Opinión Nacional

La agenda oculta

Documentos del debate político venezolano

Nunca he escrito con mayor deseo de equivocarme, ni con mayor temor de tener razón. Finaliza el año 2002 y la oposición no descubre su agenda. Razones tiene para no hacerlo. Si la oculta, es porque es impublicable. Si no la promueve dentro del marco constitucional, es porque su objetivo es desconocerlo.

Si aquellos que aspiran a gobernar el país no se consideran obligados a comunicar su proyecto, los posibles gobernados tenemos el derecho a conjeturarlo. Para ello disponemos de un precedente inolvidable: la intentona golpista del 11 de Abril. Las fuerzas que rigen la oposición son las mismas que la apoyaron: el gremio patronal de Fedecámaras, la CTV, una fracción de los medios, supervivientes de las difuntas organizaciones bipartidistas y pequeños partidos constituidos como agencias de relaciones peublicas de tales grupos.

A iguales actores, tácticas idénticas: cierre de empresas insurreccional, movilizaciones que molestan el funcionamiento capitalino, saturación mediática, invocación explícita al alzamiento militar, intento de cierre de PDVSA, esta vez condenado explícitamente por el Tribunal Supremo de Justicia.

No predica la oposición una sola conquista social, una sola mejora colectiva, una sola reforma de interés común. El Nacional informa que el cierre patronal cuesta diariamente 270 millones de dólares (A-1, 19-12-02). Inversiones de tal magnitud solo pueden ser resarcidas con la privatización de PDVSA, ya cumplida en parte por ejecutivos que no solo rechazan el derecho de Venezuela a nombrar la Directiva de la empresa, sino que pretenden que la empresa nombre la Directiva de Venezuela.

Tal privatización reduciría la participación de nuestro país en la industria a una magra recaudación tributaria. Esta podría devenir todavía más exigua mediante mínimas reformas a los vigentes tratados contra la doble tributación, que permiten a empresas y personas extranjeras pagar en el fisco de su país de origen los impuestos que deben por ingresos obtenidos en el nuestro.

PDVSA misma sufriría una radical reducción de personal y un draconiano corte de gastos con el modelo aplicado en las privatizaciones de VIASA y de la Electricidad de Caracas. Sus primeras víctimas serían los trabajadores petroleros, comenzando por la privilegiada Nómina Mayor.

La drástica reducción del ingreso público se traducirá en proporcional restricción del gasto en Educación, Salud, y Seguridad Social; violenta disminución del consumo, consiguiente quiebra masiva de la pequeña y mediana industria, agudización del desempleo y cuasi desaparición de la clientela de los profesionales privados. La inmediata integración al ALCA arrasaría la desprotegida industria nacional. Viviríamos la crisis argentina, con una diferencia: Argentina produce los alimentos que consume, mientras que nosotros importamos alrededor del 70% de los que necesitamos.

Tales cambios, comenzando con la privatización de PDVSA, no pueden ser promovidos dentro del orden constitucional. La concentración del poder económico y el político en un gremio patronal que tendría a los medios y a los cuerpos represivos como únicas instancias de mediación con la sociedad requiere, como en el 11 de abril, de la derogatoria de la Constitución Bolivariana, la disolución de los poderes surgidos de acuerdo con ella y la aplicación masiva y feroz de una violencia ilimitada como la que anticipa el gobernador de Carabobo Salas Feo en conversaciones divulgadas por el Canal 8.

Ni la oposición de buena fe comparte esta agenda oculta, ni los defensores de la constitucionalidad la toleraríamos. Su rechazo es una buena base para un acuerdo público. La alternativa es demasiado atroz como para considerarla.

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