Jorgito el represor
La noche del 4 de febrero de 1992 el general Peñaloza, ex-comandante del Ejército, en un programa de televisión dirigido a una audiencia entre exultante y perpleja, habló de las barbaridades que estarían cometiendo los golpistas si hubiesen triunfado en aquella madrugada. Llegó a decir que con toda seguridad a esa hora en la que era entrevistado estarían ocurriendo fusilamientos y ahorcamientos en el Estadio Universitario de Caracas. Chávez y demás alzados hubieran actuado como una combinación de Fidel Castro y Pinochet. La supuesta justicia expedita y revolucionaria habría cobrado sus víctimas en cuestión de horas.
El triunfo del golpe habría significado una masacre instantánea y no ésta que vivimos por goteo. La persecución se hubiese instalado de manera inmediata y no hubiésemos sufrido el sinuoso, pero seguro, proceso de asfixia a la democracia.
Aquellas imágenes que Peñaloza desgranaba ante nuestro asombro sólo tenían por respuesta unas preguntas: ¿Y por qué permitieron (él y otros jefes militares) que estos fascistas organizaran y ejecutaran un levantamiento? ¿Para qué sirve la inteligencia militar (oxímoron insuperable, según Manuel Caballero), si no puede descubrir conspiradores dentro de las Fuerzas Armadas?
Pero si bien no se produjeron aquellos fusilamientos, el régimen que tiene como mito fundador aquel fallido golpe ha ido cometiendo los más diversos abusos contra la disidencia democrática.
No hay casos de horca pública, pero sí de asesinatos a mansalva. Recordemos los 19 muertos del 11 de abril de 2002; a Evangelina Carrizo muerta por un guardia nacional hoy en libertad, mientras participaba en una manifestación en febrero de 2004; a Maritza Ron asesinada por pistoleros que fueron fotografiados y que no han sido castigados.
En el estado Táchira cumplen condena presos políticos cuyo delito fue irrumpir en la residencia oficial del gobernador en una acción de protesta, desarmados y teniendo en mente la renuncia de Chávez que hizo pública el jefe de las Fuerzas Armadas del momento, Lucas Rincón.
Presos políticos son Carlos Ortega y los generales Usón y Alfonzo y un largo etcétera, quienes se encuentran en diversas cárceles por el delito de oponerse a este régimen. Ortega se encuentra preso por organizar una huelga –derecho reconocido en cualquier democracia- en razón de su liderazgo sindical. A Usón se le ha sentenciado por manifestar cómo funciona un lanzallamas: una mera declaración técnica que lo hace acreedor a una pena por “vilipendiar a la Fuerza Armada”. A Alfonzo le acaban de dictar cinco años de cárcel por dar un corto discurso en un “área de seguridad”.
Hay decenas de imputados en las filas de la oposición. Unos por asistir a la autojuramentación de Carmona, otros por recibir financiamiento extranjero para organizar algunos cursos (Súmate), otros porque Carmona los nombró en el libro que escribió sobre su gobierno infinitesimal.
Igualmente se ha innovado en la jurisprudencia mundial al acabar con el principio de la cosa juzgada. Sobre los militares implicados en los hechos de abril de 2002 pende una probable sentencia de prisión después de haber sido dejados en libertad por el TSJ en pleno.
De la activación del referendo revocatorio el régimen obtuvo un instrumento magnífico para perseguir y discriminar a quienes valientemente firmaron solicitándolo. A través de otro instrumento –el diputado Tascón- Chávez le exigió a sus sigüices del CNE la entrega de todas las firmas (“planas” o no) para armar la mayor lista negra de la historia.
La persecución política del régimen se ha ensañado igualmente con los 18.000 trabajadores botados de Pdvsa a raíz del paro nacional que concluyó en febrero de 2003. Estos obreros, empleados, técnicos, profesionales y gerentes han sido discriminados, hasta en las nóminas de las empresas contratistas de “la nueva Pdvsa”. Ante el horizonte del desempleo en su tierra, muchos se han visto obligados a emigrar. Otros se desempeñan en labores que no tienen nada que ver con su formación. Y, para mayor desgracia, hasta ahora no les han sido canceladas sus prestaciones sociales.
A quienes todavía se niegan a ver la clara vocación represora del régimen, sólo bastaría con preguntarles por las acciones emprendidas por el Fiscal General y el Defensor del Pueblo en cada uno de estos casos.
El chavismo, en su configuración militarista y protonazi, busca criminalizar toda oposición que no siga las indicaciones de “seriedad” que plantean cada tanto el primer locutor y el segundo. Casi mensualmente se introduce un proyecto legal para perseguir a quienes no piensan como el caudillo. Al código penal le han agregado tipos delictivos que sólo persiguen acallar la disidencia. Para eso también se aprobó la Ley mordaza que chantajea de la manera más descarada a las televisoras y radios privadas.
Ahora es el presidente del CNE, Jorge Rodríguez, quien amenaza con sancionar a quienes no acudan a votar el 7 de agosto. Pretende ignorar Jorgito que la Constitución de 1999 eliminó el deber de votar. En su afán de reivindicar al jefe, el constituyente quiso avalar la conducta abstencionista que tuvo aquél antes de 1998.
Jorgito se aleja de Freud y Lacan para uniformarse de disip o dim y reprimir así a quienes no votarán.
