Opinión Nacional

La mentira cívico-militar

Imaginemos una personalidad con un guardaespaldas y que son inseparables. Pero, pese a la cercanía e intimidad, ¿Son realmente equiparables? ¿Hay una alianza personalidad-guardaespaldas? Nunca, pues no forman equipo ni ostentan el mismo estatus. Igualmente, es falaz toda equiparación entre los mundos civil y militar ya que, tal como la personalidad y el guardaespaldas, no equivalen. Por eso, es imposible una “alianza cívico-militar”.

En sentido lato, el ámbito civil de la sociedad está integrado por todos los ciudadanos y el militar, como subconjunto del civil, está compuesto por los integrantes activos de la Fuerza Armada Nacional. Éstos, al iniciar la carrera militar, se someten administrativamente al órgano bélico de la República y pierden numerosos derechos constitucionales. Vale destacar que renuncian a participar en actos políticos y aceptan que la disciplina, la obediencia y la subordinación son los principios que regirán su conducta. Además, la abundante normativa militar limita su comportamiento más que cualquier otro grupo de ciudadanos, acaso más que los presidiarios.

Por otro lado, en una democracia moderna —como creemos y deseamos la venezolana— sólo hay un tipo de relación posible entre el ámbito civil y el militar: la subordinación del segundo al primero. Si los militares se sobreponen a los civiles es una dictadura. Si los civiles se “alían” a los militares, es porque: o los militares no tienen la fuerza para imponerse sobre los civiles, o viceversa…Hasta que uno finalmente venza.

Una “alianza cívico-militar”, anhelada hoy por algunos para cambiar al gobierno, no sería más que el agavillamiento de militares y civiles -poco importa su número o sus razones- para romper el hilo constitucional. Y eso la Historia lo cobra caro.

Ciertamente, el principio de obediencia militar no es una licencia para cometer o consentir desmanes. El militar no chavista puede y debe, ante órdenes manifiestamente antijurídicas: 1) negarse legítimamente a cumplirlas; 2) acudir ante los órganos de justicia; o, 3) renunciar a su condición de militar. Así, invocar el artículo 350 de la Constitución para justificar un alzamiento militar es, cuando menos, éticamente incorrecto (es una viveza) y lógicamente contradictorio (“me baso en la norma, para romper la norma”).

Los civiles podemos regir nuestro destino sin necesidad de guardaespaldas. Por más miedo que pretendan insuflar y por más que la desesperación embargue, los pueblos grandes siempre prevalecerán. Un puñado de criminales, aun con tanquetas, no someterán jamás a un pueblo valeroso; pensarlo es tener poca autoestima, no estar conciente del invencible poder de las masas o creer de buena fe en la mentira cívico-militar.

(*): Abogado, UCAB. Maestría en Finanzas (en curso), IESA.

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