La oposición golpista venezolana se democratiza y el gobierno chavista se deslegitimiza

Desde el año 2002, el aparato de propaganda del gobierno venezolano, vendió al mundo la matriz de opinión de que en Venezuela hubo un golpe de estado el 11 de abril de ese año, con el apoyo de EE.UU., la participación de los partidos políticos de la oposición y la colaboración de los medios de comunicación. Muchos gobiernos compraron esa versión, y colocaron a la oposición venezolana en cuarentena, a la que no le creían nada de lo que denunciara y dijera. La oposición ha tenido que vivir varios años con ese estigma, nada fácil de revertir, dada la gran capacidad de mentir, de manipular y de compra de conciencias del gobierno venezolano.

La verdad de la oposición respecto a esos eventos, es la de que hubo un vacio de poder, tal como lo determinó correctamente el Tribunal Supremo de Justica, quién todavía era algo independiente. Esa decisión desató la ira del presidente quién califico a los jueces que la tomaron, de “plastas de mierda”, y ordenó se cambiara a los jueces y se anulara la sentencia, como en efecto ocurrió.

El estado mayor del gobierno chavista, encabezado por el general Lucas Rincón Romero, declaró por la televisión en cadena, que le habían pedido la renuncia al presidente la cual éste acepto. ¿La razónes?, debido a la orden criminal que dio el presidente de aplicar el plan Ávila a una marcha pacifica y desarmada. Lamentablemente, un grupo de venezolanos, llamados en aquellos momentos a formar gobierno, no supieron actuar constitucional y correctamente y empañaron el evento, dañando irreversiblemente la lucha democrática que hasta ese momento se venía librando. Hoy día, la oposición se ha recuperado y superado el trauma.

Desde aquel evento, el gobierno nacional, quién nació de una consulta popular y ganó las elecciones democráticamente con enorme mayoría, se ha dedicado a torcer la voluntad popular y a convertir a Venezuela en un estado forajido, lo cual ha logrado con creces. A tal punto, que ya Venezuela es vista en casi todo el mundo como un país anti democrático, violador de los derechos humanos, irrespetuoso de otros gobiernos, enemigo de los organismos internacionales que osan condenarlo o de hacerles llamados de atención por sus acciones represivas y antidemocráticas y violaciones a la constitución.

También se ve al gobierno de Venezuela, como un aliado del terrorismo internacional, debido su solidaridad y al apoyo publico que ha manifestado a favor de estos grupos y de dictadores. Otra acusación más grave aún en contra del gobierno de Venezuela, es el uso indiscriminado del petróleo con fines políticos y de retaliación en contra de los gobiernos de países que lo acusen o asedien por anti demócrata, u otras razones pueriles o personales.

En 2007, luego de su 2ª elección, Hugo Chávez intentó “democráticamente” convertir a Venezuela en una república socialista, y reelegirse indefinidamente como presidente. Realizó un referéndum “ilegal”, para hacer la consulta al pueblo venezolano, sobre una reforma a la constitución de 1999, contentiva de 69 artículos a reformar. La consulta se realizó, y el pueblo la rechazó. Esta derrota electoral sufrida, le causo otra de sus típicas y usuales rabietas al presidente, quién la calificó de “una victoria de mierda y pírrica” para la oposición.

Ante la derrota sufrida de la reforma constitucional propuesta, el presidente Hugo Chávez, conspicuo manipulador, decidió cambiar de estrategia para reformar la constitución, no obstante que la constitución vigente, lo prohíbe explícitamente en uno de sus artículos.

Para ello se valió de la “arrodillada” Asamblea Nacional, electa con un 12% de electores, sin la participación electoral de la oposición – como protesta ante la violación de la ley electoral. Estos, indignos parlamentarios, se prestaron a cambiar poco a poco la constitución de 1999, por la vía de las enmiendas. En lugar de los 69 artículos a cambiar propuestos en la reforma derrotada, se prestan a cambiar muchos más artículos, hasta convertirla en un mamotreto de constitución al servicio de la revolución socialista.

En base a las reformadas leyes, mediante enmiendas (jurídicamente ilegales y nulas), que han emanado de la vergonzosa y dantesca Asamblea Nacional, para imponer en Venezuela, con la manipulación y la fuerza, el proyecto hegemónico político del castro – comunismo, se ha empezado desmembrar totalmente la república y la democracia en Venezuela.

El chavismo habla de propiedad social y comunal, en diferentes categorías y matices, cuando en la constitución de la república no existen estas denominaciones de propiedad, y solo existe la propiedad privada y del estado. La constitución tampoco habla de socialismo ni de revolución, y es evidente el empeño del gobierno de usarla en forma oficial en documentos y expresiones verbales en cada oportunidad que se les presenta, aún cuando sea ilegal.

El gobierno confisca fincas, hatos y tierras productivas en plena operatividad, con la ayuda del ejército y las pone al servicio de la revolución, u otros oscuros dueños cercanos al gobierno, con el mayor desparpajo y naturalidad y sin la menor vergüenza. El gobierno confisca ilegalmente empresas productoras de alimentos y servicios, con el argumento de que no producen lo que el gobierno desea, y al mismo tiempo mantiene un injusto control de precios.

El gobierno confisca empresas de servicios petroleros mediante leyes que hicieron apresuradamente unas horas antes, donde indican que las actividades primarias de la industria petrolera pasan a ser propiedad del estado, sin tener claro, que consideran ellos como actividad primaria en una empresa petrolera. ¿Es que acaso el transporte de pasajeros y materiales por tierra, aire y mar es una actividad primaria petrolera?
Que se sepa, las actividades primarias de la industria petrolera son: la exploración, la perforación, la producción, el procesamiento, el transporte por tuberías y barcos de los hidrocarburos, la refinación y el mercadeo. Todas estas actividades requieren apoyos (puntuales, esporádicos, frecuentes y permanentes) de un sinnúmero de empresas contratistas (nacionales e internacionales), las cuales no necesariamente, por razones de elemental economía, deberían ser administradas y/u operadas por el gobierno, so pena de condenar a la empresa petrolera al desastre económico. Existen límites a respetar.

El gobierno del presidente Hugo Chávez, ha tomado decisiones y emprendido acciones, que con certeza, pudieran ser calificadas de ilegales y antidemocráticas por cualquier juez imparcial que las analice. Sin duda alguna, el gobierno chavista se ha alejado de la constitución y de las leyes, y tiene en jaque perpetuo a la sociedad venezolana, quién ya no tiene dudas de que está deslegitimizado, y solo espera se coloque la guinda a la dictadura formal. Fin.