La cortesana espera comandante…

La Magistrada Luisa Estella Morales, se autodefinió como un “espinito”, cuando en julio de 2009 le dijo a la periodista Vanesa Gómez: «Bueno, Vanessa (…) tal vez si me conocieras desde antes, como otros que sí me conocen, ¿verdad, Eligio (Rojas)? Es peligroso meterse conmigo porque yo también soy como el espinito, que en la sabana florea; ustedes todavía no me conocen, pero revisen». Claro que te conocemos y te revisamos para el futuro,

Espinito es uno de esos personajes que en las monarquías se denominaban cortesanos, y pero que en nuestro lenguaje popular reciben el calificativo más sonoro y descriptivo de “jalabolas”. Son personajes dedicados a tiempo completo a deleitar al poderoso, tratando de interpretar sus sueños y deseos de manera de “darle donde es” para obtener sus favores: desde un cargo público donde “haiga”, hasta una mirada complaciente o una simple referencia del supremo en público, preferiblemente frente a los demás cortesanos.

Tales personajes siempre han existido y continuarán existiendo. Unos más dañinos que otros. Los menos dañinos se deshacen en loas al poderoso para obtener favores o ser aceptados en el cogollito, como es el caso del diputado Escarrá, que sin rubor alguno, rompiendo todos los records de reptación , afirmó que “El presidente [Chávez] viene a ser en nuestra constitución como el sol que, firme en su centro, da vida al universo….esta suprema autoridad debe ser perpetua y permanente”. Eso es sencillamente un arrastrarse. Pero en el fondo no causa un daño más allá de despertar sentimientos de pena ajena y vergüenza a su familia.

Pero cuando el cortesano investido de poder, para halagar al poderoso, lesiona la institucionalidad y los derechos ciudadanos, el asunto toma otro cariz. Y ese es el caso de la magistrada Espinito quien, en para complacer megalomanía del Iluminado de Sabaneta, desde su alta posición agrede principios fundamentales del estado de derecho y de la democracia. Así, todos recordamos cuando hace poco hizo pública su posición de que «No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado». Y para ella el Iluminado es el Estado, el sol que le da vida y la puso donde hay. Y ladra semejante dislate para justificar la sumisión del TSJ y todos los poderes a la voluntad autocrática del Iluminado.

Pero ahora Espinito, con la complicidad de una llamada Comisión Judicial,  ha ido más allá de las simples declaraciones de sumisión. Esta vez, haciendo uso abusivo de su posición, lesiona derechos fundamentales de miles de ciudadanos y se toma atribuciones al margen de la constitución y las leyes. En efecto, el día 16 de los corrientes la opinión pública y el foro venezolano fueron sorprendidos con la siguiente noticia: 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, mediante un comunicado, suscrito por la presidenta del máximo tribunal Luisa Estella Morales instruyó a todos los jueces “con carácter de urgencia” para que  suspendan,  “todas las medidas ejecutivas cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva”. La medida fue anunciada en un comunicado de prensa emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y difundido a través del diario Ciudad Caracas, que resalta que la medida será de forma temporal, dado que los magistrados que conforman en la Comisión Judicial esperan por la decisión del presidente Hugo Chávez, a los fines de regular la forma en que realizarán los desalojos de las familias que se encuentran en calidad de arrendamiento. “Procédase a realizar la presente instrucción bajo apercibimiento, en el entendido que su inobservancia por parte de los jueces o juezas será causal de las sanciones correspondientes. Participación que se hace a los fines consiguientes”, expresa el texto enviado por el Tribunal Supremo de Justicia.(Fuente Diario del Orinoco y sitio web oficialista www.abrebrecha.com)

Más claro no canta un gallo. Espinito y su combo han suspendido la vigencia de la ley, congelado la ejecución de sentencias pronunciadas  por los tribunales competentes, en espera “por la decisión del Presidente Hugo Chávez …” 

Lo importante, lo medular de la decisión, y esto es más que jaladera es un templón, es que la toman porque están a la espera la “decisión del Presidente”, que será quien en definitiva decida sobre la suerte de los derechos de los accionantes. Estos cortesanos, encabezados por Espinito, sin pudor alguno, entregan en manos del caudillo la administración de justicia, borrando así la separación de poderes, pasando por encima de los derechos ciudadanos, usurpando funciones y demoliendo la independencia de los jueces.

El primer derecho fundamental violado es el “derecho a la seguridad jurídica”, principio universalmente reconocido, que se entiende como la «certeza del derecho» que deben tener todos los ciudadanos, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido. Derecho triturado por la llamada Comisión Judicial del TSJ y su presidenta, cuando al margen de la constitución y las leyes suspenden la ejecución de sentencias definitivamente firmes en “espera de la decisión del Presidente”. En efecto, la llamada Comisión Judicial del TSJ y su presidenta,  totalmente incompetentes para suspender la vigencia de la ley y el curso de los procesos, se burlan y confiscan los derechos de los ciudadanos que incoaron esos procesos y obtuvieron una sentencia favorable que esperaban que se ejecutara conforme a la legislación vigente y conocida por ellos. Pero Espinito y su combo resuelven suspender las ejecuciones de sentencia para someterlas a las disposiciones de una “ley” que eventualmente dictará el Iluminado y que por supuesto nadie conoce. Esa una grosera violación del derecho a la seguridad jurídica.

La írrita decisión conculca el derecho constitucional a la “tutela judicial efectiva”, establecido en el artículo 26 de la constitución más violada del mundo, que reza: Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Derecho éste que queda sin efecto cuando arbitrariamente Espinito y su combo de cortesanos suspenden indefinidamente la ejecución de sentencias definitivamente firmes, que concluyen el proceso.

La decisión de la Presidenta del TSJ y la llamada Comisión Judicial, incumple su obligación constitucional plasmada en el artículo 253, que a la letra manda: Artículo 253. …(omissis)… Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. Y al someter la ejecución de las sentencias definitivamente firmes a una voluntad distinta a la de la ley vigente, la voluntad presidencial, incumplen groseramente el mandato constitucional.

Igualmente, la amenaza o «apercibimiento» que hace la magistrada Espinito cuando ordena, cual sargento de caballería: “Procédase a realizar la presente instrucción bajo apercibimiento, en el entendido que su inobservancia por parte de los jueces o juezas será causal de las sanciones correspondientes. Participación que se hace a los fines consiguientes”, constituye un flagrante atentado extorsivo contra la independencia de los jueces. El afán de complacer la voluntad presidencial convierte a Espinito y los integrantes de la llamada Comisión Judicial en extorsionadores de oficio e instigadores a delinquir.

La decisión es un atentado contra el derecho de propiedad de los propietarios de inmuebles arrendados para vivienda. Esta decisión, que habría que impugnar ante la Corte Celestial, en lugar de contribuir a la solución del problema de la vivienda, agravado en extremo por la ineficacia del régimen, contribuirá a agravarlo.

El precedente que se sienta con ésta decisión es de extrema gravedad, al constituirse la llamada Comisión Judicial en un órgano que puede determinar la suerte de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, mediante la suspensión de la vigencia de cualquier ley en “espera de la decisión del Presidente”, que se encuentra habilitado para legislar sobre todos los aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, podría el Iluminado anunciar su intención de reformar el Código Orgánico Procesal Penal y Espinito y su combo de la Comisión Judicial, resolver suspender todos los procesos penales por determinados delitos de acuerdo al interés político del régimen. 

Los cortesanos con poder, como hemos visto, son extremadamente peligrosos, porque su adulación y el afán de deleitar al poderoso no tienen límites.