Opinión Nacional

La nueva política exterior y la seguridad ambiental

Tengo una observación a la propuesta del Canciller José Vicente Rangel sobre la nueva política exterior. Debo decir que la escuché con profunda atención y luego leí con cuidadoso detenimiento el documento con que la acompañó.

La presentó con un título ambicioso y conciliador; «Política Exterior Integral: Un Sólo País». Comenzó con un gesto gallardo al insistir en que su propuesta es el resultado del laborioso trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales altamente calificados conformado bajo la dirección de su Despacho, pero asumiendo la responsabilidad de la misma.

Coincido con el concepto según el cual la política exterior integral debe verse como el nuevo marco de referencia para la acción exterior de Venezuela, donde se incrementa el impacto real que la Política Exterior debe tener sobre el bienestar del país, a través de una definición conceptual y estratégica, que permita mayor coherencia y una visión compartida de nuestra política exterior. Es decir un sólo país.

Comparto la visión de una política exterior basada en el consenso y estoy de acuerdo en que la misión del Ministerio de Relaciones Exteriores es actuar como órgano rector de la política exterior trazada por el Presidente de la República y ejercer en el cumplimiento de la misma la defensa de los intereses nacionales y la soberanía de Venezuela, actuando como factor de desarrollo socioeconómico mediante políticas y directrices que para este fin decida el Gobierno Nacional.

Partiendo de esa visión y misión es evidente que entre las prioridades de nuestra Cancillería debe estar el desarrollo sustentable que promueva el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos.

En la intervención del mismo José Vicente Rangel en la reciente reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos señalaba con indudable acierto que el peso de la deuda externa «impide –en mucho- un desarrollo sustentable».Eso es verdad; pero por otra parte también es cierto que la destrucción de nuestros recursos naturales renovables no sólo impide sino que acaba con la posibilidad de cualquier tipo de desarrollo.

Por razones que ignoro el tema de la seguridad ambiental no aparece en las consideraciones y planteamientos de la presentación hecha por el Canciller. Ni siquiera en el temario de las Jornadas de Reflexión anunciadas para los días 28 y 29 de julio de este año sobre «Venezuela y la Comunidad Andina de Naciones». Es verdad que en Colombia el tema ambiental ocupa uno de los últimos lugares en la escala de sus prioridades. Es comprensible que en estos momentos la pacificación ocupe el primer lugar pues es vital para la supervivencia institucional. En el caso de Venezuela es vital garantizar la seguridad ambiental, específicamente y de manera concreta poder conservar la cantidad y calidad de las aguas, elemento indispensable para cualquier programa de desarrollo.

La Cancillería venezolana no sólo tiene un papel sino sobre todo una tremenda responsabilidad en esa materia. Por eso afirmé que coincido con el concepto sobre el impacto real que la política exterior tiene sobre el bienestar real del país. Nuestra seguridad ambiental en gran medida depende de la actuación de nuestra Cancillería.

Venezuela ha firmado convenios internacionales que tienen relación con el tema ambiental. Uno muy general como es el Pacto Amazónico y otro más específico como es el Convenio sobre la Biodiversidad firmado en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo esta pendiente definir la situación jurídica para la protección y defensa de los intereses de Venezuela en el caso de los ríos y cuencas internacionales.

He descubierto con gran pesar y sorpresa el desconocimiento que gente no sólo culta, sino con importantes responsabilidades en la vida del país, muestra sobre la importancia e influencia del sistema hidrográfico colombiano en los ríos y cuencas internacionales de nuestros dos países.

El derecho de uso de los recursos de agua y aguas de los ríos y cuencas internacionales es una materia de competencia y responsabilidad indiscutible del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de Colombia y Venezuela no existe ninguna norma específica que contemple la forma de ejercicio de ese derecho. No están definidas las responsabilidades que cada país tiene en el manejo de la cuenca o río internacional en su territorio.

En el derecho internacional ya no se acepta que en nombre de un concepto absoluto de soberanía cada país puede hacer lo que quiera con el agua dentro de su territorio, y que existen limitaciones y responsabilidades a la hora de realizar actividades o ejecutar obras dentro de su territorio que puedan ocasionar daños en el territorio del otro país. Aun más en los convenios de la Comunidad Europea existe uno sobre impacto ambiental transfronterizo de acuerdo con el cual en ciertos casos se deben consultar las comunidades fronterizas cuando pueda producirse un impacto ambiental negativo transfronterizo.

En el caso concreto de los ríos y cuencas internacionales Venezuela y Colombia tienen que definir jurídicamente esa situación, pues actualmente nuestros ríos y cuencas sufren el impacto negativo que viene desde Colombia, por contaminación en unos casos y por sedimentación en otros.

Este tipo de problemas fue planteado por Finlandia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1970. El tema fue pasado a la Comisión Sexta (Asuntos Jurídicos) de las Naciones Unidas y a la Comisión de Derecho Internacional de la Organización. La Comisión Jurídica está integrada por representantes de los estados miembros y la otra está integrada por juristas designados por méritos propios, designados por la ONU.

Durante varios años se estuvo discutiendo el asunto hasta que en 1997 fue aprobado el informe sobre un Convenio Marco sobre el Derecho de uso de los recursos de Agua y Aguas internacionales para fines distintos a la navegación.

Dentro de ese Convenio Marco, Venezuela y Colombia pueden encontrar un camino para preservar la cantidad y calidad de aguas de nuestras cuencas internacionales. Lograrlo es justamente una de las prioridades de nuestra Cancillería dentro del marco conceptual de la Política Exterior Integral que ha presentado el canciller Rangel.

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