Opinión Nacional

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La ciudad de Mérida tiene aeropuerto desde hace más de sesenta años, gracias –entre otros nombres- a la iniciativa y diligencia de su epónimo, Alberto Carnevali, gobernante del estado para la época. Hoy, el aeropuerto es de uso exclusivo de los altos funcionarios del gobierno y de ciertos empresarios que poseen aeronaves. Es una demostración más de que en la revolución unos son más iguales que otros.

Con la vociferada intención de reabrir los vuelos al público, un grupo de empresarios, apoyado por el gobernador Marcos Díaz Orellana, está fundando una nueva línea aérea. El nombre es redundante, pues se llama “Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación (LaMía)”, pero alguien dirá que eso no importa pues es sólo un formalismo y si el Presidente habla como habla y escribe como escribe… Lo cierto es que se busca la identificación de los merideños con la nueva línea y hacer propaganda con la esperada reapertura del aeropuerto.

Su promotor más visible (además del gobernador, quien cambió la cachucha roja-rojita por la de los colores de LaMía) ha publicado una carta, dirigida a Díaz Orellana, en la prensa merideña del pasado jueves 23 de septiembre. Allí dibuja, con fuertes trazos -y sin concesiones a la redacción forense-, los inconvenientes que ha tenido LaMía para comenzar sus operaciones.

Dice Ricardo Alberto Albacete Vidal, presidente de la compañía, que: “Con el lamentable suceso del siniestro aéreo de Conviasa, los mismos responsables indirectos, se han disfrazado de funcionarios rigurosos y cumplidores de sus obligaciones, de las normas y procedimientos, y nos tienen sometidos a una serie de escrutinios exhaustivos, abusivos, dilatorios y con ánimo de sabotear este proyecto, persiguiendo nuestro agotamiento financiero, físico y emocional.” Continúa Albacete denunciando las arbitrariedades de los funcionarios que exigen pasajes a Europa y viáticos en euros para “‘auditar’ en Madrid” (en cualquier parte, menos en el imperio cercano) y “La actitud pendenciera, prepotente y especuladora de las despachadoras de combustible aéreo, quienes en franca violación de la ley de Ilícitos Cambiarios, nos extorsionan al exigirnos el pago en ‘viles billetes verdes del imperio’”.

El remitido es todo un muestrario de cómo funciona el gobierno bolivariano. No olvida mencionar los días perdidos haciendo antesala a los directivos de la socialista Conviasa “(que, gracias al Señor, nunca nos atendieron)” ni “Las ‘llamaditas’ de algunos inspectores que se ‘ofrecieron’ para ayudar en la certificación”. Y no deja de causar risa al quejarse de la supuesta “campaña de difamación y descrédito” porque, comparando con lo que dice ese comunicado, cualquier denuncia de la oposición se ha quedado muy corta.                                                  

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