La rebelión de los malandros
El gran polemista Domingo Alberto Rangel, pluma privilegiada para desentrañar el acontecer venezolano, dedicó muchos escritos a explicar por qué el auge de la violencia criminal en Venezuela tenía un componente de carácter socio-político de primera importancia.
Que no sólo era una expresión acentuada de la actividad delictiva común y corriente en cualquier nación, sino algo diferente; algo derivado de la exacerbación de la confrontación social, en buena parte promovida desde el poder establecido, y en otra estimulada por el avasallamiento, la desigualdad y la deshumanización de la sociedad de consumo.
Rangel como marxista coherente, incorporaba la dinámica de la lucha de clases en su explicación general, pero la realidad es todavía más compleja. En ese mismo sentido, cada vez se disemina más la percepción de que la explosión continuada de violencia criminal que aprisiona al país, tiene mucho que ver con la consagración de la cultura o anti-cultura del malandraje, con su legitimación política por parte de la hegemonía, y con su reiterada justificación a lo largo de muchos años de retórica y proceder oficialista en el siglo XXI.
Uno de los efectos más destructivos de todo ello, es el aumento exponencial del porte ilícito de armas, que pasó de 700 mil en el año 2000 a casi 5 millones en el 2010, y hoy en día, cuatro años después, se afirma que la cifra supera los 10 millones. De allí que la referida percepción esté más que fundada en una trágica realidad.
Por distintos motivos, quizá más pragmáticos que ideológicos, variados jerarcas del régimen imperante, comenzando por el principal, fueron urdiendo por largo tiempo una densa red de intercambios e intereses entre diferentes ámbitos del hampa de arriba y del hampa de abajo, con el poder efectivo del aparato político-económico bajo el comando estatal.
Una malla de connivencias al margen de la legalidad formal, pero en sintonía con objetivos combinados. Los del hampa: que los dejaran hacer y deshacer; los del poder hegemónico: que el hampa no obstaculizara el «proceso» o proyecto de dominación y que más bien fungiera como instrumento de control político-social.
Ello contribuye a comprender que Venezuela se haya convertido en uno de los países más violentos del planeta, al tiempo que sus gobernantes se auto-mercadearan como justicieros o redentores de la opresión social. De muchas maneras se llegó a privilegiar una especie de «paz malandra», o la relativa garantía de que el hampa podría desplegarse y acrecentarse, siempre y cuando no desafiara el poder del oficialismo rojo, del cual, por cierto, en no poca medida formaba parte.
Esas reglas de juego han sido tímidamente afectadas por algunos organismos gubernativos-policiales, ante el clamor nacional por la extrema inseguridad. Y las bandas armadas, los colectivos territoriales y el malandraje de diversa índole, han reaccionado con encono y potenciada violencia. Y la respuesta de la “revolución” ha sido más recursos millonarios para la “pacificación de las bandas armadas”.
En pocas palabras, evitar la rebelión de los malandros, así sea a costa de la paz y la vida de los demás. Así estamos.
