Opinión Nacional

La Revolución Posible

En los años de gobierno del presidente Chávez, hemos tenido duras críticas ante los errores, omisiones o simplemente las malas políticas del gobierno, así que no podemos ser calificados como defensores a ultranza del chavismo. No nos hemos creído el cuento de la revolución discursiva que exponen algunos personeros del gobierno —e incluso diversos historiadores y analistas de lo político— pues la revolución no se decreta, se construye. Ella no es un axioma mecánico, sino un proceso de incesante construcción de condiciones que generen mayor justicia social, participación democrática y modelos alternativos de producción y distribución. La revolución va mucho más allá de la toma del poder económico y político. Por el contrario, se concreta en el pueblo organizándose para edificar vías opcionales a las relaciones de producción existentes, a la división del trabajo, a la explotación, a la miseria, a los medios de comunicación consumistas. Entonces el poder central no es para afianzarlo sino para destruirlo. Suena un tanto anarquista, pero es la revolución en la que creemos. Sin embargo, a partir del 13 de abril de 2002 podríamos decir que comienza a definirse verdaderamente un proceso de transformaciones, ya que los ciudadanos toman la calle para asumir el liderazgo colectivo con propuestas, exigencias y decisiones, es decir, la democracia directa.

En sentido estricto no somos chavistas, pues consideramos que Chávez no es revolucionario; no obstante, él representa un liderazgo que ha permitido que los excluidos del sistema se organicen en función de una transformación radical. Cuando Chávez ya no garantice eso, las organizaciones que se construyeron y fortalecieron a sus expensas no tendrán otro remedio que sustituirlo o fenecer ante el reformismo.

Tampoco creemos en esa “revolución light”, que aúpan sectores de la clase media que se aferran no a sus privilegios —los triunfos que deberían ser extendidos al resto de la sociedad— sino a las migajas que han obtenido de ese 3% de la clase pudiente que ha vivido parasitariamente del estado. Esa clase media que ha estado a espaldas del país, no puede pedir ahora el apoyo de los pobres para derrocar a un gobierno constitucional y así lo perciben las mayorías, pese a su desvinculación con el conocimiento académico. ¿Hasta dónde llega el absurdo individualista de este sector que piensa que ellos deben ser los únicos favorecidos por el estado? Según esa visión, los excluidos de siempre no son parte de la sociedad civil, no tienen derechos, se les niega la libertad de expresión y de participación política y, por supuesto, no se les debe beneficiar económicamente. Para ese sector de la clase media, los marginados deben desaparecer pues son una rémora, un obstáculo para sus intereses; por lo tanto, no creemos en los cambios y las libertades que ellos dicen defender.

Es evidente que, históricamente, FEDECÁMARAS no representa posibilidades de cambio para las mayorías trabajadoras, pese a la inusual cohabitación que en este momento mantiene con la CTV; menos aún si se toma en cuenta que la dirigencia empresarial ha participado de manera activa y directa en los golpes más variados y contradictorios, pero siempre en resguardo de sus intereses. FEDECÁMARAS acompañó a Delgado Chalbaud y a Pérez Jiménez en el golpe contra Gallegos y Acción Democrática en 1948; pero en 1958 se opuso a Pérez Jiménez para que AD regresara al poder. Sin embargo, Rómulo Betancourt, después del Porteñazo en 1962, acusó de conspiradores a Tinoco y a FEDECÁMARAS en pleno, pues temía su participación en futuras conspiraciones de la misma derecha que lo acompañaba en el poder. El golpe de estado de abril de 2002 es, no obstante, el primero en el que la clase empresarial asume el liderazgo de manera directa, sin intermediarios políticos, y, en consecuencia, Pedro Carmona Estanga llega a la presidencia de la República. Pero, desde su fundación en 1944, nunca antes la Federación de Cámaras Empresariales de Venezuela había dirigido de manera tan explícita la política venezolana, tal como lo ha hecho después del regreso de Chávez a la presidencia.

Consolidado al amparo del estado —bajo el modelo keynesiano aplicado durante la dictadura perezjimenista— el empresariado venezolano financió las grandes campañas electorales posteriores a 1958. Después de los malos entendidos con Betancourt, a quien a principio de la década de los 60 aún tildaban de procomunista, FEDECÁMARAS se aseguró de que los distintos presidentes ejecutaran de manera adecuada el rol de representantes políticos del poder económico. La redistribución de una renta petrolera que hasta principio de los 80 alcanzaba “para todos” fue el soporte socioeconómico de esa representación, concretada en leyes que favorecían a la clase empresarial tales como las distintas leyes del trabajo, contrataciones directas con el estado, además del apoyo financiero a la exportación-importación, entre otros beneficios. Perdida la oportunidad de participar desde el principio en la industria petrolera venezolana, desde mediados de los 90 el empresariado nacional, en fuerte combinación con el capital extranjero, se propone adquirirla y controlarla por completo debido a su posicionamiento como una de las principales empresas petroleras del mundo. De manera que no solo se trata de un empresariado parasitario que, en todo momento, se ha nutrido del estado gracias a la renta petrolera; también se trata de un sector económico con plena conciencia de que sus intereses como clase están muy por encima de los intereses de la nación. Más aún, su desesperación por comprar PDVSA a precios risibles —pues la idea de Luis Giusti siempre fue quebrarla antes de venderla— seguramente está impulsada por la posibilidad de re-venderla a las grandes transnacionales euroestadounidenses, o por lo menos, de España y Estados Unidos.

El gobierno inicialmente antineoliberal de Hugo Chávez, su práctica intervencionista de la economía y su intención de colectivizar o re-distribuir de manera más justa la riqueza nacional —además de haber sancionado una de las constituciones más democráticas del mundo, la misma que les permite legitimar los primeros golpes de estado del mundo transmitidos como Realty Show— son los argumentos y las excusas necesarias para declararle la guerra al gobierno constitucional; pues, aunque con muy pocos muertos todavía, no es otra cosa lo que sucede en Venezuela en este momento.

Por ello, defendemos la revolución que está en la calle y que exige la socialización de PDVSA, mayor justicia social, equidad en la distribución de los ingresos nacionales, planes sociales para salir de la miseria y, sobre todo, que se organiza para presionar porque existan transformaciones reales y no meros recursos discursivos. En el pensamiento, en las ideas, en los sueños de muchas personas, pobres y de clase media, está creciendo la iniciativa por concretar una sociedad alternativa. Reconocemos como un hecho real la existencia de ese amplio sector de la población venezolana que superó las expectativas generadas por el discurso chavista. Esa iniciativa está recorriendo calles y empujando a Chávez —casi arrastrándolo, hostigándolo para que no se desvíe más— y se convertirá en la más hermosa de las revoluciones; desde abajo, casi sin líderes “preclaros”, trastocando el orden establecido. En consecuencia, el alto empresariado, que ya se había percatado de las potencialidades, los peligros de tanta gente pensando, cambiando y organizándose, ha llevado al país al estado de caos en que se encuentra todavía hoy, pues el sabotaje a PDVSA ha sido exitoso y se traduce en la pérdida de miles de millones de dólares. Además de las dificultades para reactivarla, se suman nuevas presiones por parte del empresariado nacional e internacional que amenazan con aplicar una versión criolla del “corralito” argentino, al propiciar el cierre de la banca y, en consecuencia, producir mayor caos y protestas sociales en contra del gobierno.

Estamos de acuerdo con el historiador Roberto López, con que hoy en Venezuela se decide el destino de América Latina; que la lucha está planteada y los intelectuales comprometidos hemos decidido por el momento dejar de estudiar la historia para intentar construirla desde la perspectiva de los excluidos.

(*) Alarcón Puentes Universidad del Zulia / Monzant Gavidia Universidad Católica Cecilio Acosta.

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