la Ley de Seguridad y soberanía alimentaria y los naranjos del Lago Balaton

Un autor que estudiamos con especial atención en la facultad de Derecho, el sociólogo francés Maurice Duverger, escribió, entre otras excelentes obras, una titulada “Los naranjos del Lago Balaton” (“Les orangers du Lac Balaton”, Seuil, 1980).

En este libro, que preanuncia el derrumbe del comunismo, Duverger describe el burocratismo del socialismo real y las aberraciones que lo llevaron a su fin.

Refiere Duverger que en la época del estalinista Mátyás Rakosi, “el mejor discípulo de Stalin”, los planificadores del gobierno húngaro deciden cultivar naranjos a orillas del Lago Balaton, región que a pesar de tener un clima meridional, no dejaba de estar expuesta a las heladas. El técnico agrónomo encargado del proyecto valientemente manifestó que esta empresa era una quimera; no le hicieron caso. Pero el partido no podía equivocarse, era fiel intérprete del materialismo histórico, de la verdad científica.

Los naranjos fueron plantados como lo ordenaba la planificación centralizada, y para ello hubo que disponer de unas cantidades importantes de divisas que escaseaban.

Los naranjos, como lo había dicho el técnico, murieron, y por supuesto, él fue culpado de sabotaje ¿acaso no había demostrado desde el inicio su mala voluntad al cuestionar la voz del buró político del partido?
Este pasaje de la obra de Duverger lo recordé luego de leer el Decreto Ley sobre Soberanía y Seguridad alimentaria con que nos madrugó el Presidente de la República.

La primera sensación que uno tiene, y no exageramos, es que el dispositivo legal hubiese sido redactado para un país de economía colectivizada, como lo fueron Hungría y los demás de la órbita soviética, y no para un país cuya Constitución Nacional establece, fundamentalmente, un régimen económico de libertades propias de una sociedad de mercado (libre iniciativa, libre competencia y propiedad privada).

Aunque el sistema económico de nuestra Constitución tiene rasgos marcados de intervencionismo estatal, y en ese sentido, es incongruente en varios aspectos, los principios básicos de toda economía capitalista están recogidos en su texto, como derechos humanos que deben ser garantizados por el estado venezolano.

No obstante, nos encontramos con una Ley que los echa por la borda, violando tales garantías constitucionales.

Aparte de de ser un texto lleno de utopías inviables y conceptos anacrónicos y disparatados, explicables sólo por la ideología demencial que inspira a sus redactores, fueron incluidas normas cuyo poder devastador de la producción de alimentos, sin duda, será enorme.

No tendremos ni soberanía ni seguridad alimentaria, sino todo lo contrario. Los mismos principios antieconómicos que movieron a los países comunistas son los que se incluye en esta ley.

Planificación centralizada con el propósito de territorializar la producción agrícola, control y vigilancia de la actividad productiva, obligación de realizar ciertas actividades agrícolas consideradas prioritarias, prohibiciones de exportaciones e importaciones, adquisiciones forzosas, confiscaciones, expropiaciones, control y vigilancia de la compraventa de productos agrícolas, de su distribución, insumos y servicios, y pare usted de contar.

Muchas de sus disposiciones dicen mucho y no dicen nada a la vez, lo que, en definitiva, permitirá a las autoridades gubernamentales tener la posibilidad de echar mano de ellas en el momento que más les convenga, hacer las interpretaciones más acomodaticias y cometer cualquier arbitrariedad contraria a los principios de libertad económica establecidos en la Constitución, todo en función de sus intereses políticos circunstanciales.

Esta ley está hecha así adrede. Esta maleabilidad que atraviesa todo el entramado del instrumento normativo, esta adaptabilidad a cualquier situación, propiciará o bien la esterilización de la actividad económica progresivamente o la supresión definitiva de ella. Todo dependerá del interés prioritario coyuntural para el funcionario de turno.

Con esta Ley se pretende imponer a los productores del campo venezolano las decisiones colectivistas de unos “genios”, en su mayoría improvisados, que desde el Ministerio correspondiente, planificarán, centralizarán y controlarán la estructura agrícola del país.

No serán las mejores opciones y las más convenientes para los pequeños y medianos empresarios del campo las que se adelantarán, sino las que a los burócratas ideologizados del gobierno, al calor de sus delirios colectivizadores, se les ocurran.

Los productores producirán lo que los burócratas quieran, a los precios que éstos fijen, en el tiempo que estipulen, en las cantidades que ellos pauten, las personas a quien venderles, y si no lo hacen, serán sancionados con multas, prisión, cierre de establecimiento, expropiaciones y confiscaciones, cuando no, serán acusados de traidores a la Patria, de imperialistas o golpistas.

La historia cierta de Duverger muestra a cabalidad la ideología perversa que mueve a los gobiernos de pensamiento totalitario.

La Ley que comentamos, como otras que conforman el llamado “Paquetazo”, está en sintonía con estos postulados funestos para la economía en general, y la privada, en particular.