Opinión Nacional

La democracia rompe con la dictadura de Cuba

Desde la aprobación y decisión del Partido Comunista, en marzo de 1961, de ir a la guerrilla, con la risible tesis de “nuevo gobierno ya”, se pasaba a una posición diferenciada de las violentas manifestaciones callejeras, motines en diversas ciudades, secuestro de aviones y otras actividades de alteración. En Cuba se proponía cambiar prisioneros por tractores y ya Fidel había decretado al Partido Comunista Cubano como Partido Unico en la isla. Y el 11 de noviembre de 1961, el Presidente Rómulo Betancourt formalizó el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.

Era una decisión que estaba ya decidida desde antes de romper relaciones, pero hubo una pausa debido a razones humanitarias: cerca de un centenar de asilados estaban asilados en nuestra Embajada, cobijados bajo nuestra bandera. No se quería entregarlos indefensos a las represalias de un régimen para el cual el desmán y el irrespeto a la persona humana no tenían límites, como lo evidenciaba incuestionablemente la práctica de fusilamientos ante “el paredón”. Una vez que México aceptó trasladar a los asilados –hombres, mujeres y niños- a su sede diplomática, se produjo el rompimiento en la fecha arriba especificada.

Además de que el Gobierno de Coalición tenía conocimientos de la participación de Cuba en los eventos subversivos de Venezuela, hubo muchos hechos y actitudes del gobierno cubano que revelaban una desafiante agresividad frente a Venezuela, a sus gobernantes y a sus instituciones democráticas, que obviaremos en mérito a la brevedad y para evadir lo anecdótico.

Pero lo que ya resultó imposible de aceptar, por la dignidad misma de la nación, fueron los exabruptos del Canciller cubano en los cuales acusó al nuestro y al Jefe de Estado de actuar bajo los dictados e indicaciones de potencias extranjeras, siguiendo esa “técnica” totalitaria de acusar a otros de lo que se hace en casa. El rompimiento era la respuesta más decorosa que podía dárseles a quienes rebasaban los límites de la tolerancia en las relaciones internacionales. Y así se hizo.

El Gobierno de Venezuela no había ocultado en ningún momento su repulsa a los métodos de fusilamientos políticos, encarcelamientos en masa y otras barbaridades que se venían aplicando en Cuba. Esa repulsa no se enraizaba sólo en elementales sentimientos de solidaridad con un pueblo de nuestra misma raza y de nuestra misma lengua. También porque esas prácticas totalitarias violaban (y siguieron violando) expresas normas del sistema jurídico interamericano, dentro del cual se consideraba parte el gobierno cubano, por cuanto mantenía su representación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La tesis de que los derechos humanos son supranacionales y de que ningún gobierno puede matar, torturar y perseguir con implacable saña a sus opositores no tienen sólo carácter de posición principista y doctrinaria; es compromiso y obligación concreta de quienes integran la comunidad regional de los Estados de este continente. El principio de autodeterminación de los pueblos y el de la no intervención de un Estado en las cuestiones internas de otros no pueden ser invocados, a la luz de los textos específicos de los tratados internacionales americanos, como parapeto protector de una política de “represiones sangrientas que América entera repudia”.

Esta era una posición y un criterio sostenidos anteriormente por el Gobierno de Coalición. Lo sostuvo frente a la dictadura de Santo Domingo, a la cual acusó de despótica por violador de los derechos humanos ante la OEA, que se pronunció contra el dictador y sus métodos. El apoyo que el dictador dominicano dio a quienes realizaron el atentado de Los Próceres el 24 de junio de 1960, fue respuesta a esa posición de consecuencia con los principios, adoptada frente a sus métodos criminales por el régimen venezolano.

Alto fue el precio pagado por esa insobornable lealtad a criterios de solidaridad y defensa de pueblos americanos victimados por despotismos, que estaban profundamente arraigados, porque su vigencia se pugnó con tenacidad cuando en Guasina y Sacupana, durante la dictadura de Pérez Jiménez, en las cárceles y en el exilio, millares de venezolanos sufrían la misma suerte que la padecida por dominicanos y cubanos.

Pero en dichos pronunciamientos oficiales de Venezuela sobre la situación cubana se mantuvo un tono de discreta ponderación. No se insultó jamás a los gobernantes de ese país, aun cuando se trataba de mandatarios autoelectos, que nunca convocaron al pueblo a elecciones. Otro había sido el proceder de los gobernantes de Cuba y de sus vehículos regimentados de información. Utilizaban el más plebeyo e insultante de los lenguajes contra nuestro país y contra su gobierno.

La situación de los varios centenares de asilados en nuestra Embajada y en otras, y el deseo de que cuando se fuera a una reunión de Consulta de Cancilleres pudiera exhibir Venezuela su ecuanimidad como una prueba más de la manera objetiva con que enjuiciaba la situación cubana, habían retardado la medida de rompimiento adoptada finalmente. Cuando fue ofendida la dignidad de Venezuela ningún lapso aplazatorio para romper relaciones con el gobierno de Cuba podía ser considerado. Se dio la única respuesta compatible con el decoro nacional.

La ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno cubano no modificó ni un ápice otras normas a las que Venezuela estaba celosamente apegada, como la no intervención armada en Cuba por otro país americano. Con motivo de la invasión de la Bahía de Cochinos (17 de abril de 1961), Rómulo tenía una posición firme: “Venezuela no será base de operaciones de ningún grupo que desde nuestro territorio pretenda invadir armado a Cuba. Dentro de la Organización de Estados Americanos, y en nuestro contactos bilaterales con otras cancillerías del continente, sostendremos con recia firmeza la tesis de que la invasión a Cuba por fuerzas armadas de un país americano sería la quiebra del sistema regional y el fracaso del esfuerzo de treinta años realizado para que se consagre como un principio no discutible el que los ejércitos de un país continental no pueden invadir y ocupar a otro país de América. Distinto a ello, y sí compatible con las pautas de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos y con tratados internacionales, es que en una reunión de consulta de Cancilleres se estudien las medidas colectivas adecuadas para impedir que miembros de la comunidad regional interfieran en los asuntos de otro, u otros, y se conviertan en riesgo potencial para la paz de América, al supeditar su política internacional a la de potencias extracontinentales y al adquirir en ellas verdaderos arsenales bélicos”.

Cuando se gobierna con sentido democrático, y no autocrático, la función atributiva y privativa del Jefe del Estado, en materia de política exterior, no se interpreta con un sentido restrictivo, sino adecuándola a realidades que no pugnan con su esencia misma. Por eso el Presidente del Gobierno de Coalición solicitó y obtuvo el respaldo del Consejo de Ministros, de los partidos integrantes coalición gubernamental, así como de los dirigentes obreros democráticos, y de las Fuerzas Armadas, ya que es función específica de esta institución la de estar alerta ante la soberanía de la patria, y porque se trataba de aceptarle el reto al gobierno de América Latina que había recibido de sus aliados comunistas de Europa y Asia material de guerra cuantioso, al extremo de que fuera de Estados Unidos no había país del continente que tuviese en ese momento mayor cantidad de hombres integrados en un ejército de 300 mil efectivos.

El Presidente Betancourt también hizo un llamado sincero y patriótico a los grupos políticos que en Venezuela sostenían con mayor calor la causa cubana que la de su propia patria. Les pedía que manifestaran su oposición a la decisión del gobierno nacional “por los métodos pacíficos y legales de la crítica desde sus curules parlamentarias y desde sus órganos de prensa, publicados estos últimos sin censura previa ni represalias gubernamentales”.

Agregó Rómulo, para que no quedaran dudas: “Si escogen otro camino, el de la violencia callejera y el motín, la respuesta del gobierno será rápida, enérgica y eficaz. La garantía del orden público es deber primordial de un gobierno, Y convencido de ello, el que rige actualmente los destinos de le República, impediría que con motivo de la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen cubano se reediten los violentos episodios que conmovieron a Caracas y otras ciudades del país en octubre y noviembre del año pasado”.

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