Opinión Nacional

Juristas afirman que la justicia venezolana está arrodillada ante el Ejecutivo Nacional

En el marco del séptimo aniversario de los sucesos del 11 de abril de 2002 la Fundación Justicia y Democracia (FJD) realizó el foro denominado “La justicia en Venezuela: ¿ciega o arrodillada?” en el que se analizó al sistema judicial en el país. Todos los ponentes coincidieron en que la justicia venezolana se encuentra parcializada y subordinada a los mandatos del Gobierno Nacional.

El evento contó con la participación de los abogados defensores de los sucesos ocurridos en abril del 2002 tales como José Luís Tamayo, abogado de los comisarios Vivas, Forero y Simonovis; Antonio Rosich, representante del foro penal venezolano y VIVE; Alberto Arteaga, abogado penalista; Negar Granado, abogado del caso Poleo y Malvina Pesate, una de las victimas del 11 de abril.

El presidente de la fundación, Shully Rosenthal explicó que hoy por hoy la justicia venezolana sólo sirve para amedrentar y generar miedo, “cuando vemos esos dictámenes sin pruebas, son señales del Gobierno para generar miedo”. Además, aseguró que el hecho de celebrar elecciones no es la única señal de que un país sea democrático, pues la intimidación voltea la voluntad popular.

Rosenthal hizo un análisis de la preocupante situación del sistema judicial en Venezuela, en virtud de la politización de aquellas decisiones que afectan injustamente a ciudadanos cuyo pensamiento es distinto al oficialista, “un pueblo sin justicia está condenado” sentenció.

José Luís Tamayo, insistió en que todas los policías fueron condenados sin pruebas, y expresó que tiene un trabajo adelantado que demuestra la cantidad de manipulaciones de la película “claves de una masacre” para tratar de inculpar a los comisarios y policías por lo que, calificó de absurda y política la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Lamento las declaraciones del Presidente porque él creía que esa sentencia fue dada porque había datos irrefutables y eso es totalmente incierto”.

Tamayo se refirió a la designación de Jacqueline Farías como Jefa de gobierno del distrito capital, “se está timando la voluntad del electorado cuando votaron por Ledezma. A él se le han quitado paulatinamente sus funciones y ahora se le impone a dedo una figura mayor a él”.

Por su parte, Antonio Rosich condenó que el estado esté utilizando todo su poder para someter a aquellos que disienten del régimen actual y manifestó que era lamentable la decadencia del sistema judicial en Venezuela.

“Con la sentencia dada a los comisarios pretenden mostrarnos que se hizo justicia. Esa sentencia a nadie le puede sorprender por su contenido político”. Además, señaló que en el caso se alteraron manifiestamente pruebas al haber tergiversado declaraciones.

Alberto Arteaga, abogado penalista instó a seguir luchando por el derecho y la justicia en el país, al tiempo que calificaba de dictamen político y no de sentencia lo ocurrido a los policías implicados en los hechos del 11A.

Arteaga apuntó que no hay señalamiento de todos los imputados como autores materiales o intelectuales de los sucesos ocurridos, “tanto la Fiscalía General de la República como el TSJ dan por sentado que ellos no son los autores y simplemente les aplicaron una norma que tiene más de 100 año de vigencia. ¡Esto no tiene sentido!”, exclamó.

Exigió respeto por los derechos humanos, a la constitución y los derechos básicos, porque según el jurista en Venezuela todos están pasando por graves momentos de crisis.

Otro de los ponentes invitados, Negar Granado indicó que todo el proceso fue ilícito debido a que condenaron sin determinar la responsabilidad que tienen los policías en hechos punibles, “la justicia en Venezuela se encuentra dependiente de todos los otros poderes, mientras que debería ser imparcial, idónea, real y efectiva”, manifestó.

Granado aclaró que la justicia venezolana está arrodillada, “y ciertamente debería ser ciega, sin predilección, sin preferencias, sin miramientos, ni tintes políticos, una justicia respetable y responsable”.

Una de las victimas del 11A, Malvina Pesate expresó que se debía agradecer al Gobierno por diversas razones que la hicieron reaccionar ante todos los sucesos que han ocurridos en los últimos años dentro del país.

“Por la pasividad que ayudó a conducir al país a una dictadura. El Gobierno nos enseñó a opinar y no dejarnos llevar por lo que digan los demás. A respetar la constitución y a vivir en democracia porque sin ella se pierden todos los derechos”, argumentó.

Pesate aseveró que se debe buscar la estrategia para llegar a todas aquellas y hablar de todas las realidades y verdades que ocupan al país, “debemos decirle a todos que la justicia está manipulada y sometida”.

“La justicia es injusta cuando la democracia es dictadura”, concluyó.

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