Opinión Nacional

La participación popular en la reforma constitucional

La participación popular durante los gobiernos conservadores de la cuarta república marginó y limitó la acción del pueblo venezolano en las decisiones y destinos que debían regir la política pública de nuestra nación. El sistema político de 1958 a 1998, se caracterizó por el bipartidismo y la alternancia en la obtención y detención del poder Estatal en un pequeño grupo de políticos que sólo velaban los intereses de la oligarquía económica y la rosca meritocrática incrustada en la principal empresa nacional: PDVSA.

La participación popular, es decir, los movimientos sociales, obreros, profesionales y estudiantiles, estaban vetados constitucionalmente a ejercer directamente sus derechos políticos mediante sus organizaciones propias o naturales, que tanto esfuerzo y dolor costo a muchas generaciones desde la creación de nuestra república. La Constitución de 1961, establecía en sus principios políticos que el pueblo, ciertamente, detentaba el poder soberano del país, pero ésta debía ser transferida a los partidos políticos y sus dirigentes o caudillos partidistas para dirigir la política interna y externa de nuestro país. Una democracia representativa que únicamente beneficio, en lo interno, a aquellos intereses económicos de empresarios importadores de productos y servicios; y en lo externo, sometidos a los designios del imperialismo yanqui, que tenía sus garras incrustadas en los recursos petroleros que se llevaron a precio de gallina flaca… Toda una enajenación de riquezas y menosprecio a la intervención de los movimientos sociales, que fueron solapadas por un sistema político burgués, bipartidista y representativo.

A nuestros hermanos de las barriadas, comunidades indígenas, obreros y estudiantes, sólo nos recordaban cuando se aproximaban las elecciones, cuando había que ir a votar por la misma propuesta de corruptela, entreguismo y status quo. No existía la oportunidad de asociarse en grupos que defendiesen los derechos humanos, económicos y políticos de todos los ciudadanos, pues, éramos perseguidos, torturados y conminados a vivir en una injusticia vergonzosa ajena a nuestra cultura de libertad y justicia que fue inculcada por el Libertador Simón Bolívar.

Luego de esas cuatro décadas de sosiego para nuestra nación, se materializó la esperanza de nuestro pueblo en las elecciones de 1998, eligiendo al comandante Hugo Chávez como presidente de la república. Posteriormente el pueblo defendió su gobierno popular en tres hechos históricos que marcaron la revolución bolivariana: el golpe de Estado de 2001, sabotaje petrolero de 2002-2003, y el referéndum aprobatorio de 2004. El éxito de la batalla contra la oligarquía nacional e internacional, fue posible gracias al ciudadano común, el trabajador, la ama de casa, y el estudiante que tuvieron por primera vez en la historia democrática de nuestra nación, una participación directa en las políticas públicas y de cambio del país. Por ejemplo: en la Constitución Bolivariana, aprobada en referéndum nacional el 15 de diciembre de 1999, se establece como sistema político para la nueva república, la democracia participativa y protagónica, que posibilitó el surgimiento y consolidación de los movimientos sociales, agrupados en base al objetivo común de hacer la revolución democrática y pacífica, logrando grandes éxitos en materia social, económica y política.

En lo social, primera vez que el Estado prioriza el gasto en salud y educación; en lo económico, el pueblo toma el control directo de la administración de nuestros recursos petroleros; en lo político, el ciudadano amplió su conciencia política y de clase para defender los verdaderos intereses nacionales, como la soberanía y autodeterminación, es decir, la no sumisión ante ningún imperialismo político o económico.

Ahora bien, la revolución bolivariana va ingresando a una segunda etapa en el proceso de liberación nacional, que es la construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, a fin de llevar mayor bienestar integral a la toda la población, sin distingo de ninguna índole. Para ello, es menester hacer las reformas pertinentes a la Constitución de 1999, a objeto de dotar al proceso revolucionario de las líneas jurídicas generales para emprender los proyectos de profundización democrática, participativa, política, económica, territorial, entre otras.

El poder popular, materializado en los Consejos Comunales constituye la punta de lanza para profundizar la democracia participativa, protagónica y la contraloría social en el poder público nacional. Por tal razón, el artículo 136, de la Reforma Constitucional, propone: la ampliación del poder público en poder popular, municipal, estatal y nacional, organizado en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, a objeto de viabilizar sus funciones. Asimismo, aclara explícitamente que el poder del Estado se sustenta en el pueblo, organizado en comunidades y comunas e impulsado por los consejos comunales, obreros, campesinos, estudiantiles, entre otros.

Con esta modificación a la configuración del poder público nacional, se rompe con la visión clásica de la división de poderes, añadiendo a priori el poder popular como mecanismo veedor de los intereses mayoritarios de la población, profundizando así la verdadera democracia, no sólo consistente de votar en elecciones, sino de tener la posibilidad de realizar un seguimiento a todas las decisiones y políticas públicas que se vayan a implementar. La concepción de entregar el poder a su verdadero dueño, está contemplado en la propuesta de reforma constitucional, mediante la organización de la comunidad y sus organizaciones naturales. En tal tenor el artículo 70, de la Reforma Constitucional propone, como mecanismos de materialización del poder popular y el socialismo bolivariano la profundización de la democracia participativa, mediante la “elección de los cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante, los Consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros)…”.

En consecuencia la construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, dependerá en última instancia del avance y consolidación del poder popular organizado en los consejos comunales, resolviendo en primera instancia las necesidades básicas de la comunidad, mediante la potenciación de la salud, educación y trabajo… para en última instancia ir formando al hombre nuevo y revolucionario, con convicciones y axiomas sólidos ante los anti-valores que promueve el capitalismo en decadencia.

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