Opinión Nacional

La batalla por la base aérea de la Carlota

La construcción de un núcleo de viviendas en los terrenos de la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” generó un conflicto de intereses entre los movimientos sociales, las autoridades públicas y los operadores políticos que confluyen en el Área Metropolitana de Caracas. La disputa sobre el uso de los terrenos del aeropuerto de “La Carlota”, no parece tener una solución cierta; por ahora. Sin embargo, el caso replantea de nuevo el debate –también inconcluso- sobre la calidad de las políticas públicas, en cuanto a la utilización de los espacios públicos en el ámbito capitalino.

El aeródromo de “La Carlota”, fue creado en 1945 por iniciativa privada. A partir de 1947 fue integrado al componente aéreo de las Fuerzas Armadas Nacionales, convirtiéndose de esa manera, en una base militar. Esto no impidió, que en la base aérea cohabitara la aviación militar con la civil, por casi sesenta años; hasta que el gobierno nacional restringiera su uso mediante Decreto 38.087, de fecha 15-12-2004. Con esta medida, más de doscientas aeronaves privadas tuvieron que ser “mudadas” por sus dueños a otros aeródromos o aeropuertos nacionales.

La base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” es una instalación militar; allí estuvo la sede del Comando Estratégico de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional, hasta su reciente traslado a la ciudad de Maracay. Por su naturaleza jurídica, la gestión de esta dependencia militar corresponde al poder central. Ahora bien, la base militar se encuentra ubicada justo en el Área Metropolitana de Caracas. Su extensión alcanza unas 108 hectáreas; y, limita con tres de los cinco municipios (Baruta, Chacao y Sucre), que integran la capital de la República. Por ende, la administración de “La Carlota” tiene que considerar a las autoridades públicas metropolitanas y municipales; y mucho más en un marco de competencias gubernamentales descentralizado y concurrente.

La ubicación geográfica del “enclave militar” determina su relación directa con la ciudad; y, con la calidad de vida de los habitantes de sus zonas aledañas. A lo largo de su historia, el aeródromo de “La Carlota” ha funcionado como un espacio público, si se quiere hasta natural, con el que cuenta el Área Metropolitana de Caracas, para ocasiones relevantes. En tal sentido, baste recordar que la base aérea ha sido utilizada para la realización de espectáculos públicos musicales, para ferias y exposiciones nacionales e internacionales. ¿Y no fue acaso, en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” donde el Papa Juan Pablo II, realizó su histórico encuentro con miles de feligreses en Febrero de 1996? ¿Y no ha sido justamente allí, en ese mismo espacio, donde el gobierno nacional ha organizado últimamente las denominadas ferias internacionales del turismo?

La disputa por el destino final de los terrenos de “La Carlota” delata además, las inconsistencias de los actores involucrados en el problema. Primero que nada, quedó clara la violación del Presidente Chávez de los mecanismos de consulta ciudadana que contempla el ordenamiento constitucional y legal vigente en el país; y, que sin duda aplican a ese tipo de decisiones. Y es que una decisión de esta cualidad específica tiene que ser sometida a un proceso de consulta popular. No realizar ese proceso consultivo, podría acarrear la nulidad de ese acto administrativo.

Otro elemento álgido, ha sido la incapacidad pública y manifiesta de los distintos niveles de gobierno -nacional, estadal, metropolitano y municipal- para establecer una visión de conjunto sobre el desarrollo sostenible y sustentable de los espacios públicos en la ciudad de Caracas. De igual manera, el respeto de los derechos de todos los habitantes y su inclusión en los procesos de formulación, gestión y control de las políticas públicas ha sido de nuevo vulnerado por esas mismas autoridades.

La actitud de las agencias gubernamentales involucradas; tales como: los ministerios de Vivienda y Habitat y de Ciencia y Tecnología no han cumplido con la obligación de brindar información veraz y oportuna; y de rendir cuentas a los sectores sociales interesados e involucrados. Estas circunstancias podrían generar inevitables opacidades, en cuanto a la ejecución de los presupuestos públicos asignados para las obras proyectadas por el gobierno. El Cabildo Metropolitano; aunque con bastante retraso, y de forma reactiva ante la presión vecinal, trata ahora de reconducir políticamente el conflicto, buscando la conciliación de las visiones contrapuestas.

Un pequeño grupo de asociaciones vecinales del sureste de Caracas –representante de los sectores medios que habitan en esa zona- asumió el liderazgo de la lucha social, contra la construcción de las seiscientas viviendas y del parque temático en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, anunciadas como obras por el gobierno nacional. Y en realidad, las protestas y las iniciativas presentadas por esta “alianza vecinal” no carecen de legitimidad; por el contrario, indican un alto compromiso para defender sus intereses particulares o las causas que perciben como justas. Otra cosa muy distinta, es que el propósito de la lucha de los vecinos de estas urbanizaciones, sea entendido y compartido por el resto de las comunidades organizadas del municipio Baruta y del resto del Área Metropolitana de Caracas. Su capacidad de establecer redes de cooperación y alianzas con otros sectores; aún está por verse. Si esto no ocurre, el movimiento se debilitará progresivamente.

Por otra parte, el movimiento vecinal pareciera agotar su actividad con la introducción de un recurso jurídico de amparo que logre detener las obras que se adelantan hasta ahora, en la base aérea. De la misma forma, la propuesta del “parque verde” debería ser sustentada técnicamente para que logre superar el nivel superficial de “consigna de lucha”, que por ahora ostenta. ¿Además, no podrían acaso conjugarse los proyectos de un parque verde con un parque tecnológico?

Una de las expresiones asociativas que mantiene una posición más contundente y seria en este proceso es el Colegio de Arquitectos de Venezuela. En efecto, el CAV viene proponiendo desde hace meses la realización de un “concurso de ideas” que pueda generar sinergia alrededor del tema del desarrollo urbano sustentable de la zona de La Carlota. El problema básico de esta propuesta es su alcance, que puede ser limitado sino es asumido por algunos de los actores que protagonizan el conflicto en la actualidad. En todo caso, desaprovechar las propuestas del CAV sería cometer un craso error.

Los actores políticos son los otros factores se han presentes en este evento. La movilización social alrededor de la base aérea se produce en una zona catalogada de interés estratégico por el gobierno. Por si fuera poco, el conflicto se produce justamente antes de las elecciones regionales y locales de las autoridades públicas de ese ámbito. En tal sentido y, pese a la objeción de algunos sectores vecinales, la participación de algunos precandidatos en los eventos aparenta ser un fenómeno natural. Después de todo, son figuras públicas que pudieran aportar conocimientos específicos a la lucha emprendida por los vecinos; y obtener para ellos, algunos apoyos específicos que les hagan subir en las encuestas.

Por otra parte, el oficialismo luce replegado y sin mucha capacidad de respuesta. El Alcalde Metropolitano ha insinuado su desacuerdo con la construcción de viviendas. Otros voceros oficialistas -esta vez desde el Cabildo Metropolitano-, han mantenido una posición institucional de bajo perfil; mientras quizás esperan el desgaste natural del movimiento. Desde esa misma instancia, la oposición ha sido un tanto más proactiva y ha propuesto un proceso de consulta que involucre a autoridades, académicos y ciudadanos. El Concejo Municipal de Baruta–conciente de la fuerza que tiene el movimiento vecinal en Chuao-, otorgó un derecho de palabra a los representantes vecinales para que expongan en esa Cámara, sus puntos de vista sobre el problema (la actividad se realizará el próximo Martes 1° de Abril). Mientras que el Cabildo Metropolitano realizará otro cabildo abierto (el jueves 3 de Abril); esta vez en el Parque del Este. En todo caso, y con relación a las implicaciones de este caso, los actores políticos encendieron sus alarmas. Ellos están muy claros en la trascendencia del asunto que tienen frente a sí.

La problemática de La Carlota no se resolverá en el corto plazo; salvo que se vuelvan a omitir los derechos que tienen todos los ciudadanos al disfrute democrático y equitativo de la ciudad y de sus espacios públicos. El tema de la base aérea de La Carlota tiene que evaluarse bajo una perspectiva de inclusión, de solidaridad y donde el tratamiento de los espacios públicos y el suelo urbano se correspondan con el interés ambiental, cultural y social de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La batalla por el aeródromo de La Carlota trasciende por mucho el debate sobre la construcción de un grupo de viviendas o de un parque verde o temático. En esta batalla, se pelea por el ejercicio pleno de la ciudadanía y de su participación corresponsable en la planificación y la gestión de la ciudad. De la misma forma, es el momento de exigir y hacer valer los derechos por el diseño y ejecución de políticas públicas urbanas y ambientales de calidad, sustentables, presupuestadas con responsabilidad, con respeto al patrimonio histórico y cultural de Caracas y, orientadas estratégicamente hacia la prevención de su crecimiento urbanístico desordenado.

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