La dictadura mediática
No prosperó en Santiago de Chile, donde sesionó la Asamblea General de la OEA a comienzos del presente mes de junio (XXXIII período de sesiones) el despropósito gubernamental de pretender incluir en la Declaración Final del máximo evento interamericano referencias críticas al rol de los medios de comunicación para justificar la postura del régimen “revolucionario” en contra de aquéllos y, de algún modo, procurar apoyo abierto para el deplorable proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Después de ese fracaso se supone que ya el teniente coronel que ejerce la primera magistratura nacional se cuidará de seguir aludiendo a una fantasmal “dictadura mediática”, existente en su fértil imaginación, so pena de convertirse en el hazmerreír de todos quienes, tanto en el campo local como en el foráneo, están conscientes de que si alguna dictadura en el área de los medios cobra vida real en nuestro país, es la derivada de las interminables y frecuentes cadenas radiotelevisivas que tienen como protagonista al jefe del Estado, las cuales superan, con creces, cualquier exceso en el que a ese respecto hubiera podido incurrir algún gobierno anterior.
Asimismo, es oportuno señalar en este contexto, que el debate en la Asamblea Nacional sobre la iniciativa en cuestión, mejor conocida como “ley mordaza o de contenidos”, dista bastante de finalizar y, antes por el contrario, despierta cada vez más reparos y resistencias por parte de diversos sectores gremiales e institucionales de carácter nacional como internacional que objetan sus fines e intenciones, por estar convencidos que se trata del mayor atentado contra el derecho a la información y la libertad de expresión.
Pero, de llegar a superar el citado proyecto de ley los obstáculos que hasta ahora ha enfrentado y obtener la aprobación legislativa gracias, en buena medida, a las argucias y artimañas en las que es ducha la bancada oficialista, no cabe duda que para el movimiento opositor, tanto en la Asamblea Nacional como en la calle, se abren espacios importantes para la contienda civilizada y democrática con la finalidad de preservar y resguardar los preceptos constitucionales referentes al derecho a la información y la libertad de expresión, así como también lo que, en ese orden, son compromisos internacionales suscritos por Venezuela como, por ejemplo, entre otros, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
De ocurrir lo anterior, el régimen estará sometido a prueba en la esfera doméstica como en la externa puesto que el derecho a la información y la libertad de expresión son fundamentales para el ejercicio democrático y, cualquier intento por conculcarlos encuentra justificada oposición que, en particular, se manifiesta a través de los medios de comunicación sin distingo alguno y, en general, pasando por las diversas colectividades políticas establecidas así como también los sectores organizados de la sociedad civil.
