Opinión Nacional

La hipocresía hipercrece

probidad.

1. f. honradez. (Rectitud de ánimo, integridad en el obrar.)

aptitud.

1. f. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.

3. f. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte, etc.

merecimiento.

1. m. Acción y efecto de merecer.

2. m. mérito. (Resultado de las buenas acciones que hacen digna de aprecio a una persona.)

Las autoridades “competentes” lucen de lo más serias y protectoras cuando citan a una ley que protege a niños, niñas y adolescentes contra todo lo que de una u otra forma vulnere su integridad psíquica y moral. Aparte de que cualquier cosa que imaginemos puede afectar a algún un niño, niña o adolescente, yo diría que, mucho más que una fotografía cruenta, lo que definitiva e indiscutiblemente atenta contra el desarrollo y la integridad psíquica y moral de cualquier niño, niña y adolescente es quedar en medio de una balacera, más aún si terminan muertos(as) o heridos(as). Sin embargo, nunca he visto a la Defensora del Pueblo, ni a sus defensorcitos, ni a la gente del Instituto de Defensa blablablabla iniciar una campaña para que se reduzca el número de incidentes de ese tipo. Tampoco para que disminuya la cantidad de ocasiones en que los N, N y A (disculpen la flojera pero el gobiernés me resulta un lenguaje muy engorroso) ven a sus padres, madres, hermanos, hermanas y demás parentela en los dos géneros siendo asesinado(a), asaltado(a), amedrentado(a) o victimizado(a) de cualquier otra forma, ya sea por los individuos de 20 a 25 años que son malos por culpa de la Cuarta República o por muchachos desorientados (¿se acuerdan de Rodríguez Chacín?) o representantes de los cuerpos policiales, militares o sus versiones para. Ni siquiera cuando la explicación oficial era que los verdaderos responsables de la delincuencia eran paramilitares colombianos traídos por la oposición para desestabilizar. Ahora es parte del uniforme la teoría expuesta primero por el afortunadamente ex ministro Navarro (es decir, que la culpa es de los que gobernaron antes) y luego adoptada hasta por el presidente Chávez, quién además asumió la izarrista utilización del término “pornografía” que había iniciado el divertido presidente de TeleSur en CNN (es comprensible que a los miembros de un régimen militar y militarista que asume la muerte como una de las tres opciones de su sociedad soñada les resulten sexualmente estimulantes las fotografías de cadáveres en la morgue).

El Presidente salió raudo y veloz a fijar posición sobre el tema de la primera plana de El Nacional pero, que yo sepa, no hubo declaración suya sobre las risitas de Izarra. ¿La suspensión de Aló Presidente habrá sido para dar tiempo a que el eco de las risitas se apagara y no tener que aparecer opinando sobre el tema?  Es muy probable. Una vez le oí a Juan Barreto, otro experto en meter la pata (y la mano, según las denuncias en su contra), que su guía espiritual, José Vicente Rangel, decía que no había escándalo que durara más de quince días. Quizás el Presidente esté siguiendo ese lineamiento. Claro está que el jefe de un gobierno respetable, y aquí excluyo explícitamente a los hermanazos Mugabe, Omar al-Bashir y Daniel Ortega, no hubiera esperado 15 minutos para destituir al reilón de TeleSur. Dejarlo sería apoyarlo.

Por más molestas que hayan resultado, hay que reconocer que las forzadas carcajadas de Izarra son sólo una de las formas que asumen las burlas chavistas a la opinión pública. Por ejemplo, a raíz de la polémica portada de El Nacional, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Marelis Pérez, dijo: «Indudablemente se coloca esta fotos con fines políticos, en el marco de una campaña sistemática, permanente, de colocar el problema de la violencia en el país para acusar al Gobierno que no está haciendo nada». Hasta ahí estoy “sorprendidamente” de acuerdo con ella, pero después agregó: «Esa realidad que está allí (la inseguridad), se está asumiendo, a lo mejor con limitaciones, a lo mejor con políticas acertadas o no pero se está asumiendo y forman parte del debate diario del Gobierno» (El Universal, 17/8/10). Eso lo dice, con la cara tan lavada, la integrante de una Asamblea Nacional que se ha negado sistemática y permanentemente a discutir el tema de la inseguridad. Seguro que ella, Marelis Pérez en específico, ha levantado su manito izquierda sistemática y permanentemente para votar en contra de las propuestas para tratar el tema.

La Defensora y la Fiscal, quienes normalmente no pueden encontrar un pajar sobre una aguja, ágilmente toman posición contra la representación gráfica de las muertes pero lucen plácidas y satisfechas ante la cifra de 95% de impunidad reportada por la propia Fiscalía. Ese porcentaje es tan absurdo que nadie (es decir, nadie que no esté en el cargo por razones estrictamente políticas) puede presentarlo como resultado de su labor y suponer que va a tener trabajo al día siguiente.

En algunos casos, justo es reconocerlo, sus acciones tienen resultados rápidos y apreciables. Por ejemplo, el 18/8/10, en Barquisimeto, un adolescente de 17 años fue asesinado de 43 balazos. Gracias a la efectiva labor de la Defensora del Pueblo, de la directora del Instituto de Defensa blablablabla y de un juez colaborador El Nacional no podrá informar sobre el hecho.

Paralelamente, se sigue deteriorando la salud de Franklin Brito, en lo más cercano que puedo imaginar a un fácilmente prevenible homicidio premeditado, con todos los agravantes, realizado en entregas diarias y con conocimiento público. Sin embargo, la Defensora del Pueblo y el Poder Judicial que no mueven un dedo para evitar la muerte de Brito trabajaron diligentemente para impedir la posible  publicación de una foto de su cadáver. La agonía del agricultor, quien sólo pide que le devuelvan sus tierras, ilegalmente repartidas por el INTI a compañeritos chavistas y lo resarzan económicamente por los daños que le han causado, se está produciendo sin que a los sensibles organismos oficiales encargados de defender los derechos humanos y las psiquis infantiles les resulte digna del menor comentario. El de Franklin Brito es un ejemplo claro de cómo los Poderes del Estado en lugar de proteger al ciudadano común se agavillan contra él.

Entre muchas otras cosas, el gobierno chavista ha sido incapaz de resolver el problema de la violencia. Se conformó con tratar de restarle importancia prohibiendo a los cuerpos policiales dar cifras oficiales de víctimas. Alguien que se ríe cuando oye mencionar unos 130 mil homicidios cometidos en 11 años es su representante ideal.

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