Opinión Nacional

La detestable administración de justicia

Como la naturaleza desatada, creciente y desbordante, estalló un clamor
surgido de todos los puntos cardinales del país contra la corrupción
judicial. Luego de haberse estado gestando durante años, la corrupción se
extendió de manera incontenible por todas partes causando en muchos casos
daños irreparables tanto en lo personal cuando se trataba de casos penales
como en lo patrimonial. El daño era doble, en unos casos por lo inaccesible
que estaba resultando a quien no tuviera o no pudiera disponer los recursos
económicos para asumir los prohibitivos costos de un proceso y en otros por
las alcabalas múltiples con que se encontraban en la mayoría de los casos
para llevar adelante una actuación judicial. Si a ello añadimos la lentitud
que caracterizaba a la mayor parte de nuestros tribunales en el desempeño de
su actuación, podemos entender la reacción generalizada y el reclamo
incesante de nuestro pueblo contra un sistema judicial que funcionaba las
mas de las veces como una refinada expresión de la injusticia.

Esa situación cada día más insostenible explica la aceptación general
que ha tenido en el país la decisión tomada por la Asamblea Nacional
Constituyente para reorganizar el poder judicial. Que yo sepa nadie ha
cuestionado la actuación de la ANC en ese aspecto, salvo aquellos que se
sienten víctimas de una injusticia. Elio Gómez Grillo como Presidente de la
Administración de Justicia y Manauel Quijada,de la Comisión de Emergencia
Judicial realizaron un trabajo que el país estaba esperando. Estoy seguro
que Gómez Grillo, empecinado paladín de ls justicia penal debe estar
satisfecho del mismo modo que el país le está agradecido. Y Manuel Quijada
será más recordado por su trabajo en la depuración de nuestro sistema
judicial que por su actuación como Ministro de Fomento del Presidente Herra
Campins.

Ese esfuerzo es encomiable, pero sería un grave error pensar que es
suficiente. Hay que recordar que los problemas de la administración de
justicia en Venezuela se remontan a los tiempos iniciales de nuestra vida
republicana. Ya en 1828 Rafael Urdaneta, cuando hablaba de la necesidad de
«una Constitución permanente cuyo principal objeto sea asegurar los derechos
individuales» mencionaba entre los temas a considerar «La detestable
administración de justicia que se debe organizar y mantener con toda
severidad para la consagración de las garantías individuales» Organizar, que
es lo que comenzó la ANC y tendrá que adelantar el nuevo parlamento de
acuerdo con la normativa dela Constitución de 1999. Y, lo más importante,
mantener, que corresponderá a los futuros gobiernos con la permanente
vigilancia de la opinión pública.

Pero también (%=Link(«/bitblioteca/bolivar/»,»Simón Bolívar»)%), creador de nuestra República, tomo
posiciones y decisiones importantes en esa materia. En su discurso en el
acto de instalación del Segundo Congreso de Venezuela reunido en Angostura
el 15 de febrero de 1819, fue enfático cuando dijo que «Al pedir la
estabilidad de los jueces, la creación de los jurados y un nuevo Código, he
pedido al Congreso la garantía de la Libertad civil, la mas preciosa, la mas
justa, la mas necesaria, en una palabra, la única Libertad, pues que sin
ella las demás son nulas» y añadió «He pedido la correción de los mas
lamentables abusos que sufre nuestra judicatura, por su origen vicioso de
este piélago de Legislación Española que semejante al tiempo recoge de todas
las edades y de todos los hombres, así las obras de demencia como las de
talento, así las producciones sensatas como las extravagantes. Así los
monumentos del ingenio como los del capricho. Esta enciclopedia judiciaria,
Monstruo de diez mil cabezas, que hasta ahora ha sido el azote de los
pueblos españoles, es el suplicio mas refinado que la cólera del cielo ha
permitido descargar sobre este desdichado Imperio».

Y años más tarde, como Presidente de la Colombia nacida en Angostura, el
26 de noviembre de 1826 dictó un decreto para encargar a los tribunales de
la República «el mas pronto despacho de las causas, especialmente de las
criminales y las de Hacienda». Y estableció igualmente que las Cortes
superiores «seán inexorables y estarán muy vigilantes sobre los juzgados
inferioresy sobre sus subalternos para que cumplan exactamente sus deberes y
no demoren por descuido o malicia, las causas y procesos» Asi como incluyó
la obligación de supervisar el funcionamiento de los tribunales «para saber
las faltas que cometan dichos Tribunales o cualquiera de sus miembros, y
para que se les exija responsabilidad legal» Y desde luego en otro de los
artículos del Decreto reconoce «que uno de los principales obstáculos para
administrar justicia criminal sea el mal estado de nuestras cárceles, y que
por lo tanto las cárceles se mantendrán con el mayor aseo, limpieza y
salubridad, dándose por los Gobernadores las órdenes oportunas y celando su
cumplimiento». Para hacer efectiva la responsabilidad de dichos
gobernadores, el Decreto consagra que a los que fueren negligentes en
promover la pronta administración de justicia se les impondrá el castigo
correspondiente.

Durante todo el siglo XIX la corrupción del poder judicial era
rampante, con la mano abierta y las garras tendidas. Un testimonio
escalofriante lo podemos leer en una extraordinaria obra escrita en esa
época por el Dr. Nuñez de Cáceres, cuyas observaciones han conservado tanta
vigencia que podrían aplicarse a muchas de las situaciones vividas en
nuestro sistema judicial a lo largo del sigloXX, a tal punto que por esa
razón fué reimpresa hace pocos años.

En la lucha contra esa corrupción de la justicia se inscribe el intento
frustrado, contenido en el proyecto de reforma de la Constitución de 1961
elaborado por una Comisión que presidió Rafael Caldera en su condición de
senador vitalicio. Dicho proyecto fue consignado el 20 de marzo de 1992,
días después de los acontecimientos del 4 de febrero de ese año, fecha esta
última en la cual Hugo Chávez se hizo responsable por la actuación de los
militares que participaron en dichos acontecimientos y Rafael Caldera
recordó que no se puede pedir al pueblo que se sacrifique por la democracia
cuando se está muriendo de hambre. Al impulso del clima crerado por ese 4 de
febrero se presentó el proyecto de Reforma donde se preveía la convocatoria
de una Asamblea Constituyente para un cambio total de la Constitución sin
romper la estructura del Estado de Derecho. Pues bien, en ese proyecto de
reforma, al igual que en la comentada por Rafael Urdaneta en 1828 se
consideraba como «materia de excepcional importancia y de gran urgencia la
relativa a la administración de justicia» Y allí se reconoce explícitamente
que existe la sospecha de que los jueces obedecen a intereses políticos,
económicos o de otra índole y que el derecho a obtener justicia imparcial y
oportuna, que se aspira a consagrar en la reforma, no está garantizado
dentro de la situación actual.

El entusiasmo incial en ese proyecto de reforma se fue enfriando en la
medida en que la clase política perdió el sentido de la urgencia con que se
presentó. Finalmente se eangavetó cuando se empezó a discutir el texto donde
se incluía la garantía al derecho de información veraz y oportuna. Ese día
el Congreso olvido lo que en la exposición de motivos con tan urgido
dramatismo invocó: que esa reforma «redactada para atender a urgentes
aspiraciones del pueblo,era inaplazable»

Pero la displicencia del Congreso no eliminó las aspiraciones urgentes
del pueblo que reclamaba iun cambio, por lo que para conseguirlo abandonó a
los partidos y ensayó alternativas diferentes como fueron incialmente
Irene Sáez y Salas Romer para terminar finalmente con Hugo Chávez. La
situación entonces, para decirlo con la expresión utilizada por Simón
Bolívar en carta enviada a Bartolomé Salom el 29 de agosto de 1828 y que en
este caso era aplicable «se deja a la discreción del pueblo, que, como se
dice, nunca equivoca sus verdaderos intereses»

Por eso dije al comienzo que el pueblo esperaba y reclamaba una decisión
como la que tomó la ANC, pero lo que resulta necesario añadir es que como la
corrupción judicial ha sido un mal recurrente en nuestra historia, es
indispensable como lo decía Rafael Urdaneta en 1826 mantener el esfuerzo,
pues no se trata de acabar con los corruptos de la I, la II, la III y la IV
Repúblicas para reemplazarlos con los corruptos de la V República. Por eso
la lucha tiene que ser sin descanso y si vamos a funcionar como una
República Bolivariana, más que nunca tenemos que estar muy vigilantes sobre
el poder judicial que va a nacer al calor de la V República.

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