La gran farsa constituyente
El camino que viene siguiendo la Constituyente indica a todas luces que se trata de un proceso prioritariamente dirigido a consolidar un nuevo poder hegemónico y personalista sólo queda alzar una voz de alerta, a pesar de que, por los momentos, pocos la escucharán. Seguimos nuestra marcha hacia un abismo, como ciegos… Es cierto que los venezolanos hemos estado sometidos por años a una incesante ofensiva de engaños, promesas falsas, y artificios demagógicos por parte de los que nos han gobernado. Sin embargo, pocas mentiras han sido tan afanosamente promovidas, y posiblemente tendrán más graves consecuencias, que la de la Constituyente que «refundará» la República.
Es factible que numerosos incautos hayan caído en la trampa de suponer que la famosa Constituyente sería una Asamblea de personas bien formadas y mejor intencionadas, que se dedicarían con rigor y asiduidad a analizar en serio los grandes asuntos nacionales, y a estudiar –en un ambiente de consulta, diálogo y consenso con la sociedad en general– los problemas que nos aquejan, para eventualmente producir un texto constitucional acorde con los imperativos de un nuevo siglo.
Pues bien, nada más lejano a la realidad de las cosas que esa imagen idílica de la Constituyente venezolana. La triste verdad es que, para empezar, quedó integrada, en su mayoría, por un pelotón de improvisados y oportunistas, que tienen como interés primordial dar continuidad a su cargo público, participando en las venideras elecciones locales y parlamentarias. Es imposible hablar de «debate constitucional» en ese foro, que ha laborado fundamentalmente a puertas cerradas, dividido en múltiples comisiones y «cogollos», cuyas deliberaciones a veces se hacen casi en secreto y en lugares distintos a los inicialmente asignados. Es escaso e irregular el tiempo que los constituyentistas vienen dedicando a sus tareas, y ni hablar de debates en plenarias, que han sido suprimidos de manera de evitar cualquier confrontación genuina de ideas, y de acelerar el proceso para cumplir con la apretada agenda que el Jefe del Estado ha impuesto a sus subordinados.
Para decirlo en pocas palabras: La Constituyente es una farsa, y da verguenza. No se trata, ni mucho menos, de una asamblea «platónica» en la que «los mejores» abordan los desafíos nacionales para construir una Constitución, que nos garantice estabilidad y prosperidad hacia el futuro; es, más bien, una patética aglomeración de aspirantes a políticos, que intentan salir del paso rápidamente, sin medir las consecuencias que su superficialidad puede acarrear. Me refiero, por una parte, a la debilidad intrínseca de un texto constitucional hecho «a la volandera», a puerta cerrada, sin participación del resto de la sociedad, sin verdadera consulta, en una carrera contra el tiempo. Por otra parte, los contenidos constitucionales que se anuncian suscitan legítima preocupación, en particular en lo referente a ciertos asuntos claves, entre los que quisiera destacar, por ahora, la cuestión militar.
Desde los tiempos de su campaña electoral, el actual Presidente se ha orientado a promover cambios en la situación de las Fuerzas Armadas dentro del marco institucional de la República. Sus diversos pronunciamientos al respecto, no obstante, se han caracterizado por la carencia de precisión y en ocasiones por una evidente confusión conceptual. Para mencionar un ejemplo de ello, no pareciera estar clara la diferencia entre el tema del voto militar, que tiene que ver con un plano de decisión privada de los individuos que integran la estructura militar del país, y el tema del carácter no-deliberante del aparato castrense como institución. Hacer posible el voto de los militares, en el marco de una democracia respetuosa de las leyes, puede ser una medida positiva. Dar a las Fuerzas Armadas, como institución, la potestad de erigirse en un cuerpo deliberante dentro de la democracia es algo muy distinto, y lleno de riesgos para la estructura militar y para un régimen de libertades.
Debemos tomar en cuenta, al analizar este asunto, que las Fuerzas Armadas no son una institución como cualquier otra en el país. Ellas poseen el monopolio organizado de la fuerza, y en términos prácticos, su poderío es irresistible materialmente. Sólo las reglas, tradiciones y convicciones de una sociedad democrática son capaces de someter y controlar ese inmenso poder, sujetándole a límites que preserven la majestad del poder civil y su dominio real sobre el militar. Esta subordinación es indispensable como logro civilizatorio y como realidad democrática.
En Venezuela, no obstante, parecemos disponernos a echar para atrás, también en esta materia, retrocediendo a los largos períodos de nuestra historia cuando el control civil de los militares o bien era inexistente, o bien no era sino ficción. Los promotores de las ideas presidenciales en la Constituyente ya han venido esbozando a través de los medios de comunicación sus propuestas. Han dicho, por ejemplo, que la eliminación del carácter no-deliberante de las Fuerzas Armadas implicará que las mismas «podrán pronunciarse sobre la privatización de las empresas del Estado, como Petróleos de Venezuela. Fijarán su posición, pero sin imposiciones» (El Nacional, 19-09-99, p. D-2). Sin imposiciones? Seamos serios: Quién va a oponerse a una decisión de las Fuerzas Armadas, como cuerpo deliberante, sobre una materia de semejante envergadura, o sobre cuestiones como las relaciones con Colombia, para sólo añadir otra instancia?.
Uno de los meas significativos avances históricos que dió Venezuela este siglo que ahora culmina, fue someter a los militares al control civil democrático. Esta inmensa conquista civilizatoria, que de paso contribuyó a profesionalizar a nuestras Fuerzas Armadas y convertirlas en unas de las mejor entrenadas y equipadas de América Latina, está a punto de perderse, gracias a la improvisación, ligereza, oportunismo e ignorancia histórica que caracterizan la actual farsa constituyente, episodio triste y desalentador de nuestra evolución republicana.
El camino que viene siguiendo la Constituyente indica a todas luces que se trata de un proceso prioritariamente dirigido a consolidar un nuevo poder hegemónico y personalista, que surje de las ruinas de la experiencia puntofijista, y anuncia un régimen mucho más autoritario y centralista, apoyado en unas Fuerzas Armadas «deliberantes». Estoy convencido de que todo esto será negativo, para el país y la institución castrense, y sólo queda alzar una voz de alerta, a pesar de mi íntima convicción de que, por los momentos, pocos la escucharán, y su influencia concreta será casi nula. Seguimos nuestra marcha hacia un abismo, como ciegos…
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