Opinión Nacional

La intolerancia como regla

El singular episodio que testimoniaron las pantallas de la televisión y las páginas de los diarios, donde se da cuenta del triste destino que cupo a los retratos de los expresidentes del Congreso de la República, podría catalogarse de un simple acto de inmadurez política de no ser por las explicaciones que el segundo vicepresidente de la Comisión Legislativa Nacional o “Congresillo” ha dado pretendiendo justificar lo injustificable. Esos retratos, vinculados a una etapa de nuestra evolución institucional, aunque hayan pasado a ser material de desecho para el nuevo régimen bajo el argumento de que “ahora no hay Congreso”, no podrán, sin embargo, ser ignorados en su valor histórico por tratarse de la representación gráfica de personas que legítimamente alcanzaron esa elevada distinción en mérito a la gestión cumplida conforme al ordenamiento jurídico vigente para la fecha en que cada una de ellas ocupó la posición en referencia.

Desconocer los hechos históricos no es tarea fácil. En Venezuela existió a partir de 1959 un Congreso que funcionó durante cuarenta años, constitucionalmente, bajo el sistema de la democracia representativa. Esa instancia parlamentaria, entre otros logros, tiene en su haber la adopción de la admirable Constitución de 1961. Pretender enviar al basurero la imagen de quienes estuvieron al frente del Poder Legislativo durante esos años es pura y simplemente una infeliz demostración de intolerancia y de sectarismo. Que, por cierto, no tiene por qué causar sorpresa puesto que si algo ha quedado en evidencia desde que los personeros de la llamada V República asumieron el ejercicio del poder, comenzando por el titular del Poder Ejecutivo, los procedimientos democráticos no son precisamente los que marcan la conducta de los funcionarios gubernamentales.

Por el contrario, pese a la permanente invocación a una supuesta democracia participativa y protagónica como banderas visibles del nuevo régimen, es más bien el rechazo al diálogo y al pluralismo lo que caracteriza el comportamiento de quienes están al frente del elenco político de la autodenominada “revolución democrática y pacífica”.

Si de algo debe nutrirse el trabajo parlamentario, para que resulte exitoso, es de amplitud y tolerancia, valores que se dan por entendidos en toda relación democrática. Pero no pareciera que la Asamblea Nacional va a contar con aportes de tal naturaleza a juzgar por la herencia que recibe de su antecesora inmediata, la cual con su proceder en el caso al que hace referencia este comentario, ya está diciendo que la intolerancia será la regla y no la excepción, por lo que quienes han cifrado esperanzas en la adopción de un modelo político que responda, en paz y democracia, a las aspiraciones de cambio de la sociedad venezolana, quizás tendrán que mantener esas pretensiones pero sin que las mismas alcancen niveles de satisfacción en el entrante sexenio que se inicia bajo el signo de la V República.

De todos modos, la lógica política indica que deberá abrirse un compás de espera para opinar en definitiva sobre la actuación de los legisladores nacionales puesto que, a diferencia del “Congresillo”, que funcionó como una dependencia parlamentaria del oficialismo, la composición de la recien nacida Asamblea Nacional permite calificarla como un órgano legislativo plural donde ciertamente coexisten -aunque en proporciones dispares- distintas fuerzas políticas. Y tal circunstancia es prometedora para alcanzar niveles positivos en cuanto hace relación con el funcionamiento del sistema democrático. Por supuesto, trátase de un optimismo relativo vinculado a una incógnita que, oportunamente, los debates y las ejecutorias, entre otros factores, contribuirán a despejar.

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