Opinión Nacional

La Tragedia de Colombia

Hace unos veinte años, en 1978 para ser más precisos, sólo cuatro países latinoamericanos no tenían gobiernos de facto sino sistemas políticos que eran más o menos democráticos: México, Costa Rica, Colombia y Venezuela. En un proceso que, en términos históricos, podemos considerar bastante rápido y uniforme, todas las restantes naciones restablecieron la democracia y avanzaron hacia el predominio de un Estado de derecho de modo que, ya en 1990, sólo la lamentable excepción de Cuba quedaba al margen de este profundo cambio de alcance continental.

Los países que se desembarazaron de sus dictaduras militares (como Brasil, Argentina, Perú, etc.) o que lograron salir airosos de las situaciones de guerra interna que padecían (como Nicaragua, El Salvador, Perú y otros) modificaron y renovaron bastante profundamente sus sistemas políticos. En algunos casos los partidos políticos se reorganizaron a fondo, en otros se crearon partidos nuevos, muchas veces se cambiaron las constituciones políticas de estas naciones o se crearon nuevos sistemas jurídicos más acordes con los tiempos que corrían. La profunda crisis política vivida -que coincidió con una crisis económica que obligó a importantes cambios de rumbo- produjo el resultado favorable de una actualización y mejoramiento de los sistemas políticos que hoy, al terminar el siglo, parece ya bastante consolidada.

México, por otras razones que no podemos explayar aquí, también siguió un curso de reformas políticas que hoy parece bien encaminado, con la práctica desaparición del hegemónico papel del PRI, el partido que había creado «la dictadura perfecta» al decir del siempre agudo Vargas Llosa. Costa Rica, sin modificar mayormente su modelo, mostró en cambio la solidez de unas instituciones que exhiben, hasta ahora, una sana capacidad de renovación. Pero Venezuela y Colombia se estancaron: no hicieron reformas profundas en sus sistemas políticos, que superficialmente parecían funcionar más o menos bien, y tampoco emprendieron el camino de la apertura económica hacia un modelo que desterrara el intervencionismo anterior y se aproximara más hacia el mercado. Sólo Ecuador, entre los restantes países, mostró una similar incapacidad para modificar el sistema económico heredado de la época del proteccionismo y la llamada «planificación del desarrollo». No es casual, entonces, que estos países puedan considerarse hoy como los enfermos del continente, como los puntos conflictivos que, por la natural proximidad de nuestras naciones, pueden incluso afectar los esfuerzos de superación que se hacen en otras partes de la región.

El caso de Colombia es, sin duda, el más peligroso y decepcionante. Un país con una sólida tradición empresarial, con una política fiscal mucho más sana que la de sus vecinos y con una deuda externa que nunca dejó de ser manejable, entró sin embargo en los últimos años en un período de conflictos y de estancamiento económico que hoy lo ha aproximado verdaderamente al caos. La guerrilla, una guerrilla marxista que es casi una curiosidad en el mundo actual, logró recuperar posiciones y extenderse, mientras en el resto de Latinoamérica desaparecía por completo este tipo de movimientos. El narcotráfico, cada vez más poderoso económicamente, llegó a una especie de complementación con la guerrilla, alimentándola financieramente y consiguiendo su protección militar. De nada sirvieron a Colombia sus esfuerzos de reforma política ni la nueva constitución promulgada a comienzos de esta década: el Estado ha perdido el control de buena parte del territorio, la economía ha entrado en una espiral descendente y el narcotráfico, a pesar de los golpes recibidos, sigue invadiendo con su poder económico amplios ámbitos de la sociedad colombiana.

Hace aproximadamente un año el recién electo presidente Andrés Pastrana sorprendió a todos con un plan audaz de pacificación que encontró un favorable eco entre los millones de colombianos que anhelan la paz, que desean que acabe la terrible inseguridad en que viven y la tragedia de las muertes y los millares de desplazados. Pastrana cedió a la guerrilla un territorio inmenso y se puso en contacto directo con los líderes de las FARC. Pero la iniciativa, en los hechos, no ha funcionado. Las concesiones realizadas han envalentonado a la guerrilla, que no ha cesado de realizar actos de violencia cada vez más sangrientos y exigir condiciones inaceptables en lo político. El panorama se ha complicado aún más con la aparición de un gobierno venezolano que aparenta tener buenas relaciones con los insurrectos y que parece querer asumir acciones que dejarían en posición muy desmedrada al gobierno de Colombia.

Pastrana no ha podido mostrar resultados políticos ni económicos tangibles y ha ido perdiendo credibilidad y apoyo popular de un modo acelerado. Algunos lo ven como demasiado débil para tratar con los guerrilleros, otros piensan -incluso- que sus iniciativas tienen por objeto favorecerlos o protegerlos de algún modo. Mientras Colombia se desangra y empobrece no son pocos los que hoy piensan que una intervención extranjera sería, en este punto, la única salida capaz de revertir el curso de la situación. Los norteamericanos, que con ceguera han pensado hasta ahora que el problema colombiano es apenas un problema de tráfico de drogas, han comenzado a estudiar las posibilidades de dar un giro a su política, pero evalúan con temor los inmensos costos que significaría cualquier tipo de intervención militar.

La tragedia colombiana se ha producido, en buena medida, por la suicida actitud que mostraron los dirigentes políticos durante los últimos años ante una guerrilla a la que no tomaron suficientemente en serio o pretendieron utilizar para sus fines, o a la que -lo cual es peor- le reconocieron implícitamente el derecho a la insurgencia. Las debilidades ideológicas frente a este tipo de movimientos sólo sirven para alentarlos y reforzarlos, como ya se mostró cuando Alan García no supo enfrentar a Sendero Luminoso en el Perú. La posición de muchos organismos internacionales y ONG’s, preocupados por los derechos humanos de secuestradores y personas armadas pero no de los inocentes ciudadanos civiles que sufren estos abusos, ha contribuido también a que se llegara a esta lamentable situación.

La solución para Colombia no puede ser ya rápida ni simple. Sólo una actitud de enfrentamiento sin cuartel contra los sediciosos podría cambiar en algo el curso de los acontecimientos y aproximar el objetivo de la paz que, en cambio, con las actuales concesiones, parece estar cada vez más lejano. La intervención extranjera, por el contrario, daría a los insurgentes una bandera nacionalista capaz de hacerlos reconquistar parte del apoyo político que en los últimos meses han perdido y produciría una situación política complicada y probablemente inmanejable.

Latinoamérica debe seguir de cerca este peligroso proceso para evitar que los hechos la superen y dejen sin respuesta, como ya tantas veces ha ocurrido. No debe intervenir directamente, por supuesto, pero sí debe dejar en claro, ante el pueblo colombiano y ante el mundo, que el continente quiere vivir en paz, que rechaza el alzamiento de quienes buscan imponer una dictadura socialista asociada al narcotráfico, que necesita una Colombia democrática y próspera para que juegue el importante papel que está destinada a desplegar en nuestra región.


Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales. Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela. Miembro del Comité Académico de CEDICE (Venezuela). Autor de numerosas obras sobre metodología y ciencias sociales.

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