia de estos dos escalones o niveles de gobierno es lo que explica, entre otras cosas, las permanentes contradicciones que surgieron entre las declaraciones de destacados miembros de la periferia (del gobierno), y algunas acciones prácticas que en pasado asumió el Caudillo. Ésas anteriores contradicciones formales son ya cosa del pasado. En la actualidad parece haberse diluído la frontera que separaba a dos niveles decisionales distintos en Venezuela. En todo caso ella no era un fenómeno derivado de la existencia de dos ideologías diferentes (una central y otra periférica) dentro del mismo proceso.
En estos momentos yo he llegado a disponer de una visión muy amplia sobre la magnitud y la envergadura del bloque de fuerzas que adversan mis propuestas políticas e ideológicas. El está no sólo en Venezuela sino en el progresismo (lobby judío) de la Costa Este de los Estados Unidos. No hay que olvidar que quien legitima simbólicamente el proceso democrático venezolano es Jimmy Carter (quien en su momento fue el primer presidente norteamericano en viajar a Israel): esto quiere decir que el «progresismo» internacional intentó y logró, al menos provisoriamente, cooptar a Chávez. Esta es la raíz del problema de mi «expulsión» provisoria de la política Venezolana y de todos los agravios que he recibido en ese país.
Desde hace algún tiempo los analistas y los políticos (entre ellos el ex vicepresidente del país y el jefe de la DISIP, nada menos) popularizaron el concepto «ceresolismo» (y en cierto período se refirieron a él con cierta maníaca insistencia), al que definen como un corpus de ideas «antidemocráticas» que, sin embargo, para muchos otros ciudadanos de la República bolivariana, sirve o sirvió de sostén de los movimientos estratégicos del Presidente. Ya existen, incluso, algunos «ceresólogos» importantes y otros muchos aficionados. Y como no podía ser de otra manera se han publicado al día de hoy más de 1.000 artículos sobre esta cuestión, tanto en la prensa venezolana como en la extranjera.
En verdad el «ceresolismo» es presentado como el núcleo ideológico duro de un proyecto estratégico que supuestamente manejó, en algún momento del pasado, directa y personalmente, el presidente-Caudillo. Yo admito que lo que hoy en Venezuela se llama «ceresolismo» es ya una nueva realidad en la cultura política de ese país, y tema de interés creciente en universidades de la América Septentrional y en grupos de especialistas europeos. Y ello es así porque constituye una total transgresión con todo el pensamiento político anterior de y en la región. Incluso es una contradicción con la versión actual del chavismo, por lo menos con la que exhibe la nomenklatura quintarrepublicana.
El «ceresolismo» tiene relevancia porque es lo opuesto a todas las formas anteriores de pensamiento político en un país dependiente, pero de fuertes tradiciones socialdemócratas, como es el caso específico de Venezuela. Y porque, además, es un «sistema de pensamiento», es decir, un conjunto de conceptos ordenados y jerarquizados, donde cada una de ellos está orgánicamente conectado al conjunto. Tiene además conexiones profundas con importantes movimientos de ideas – tanto en Europa como en los Estados Unidos – que son vistas por los «establecidos» como desestabilizantes o desestabilizadoras.
En ese sentido el chavismo no es una ideología emergente del «ceresolismo»; ya que este último es un aspecto específico y puntual de un vasto movimiento revisionista internacional, que no acepta el actual universo político y cultural (del cual «la izquierda» es parte orgánica y constituyente), construido artificialmente a partir de la última posguerra mundial.
Desde un principio el «ceresolismo» causó una enorme irritación «todo azimut». La izquierda lo definió como fascista, mientras el establishment lo satanizó como «antisemita» (curiosa definición negativa de una persona que es amigo del pueblo árabe, cuna y crisol por excelencia de la raza y de la principal lengua semita); por su parte, importantes miembros del gobierno lo declararon inexistente. El espectáculo lo dieron, sobre todo, algunos raquíticos intelectuales orgánicos a la «idea del progreso», y a las gratificantes becas y codiciados empleos que ofrece el «mundo occidental» a los «pensadores» políticamente correctos ().
Ante un hecho inesperado que se iba consumando con bastante rapidez, de la irritación se pasó a cierta perplejidad y, en la actualidad, a la aceptación más o menos resignada de que el mal ya está instalado, y para colmo funcionando, según algunos «ceresólogos», a través nada menos que del mismísimo Caudillo (lo cual es cada vez menos cierto, evidentemente).
SOBRE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
Cuando sostengo que los Ejércitos, de tierra, mar y aire, constituyen el escenario insustituible de una trascendental batalla política en Venezuela, quiero decir que sólo existen dos opciones para los cuadros de esas Fuerzas: o incorporarse activamente al proyecto estratégico que emerge del principio de legitimidad carismática, o desaparecer institucionalmente.
En otras palabras. No existen dos proyectos militares. Existe uno solo, porque el otro está orientado a la destrucción de las Fuerzas Armadas, tal como ya ha ocurrido en la mayoría de los países «democratizados» y «liberalizados» de la América Meridional. Es esa experiencia la que nos señala que la eliminación de las instituciones militares es el prólogo para el ingreso al patio trasero de la globalidad. Es el sello inequívoco de la colonización en estos tiempos de «igualamiento» forzado, en el que los hombres se transforman en «chips», y las patrias en mercados. Al día de hoy sigo pensando como el gran filósofo alemán: «Sé por la experiencia y la historia humanas que todo lo esencial y grande sólo ha podido surgir cuando el hombre tenía una patria y estaba arraigado a una tradición» (Martin Heidegger, «Der Spiegel», 28 de marzo de 1967).
Esto significa que la búsqueda de la Fuerza Armada como escenario o campo de una confrontación política no es algo que dependa de la voluntad de los actores, no es en absoluto una arbitrariedad ni mucho menos un capricho. La fuerza armada es, por el contrario, el marco estratégico dentro del cual se resolverá el destino de Venezuela. Para simplificar al extremo esta cuestión, sin desvirtuar los términos en la que está planteada, es lícito afirmar que sin fuerza armada, no habrá destino para Venezuela, porque es sabido que las versiones pos-modernas de la «democracia» exigen, todas ellas, la desaparición de esas Fuerzas, como paso previo a la desaparición de las naciones.
No existen dos proyectos militares. Sólo a partir de la legitimidad carismática es posible elaborar una concepción estratégica dentro de la cual la institucionalidad militar asume una importancia hegemónica en estos tiempos de eliminación de fronteras, de exclusiones y de brutales empobrecimientos materiales y espirituales.
En un principio el proyecto fue Caudillo, Ejército, Pueblo. Pero durante los últimos dos años prevaleció la entropía, dado que el proceso revolucionario, interferido por la nomenklatura política, no logró manifestarse a través de avances concretos ni en el plano de la dignidad social ni en el de la independencia estratégica nacional. Por lo tanto, la vigencia de la fórmula exige una modificación importante. Es necesario modificar el orden de los factores porque el concepto Caudillo, en definitiva, vino viciado con arrastres partidocráticos y con aberrantes parasitarismos ideológicos. El «partido» que se coló detrás del Caudillo no aporta nada significativo para la gobernabilidad de Venezuela (ellos son sólo «cuatro gatos»); la ideología que pretende sustentar el proyecto del nomenklator es profundamente contrarevolucionaria: el marxismo-leninismo. No es posible lograr la gobernabilidad del país ni con ese partido ni con esas ideas. Sino más bien todo lo contrario.
Después de la decepción causada por esta primera etapa del chavismo, los Ejércitos deben asumir una responsabilidad política y estratégica aún mayor. La fórmula sería entonces: Ejércitos, Caudillo, Pueblo.
Se trata de que los cuadros militares comprendan a fondo esta situación. Un retorno a la vieja «democracia» no sólo es imposible. Sería además la materialización de un destino horroroso: como ya a ocurrido en toda la América Meridional; una parte de los oficiales se convertirán más o menos en buhoneros, y la otra en Legión Extranjera Policial especializada en controlar disturbios internacionales. Ambas, dentro y fuera de una patria que por entonces ya será inexistente.
Por lo tanto, el campo de batalla intra-militar no es una opción libremente elegida, sino una cuestión de supervivencia nacional. La continuidad de la fórmula Caudillo, Ejército, Pueblo no puede ser sino Ejércitos, Caudillo, Pueblo. Sólo ella podrá mantener e incrementar la cohesión institucional de las Fuerzas (porque esa cohesión es vitalmente necesaria y la única alternativa al horror de la guerra civil).
Efectivamente, en el extremo opuesto, la opción que plantea la «democracia» marginal – geopolíticamente subsidiaria – es el camino inexorable de la guerra civil. Será un democracia necesariamente fraccional y faccional. Que sobre todo necesitará romper la cohesión institucional de las Fuerzas para llevar a una minoría dentro de ella a ser la Gendarmería de lo políticamente correcto. Este es el núcleo de la violencia que oferta el retorno a una Venezuela pre-chavista. Nada nuevo: ya ha ocurrido muchas veces en nuestra América Meridional. Siempre se bombardea «preventivamente» a los pueblos en nombre de una «libertad» que, para ellos, nunca llega.
La «democracia» de la guerra civil es de nuevo tipo; lejos de los presupuestos del Enciclopedismo, ya no importa cuántos votos tenga un líder. Lo que importa es saber si esos votos llevan el ADN «democrático», según han definido este concepto los herederos de los vencedores de Segunda Guerra Mundial. En Europa la doctrina se aplicó y se aplica en casos extremadamente distintos, como la Serbia de Milosevic y la Austria de Haider; por ello, tal vez, Vladimir Putin exhorta al pueblo ruso a agruparse en torno a sus fuerzas armadas, con moral de victoria y rearmadas. Sólo con las fuerzas ubicadas en ese plano de decisiones estratégicas se podrá pensar en explotar las líneas de fractura de la política mundial.
Entendida como elemento hegemónico de un nuevo principio de legitimidad carismática, la fuerza se convertirá en el eje de un vasto proceso de desarrollo económico, tecnológico y social (seleccionando tecnologías en áreas hasta ahora prohibidas – ¿Rusia? – y construyendo industrias militares propias, por ejemplo); y en el núcleo de una geopolítica en primer lugar regional, orientada a producir honor, poder y bienestar para nuestros pueblos de nuestra Patria Grande. Es decir, aquello de lo que carecen los excluidos, los fracturados y los marginales.
La polarización política que plantea la restauración democrática es el inicio de un camino que, si no se lo bloquea a tiempo, desembocará inexorablemente en una catastrófica guerra civil en Venezuela. Lo que hoy está actuando en este país, por encima de todas las coyunturas, es el viejo principio clausewitziano de la «ascención a los extremos».
Porque el objetivo real tras las imágenes no es ofertar una alternativa «democrática» al «caudillismo populista», sino eliminar radicalmente esta última realidad, cuanto antes, por medios políticos, si fuese posible; eliminarla antes de que se convierta en un hecho estratégico definitivo y definitivamente desestabilizador de la América Meridional.
Naturalmente la eliminación política – indolora – del principio caudillista, que está en la naturaleza e informa a la revolución venezolana, es por definición una empresa imposible: y ello se sabe con certeza en Washington. En definitiva el cambio de régimen sólo se podrá realizar por la vía de la fractura militar, es decir, de la guerra civil. Ese conocimiento exacto está en el núcleo del crimen que se piensa cometer.
A esta estrategia del enemigo le debe corresponder una contraestrategia nacional y popular, aún inexistente. La fórmula de la victoria política y militar es tremendamente simple: solidificar la ecuación Ejércitos+ Caudillo+ Pueblo. No hay ningún otro camino para ahorrar sangre venezolana. Y en la mejor opción, para demostrar que la cuota de sacrificio que deberá poner el enemigo sobre el campo de batalla será de una magnitud tan horrorosa y contundente, que resulte suficiente su sola imagen o mención para limitar su estrategia, paralizar sus movimientos y anular sus intenciones.
Madrid, sábado 3 de febrero de 2001
