La post-marcha: negociación versus radicalización

Las marchas del pasado 23 de enero evidenciaron una clara división política. Ambas partes aseguran haber convocado al mayor numero de personas; y aunque en realidad no cuenten con los instrumentos científicos para realizar tal aseveración, cada cual le agrega a su marcha los kilómetros que necesite para triplicar al adversario. El ministro Rangel aseguró que la convocatoria del gobierno superaba a la opositora en relación 20-1, y Ruth Capriles de la Red de Veedores afirmó en el programa Triangulo de Televen que el gobierno solo logró reunir dos mil personas.

No obstante, las marchas merecen una lectura que trascienda la retórica partidista. La historia nunca había sido testigo de un suceso como el del pasado 23 de enero: una sociedad políticamente dividida que debilita la posibilidad de construirnos un proyecto de país entre todos, pero que al mismo tiempo demostró contundentemente que no podría vivir sin libertad de expresión y sin instituciones democráticas que resguarden sus derechos. Lamentablemente, no se ha analizado en su justa dimensión el aspecto cualitativo de las marchas, que sin lugar a dudas determinará el éxito o fracaso de las subsiguientes acciones políticas que deberían surgir a partir de las dos movilizaciones.

El carácter amplio de la marcha opositora fue indudablemente un factor de calidad que políticamente es mas importante que el numero de simpatizantes que pudo haber convocado. Sin embargo, mas allá del gesto no existe un proyecto de país nacido de la discusión y la participación razonada que le dé cuerpo y sustancia a esta movilización. De esta manera, la marcha de la oposición queda como una simple expresión de rechazo, huérfana de contenido ideológico, que la obliga a delegar la acción política a sus adoptivos representantes neo-populistas como Carmona, Peña, Arias, Borges y la dupla Ortega-CAP. No obstante, la masiva expresión de descontento podría ser el inicio de una nueva etapa en la participación ciudadana que paradójicamente esta enmarcada en la Constitución Nacional y forma parte esencial del proceso revolucionario que la oposición dice detestar.

A favor del proyecto bolivariano de desarrollo se movilizó una masa políticamente compacta y homogénea, pero que al mismo tiempo aguarda con benévola paciencia la materialización de sus reivindicaciones sociales. A diferencia de la marcha opositora, ésta estaba sustentada en un proyecto de país llamado constitución, y que comenzó a ser implementado rigurosamente a través de lo que algunos hemos llamado la “profundización y radicalización del proceso.”

En el contexto post-marcha se comenzarán a desarrollar dos tendencias políticamente excluyentes: la negociación y la radicalización.

Desde el fatídico pacto político firmado por Betancourt y Caldera en la quinta Punto Fijo, la “negociación” solo ha servido para condicionar la dirigencia política al interés del establecimiento empresarial. La nacionalización del petróleo, que pudiera considerarse un acto soberano y patriota, no fue sino el resultado de negociaciones al mas alto nivel en Caracas, Washington y Londres entre Betancourt, Fedecamaras y las grandes empresas transnacionales. Asimismo, la “negociación” fue factor determinante en el proceso de devaluación sistemática iniciado el “Viernes Negro” por el gobierno de Herrera Campíns; en la “venta” de Venezuela durante la “mejor negociación” de la deuda externa que dirigió estrepitosamente el gobierno de Lusinchi; en la aplicación de las recetas neoliberales del FMI y Banco Mundial por parte del nefasto gobierno de Carlos Andrés Pérez; y en la confiscación de la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores realizada por la tripartita neocorporativista del gobierno de Caldera, quien a su vez traicionó el ideal del 4 de febrero que lo llevó a Miraflores para “negociar” con Alfaro Ucero y Fedecamaras su estadía en el poder.

Ante el proceso de cambios que hoy vive Venezuela, las tendencias reaccionarias se intensifican con la esperanza de retener los privilegios obtenidos durante años y que ahora asumen como un derecho consumado. En una de sus intervenciones mas acertadas y contundentes, el Jefe de Estado analizó la situación política actual ante la representación diplomática acreditada en Venezuela:

“¿Saben ustedes cuántas empresas declararon pérdidas el año pasado? Porque todavía está vigente la vieja Ley. Porque fíjense como nosotros hemos respetado y seguiremos respetando la progresividad de esto. A mí me llegan los informes: Mire Presidente, cinco mil empresas declarando pérdidas, muchas de ellas grandes empresas que repartieron dividendos a fin de año. ¿Cómo es que tienen pérdida y reparten dividendos? Pero luego se me explica, bueno Presidente, es que todavía estamos con la vieja Ley. Y esa vieja Ley fue hecha por ellos. Ellos tenían diputados. Ellos tenían una componenda con esos partidos de la IV República y entonces tenían sus diputados en el Congreso. Y entonces tenían los bufetes de abogados, que todos hoy están contra nosotros, por supuesto, que hacían las leyes, a la medida de esos intereses y olvidando que las leyes deben ser el desarrollo de los principios de la justicia, de la igualdad. Una conspiración contra el pueblo. Entonces, es una ley que le permite, les permitía porque ahora tenemos un nuevo Código Orgánico Tributario que ellos quisieron sabotear en la Asamblea y por eso es que andan desesperados y dicen que hay que tomar el control de la Asamblea como sea. Y ofreciendo dinero, presiones, chantajes. Y tienen su manager fuera del país, como se demostró hace poco. El manager está fuera. Y estos son sus borregos, estos falsos dirigentes.

“Esa es la raíz de este problema.

“Cinco mil grandes medianas y algunas pequeñas empresas en Venezuela declararon pérdida el año pasado cuando la economía creció en casi 3% y hay grandes empresas que reparten dividendos y tienen inversiones hasta en otros países, declararon pérdidas que ascienden a la suma de cuatro billones de bolívares, unas pérdidas declaradas. Cincuenta bancos desde los más grandes hasta unos pequeños, declararon pérdidas en diciembre y repartieron dividendos al mismo tiempo a sus accionistas ¡ah!, pero es que la ley les permite, no la evasión, sino la elusión y no violan la ley.”

En este contexto, indudablemente que un escenario de “negociación” debe ser descartado por el gobierno nacional, ya que podría vulnerar los ideales de transformación socio-económica que se hicieron mandato del pueblo en los últimos procesos electorales. No obstante, esto no significa que el diálogo deba también ser descartado, pero para que éste se desarrolle de manera efectiva y armónica es necesario que la oposición de un importante cambio cualitativo que termine de fulminar la “vieja política.” En este sentido, la fuerza civil que debe surgir de la marcha opositora del pasado 23 de enero debe sobreponerse a la histeria “antichavista” y presentar políticas alternativas cónsonas con la transformación de la estructura socio-económica que el país necesita urgentemente.

Sin embargo, cabe preguntarse si la vieja clase política y el establecimiento empresarial estarían dispuestos a reconocer las aberraciones de la estructura socio-económica, sacrificar sus intereses por el bien del país y darle paso a la sociedad civil, cuando mas bien han sido exitosos en movilizar hacia la oposición la clase media y organizaciones civiles como Queremos Elegir y Cofavic, y en realizar alianzas perversas con la izquierda “oportunista” de Medina y Arias, así como con la derecha neo-conservadora de Peña, Consalvi y Giusti, para sacar a Chávez del poder “por cualquier vía.”

Difícil.

Esto nos lleva al inevitablemente escenario de la confrontación y el enfrentamiento producido por la rigurosa implementación de la constitución y las nuevas leyes. Esta dinámica se irá definiendo bien a favor de la “revolución” y la reivindicación de las luchas populares, o hacia un golpe de la derecha militar amparada por el departamento de Estado norteamericano, el cual podría tener un desenlace extremadamente violento, como fue el caso de Allende, o sorprendentemente pacifico, como fue la salida de Fujimori.

El éxito de una aventura militar dependerá también en buena parte de su legitimación política (como ocurrió el 4-F) tras un eventual fracaso del proyecto “bolivariano.” Es por ello que la radicalización y profundización de la “revolución” deben ir acompañada de un “gran alicate” contra la desidia y la corrupción en la administración publica, y hacia la redistribución equitativa y efectiva de los beneficios macroeconómicos. El allanamiento de las oficinas de Fondur y la destitución de varios directores del FUS, así como el proyecto dirigido por la luchadora social María Cristina Iglesias para regularizar la tenencia de la tierra y convertir a mas de 10 millones de personas que viven en barrios y poseedores ilegales de viviendas en propietarios formales, son acciones que se dirigen en esa dirección.

No obstante, el proceso de “radicalización” podría enfrentar serias contradicciones si no se rectifica el excesivo uso del lenguaje beligerante que inevitablemente produce una banalización de la política en detrimento de las instituciones democráticas bolivarianas, hijas de la nueva republica. La lamentable respuesta Monseñor Lückert al discurso de Chávez que hacíamos referencia anteriormente, confirma como una evidente e indebida parcialización política de la jerarquía eclesiástica termina convirtiéndose en una fútil discusión sobre “quien tiene el tumor mas hediondo”, que en nada contribuye a la resolución del conflicto, y lo que es peor, reproduce la diatriba en la sociedad impidiendo elevar el discurso político y la acción social. Afortunadamente, el presidente Chávez ha tomado pasos certeros, no así suficientes, para disminuir la carga beligerante de su lenguaje, y así quedo evidenciado en el discurso ante la Asamblea Nacional y en su enérgica demanda por el respeto al desarrollo de la profesión periodística ante la presunta agresión contra los reporteros y fotógrafos de Globovisión durante la transmisión del programa “Alo Presidente” en el 23 de Enero. En este sentido, el escenario de la rectificación, que no involucra necesariamente el ablandamiento del lenguaje político sino su transformación cualitativa, debe estar dirigido a evitar que estas contradicciones se intensifiquen y pongan en peligro la necesaria radicalización de la “revolución».