Opinión Nacional

Lanzamiento del Informe Nacional de Desarrollo Humano-2003

Palabras del Dr. Santiago Montenegro Trujillo
Director del Departamento Nacional de Planeación

Es para mí un gran honor representar al señor Presidente de la
República en este importante acto. En su nombre y en representación del
Gobierno Nacional, quiero agradecer y felicitar al Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, a la Agencia de Cooperación Sueca y al
equipo de consultores liderados por el Dr. Hernando Gómez Buendía, por
el enorme esfuerzo realizado.

Menos teórico; más libre de sesgos ideológicos; fruto de un intenso y
permanente diálogo con personas, sectores, movimientos, líderes e
instituciones, el Informe Nacional de Desarrollo Humano que hoy tenemos
en nuestras manos es, sin duda, un nuevo aporte a la comprensión de
nuestro complejo conflicto.

Creemos que por su envergadura e independencia intelectuales y,
seguramente, por su capacidad de impacto, este trabajo puede llegar a
ser comparado con “La Violencia en Colombia” que en junio de 1962
escribieran Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda y Germán Guzmán; y
con la investigación publicada por la Comisión de Estudios de la
Violencia —veintiséis años más tarde, en 1987—, bajo el título
“Colombia, Violencia y Democracia”.

El Informe exige más de una lectura porque es complejo, como complejos
son el carácter, la dinámica y las múltiples expresiones de la
violencia y la inseguridad. Muestra una virtud relativamente ausente
en estudios anteriores: ve salidas, propone soluciones.

En su primera parte, el Informe plantea el origen y causas del
conflicto, su complejidad regional y lo que denomina su degradación.

Concluye en que es una guerra de perdedores: que perdieron los grupos
insurgentes y que también perdió el Estado. En la segunda parte,
analiza el daño del conflicto sobre el desarrollo humano, sobre sus
víctimas, y plantea el desarrollo humano como la mejor manera de
resolver el conflicto. En la tercera, describe una batería de
políticas y programas que serían útiles para atenuar o corregir los
daños, facilitar la solución y evitar que se repita el conflicto. En
la cuarta, y última parte, plantea la función que podrían desempeñar la
cultura, los medios de comunicación y la comunidad internacional.

El Informe nos llegó hace dos días en un disco de 32 megas que es
equivalente a 20 disquetes pequeños. Por supuesto que nos hubiera
gustado recibirlo antes, pero aceptamos el reto de estudiarlo y
comentarlo dentro de las limitaciones de tiempo que teníamos. Con estas
limitaciones y sujetos a las imprecisiones a que ellas nos hayan podido
conducir, muy respetuosamente quiero señalar algunas debilidades.

Es ambiguo en muchos aspectos. Da un uso indistinto a los conceptos de
“conflicto”, “guerra” y “violencia”. Si bien el Informe enfatiza que su
objeto es el “conflicto armado” y no otras formas de violencia,
caracterizarlo como una “guerra” encierra riesgos de diagnóstico que
bien pueden conducir a salidas equivocadas. Si por guerra se entiende
el enfrentamiento violento de dos mitades de una sociedad, quizá desde
la guerra de los Mil Días, en Colombia no ha habido guerras. En el
período más reciente, hasta los setenta y ochenta, se puede hablar de
un conflicto, pero en la última década han predominado las acciones
terroristas. De hecho, el sociólogo francés Daniel Pécaut habla de
guerra, pero de la guerra de unos pocos contra la sociedad. Así tituló
uno de sus libros recientes.

En segundo lugar, aunque el Informe adopta en algunas partes un enfoque
histórico, está limitado a las últimas cuatro décadas, y parece caer en
lo mismo que muchos de sus antecesores en el estudio de la violencia:
no sólo no analiza un período más largo, sino que la historia política
es sustituida por la historia de la violencia. En cierta medida es
comprensible ante la ausencia de una historia política de nuestro país.

Esto ha creado una gran distorsión de nuestra historia, y me temo que
el Informe no se ha librado completamente de esta falencia.

Percibo también una falta de elementos de comparación como herramienta
de análisis: con otras naciones de condiciones económicas similares a
la nuestra o entre diferentes momentos de nuestra historia. En este
sentido, en varios temas, no en todos, el país diagnosticado aparece
aislado del mundo y de su propia historia. Por ejemplo, el Informe, al
reconocer fortalezas de la democracia, la define como “democracia
formal”. Sin una comparación con las de otros países, este concepto se
torna vacío e ininteligible. ¿Es la democracia de Colombia más o menos
formal que las de América Latina? Mucho me temo que con un enfoque
maximalista de democracia —como la que plantea el estudio— quizás en
nuestro continente todas las democracias sean formales, incluida la de
Estados Unidos. Quizás en el mundo haya muy pocas democracias reales,
tal vez sólo las del norte de Europa.

Y por último, el Informe carece de un diagnóstico sobre las fortalezas
nacionales. Y esto no es un problema menor: ¿dónde se apoyarán las
alternativas de solución que el mismo Informe propone, si no conocemos
y apreciamos nuestras fortalezas? Permítanme ustedes que una buena
parte de mi presentación la dedique a este punto.

Un país con una larga historia, como Colombia, no es sólo un cúmulo de
frustraciones y problemas, sino de esfuerzos, aciertos y logros de
muchas generaciones, de miles de personas, algunas conocidas, la gran
mayoría ya muertas y desconocidas. Y así como es imperativo partir de
los principales problemas —guardando las distancias y tomando todas las
precauciones necesarias—, es fundamental también señalar las fortalezas
y avances de nuestro país en todas las áreas. Este no es un ejercicio
fácil de realizar en Colombia. Durante años, si no décadas, buena parte
de nuestra elite intelectual se ha dedicado a deconstruir el país, a
señalar sus fracasos, su miseria física y humana, a ridiculizar sus
logros, a argumentar la supuesta ilegitimidad de las instituciones y a
magnificar la intolerancia de los colombianos. No sobra decir que esta
visión no viene de una sola vertiente ideológica. Desde sectores de
derecha, pasando por el centro, por la izquierda y, por supuesto, los
grupos violentos, la regla ha sido lo que se puede llamar el
“miserabilismo” del país, seguida a veces por los mismos funcionarios
públicos y al más alto nivel.

Entre muchas otras, hoy quiero enfatizar dos tipos de fortalezas de
nuestro país que nos ayudan a comprender el problema de la violencia y,
desde luego, a señalar estrategias y soluciones. En primer lugar,
¿tenemos los colombianos una idea horizontal de pertenencia compartida;
esos vínculos que en otras partes unen a todos, a los ricos, a las
clases medias, a los pobres, a los hombres, a las mujeres, a los
jóvenes y a los viejos? Es decir, más allá de país, ¿tenemos nación?
Muchos responden a estas preguntas negativamente. Varios analistas han
argumentado que en la historia de Colombia no hubo “momentos
fundacionales” fuertes, razón por la cual ese estado-nación es muy
precario. Otros sostienen que no tuvimos una edad de oro, revoluciones,
grandes padres de la patria, personajes como De Gaulle para los
franceses o Lincoln para los norteamericanos.

Pese a lo osado que puede sonar el argumento, ¿no será que en Colombia
no hemos necesitado mitos tan fuertes porque, entre otras razones, no
hemos visto seriamente amenazada la unidad de la República? Para
comenzar, se debe afirmar que con la excepción del caso de Panamá,
jamás ha habido en nuestro país una tendencia separatista como sucede
en Canadá, o sucedió en los mismos Estados Unidos, y en varios países
de América Latina, como Argentina. Hay muchos factores que nos han
unido, unos por la vía positiva, otros por la negativa. El proyecto
independentista, por supuesto, fue el primero y el más importante
proyecto fundacional en el momento mismo del nacimiento de la
República. Seguramente no es tan fuerte como fue la revolución para los
franceses, pero no se puede ni debe ignorar. Todos los colombianos
miramos a Bolívar, a Santander y a otros héroes con respeto y orgullo.

A este proyecto fundacional, se unió el hecho de que los colombianos
adoramos a un mismo Dios, hablamos un mismo idioma y completamos un
proceso de mestizaje muy temprano, quizá desde la segunda mitad del
siglo XVIII. Pero tal vez, la razón primordial que nos dio una noción
de sociedad imaginada estuvo en la esfera misma de lo político.

Precisamente, desde los primeros años de la República, la política
nacional se constituyó en un gran unificador de la nación. Como lo
planteó primero Alberto Lleras y luego, desde una perspectiva
académica, Malcolm Deas, los partidos en Colombia, a la vez que
dividieron en dos la vida política, también unificaron a las gentes de
tan diversas regiones en torno a unos proyectos de país que eran
necesariamente nacionales. Deas ha explicado en detalle cómo la lucha
partidista, desde los primeros días de la República, no fue un hecho
circunscrito a unas cuantas elites en las grandes ciudades sino que
involucró prácticamente a todos los habitantes, hasta en las más
pequeñas comarcas del país.

Esta idea de nación, de “comunidad imaginada” también está ligada a la
fortaleza de nuestras instituciones políticas, tema al cual quiero
llegar a través del análisis de las características de nuestra
geografía y territorio, que el Informe incluye como elemento importante
de estudio. En forma acertada, el Informe resalta los problemas para la
gobernabilidad de esa geografía tan accidentada que tenemos. Pero,
infortunadamente, no incluye las fortalezas que también derivamos de
esa misma geografía.

Como lo hemos señalado en estudios anteriores, la complejidad de su
geografía es muy relevante para el desarrollo de Colombia.

Aproximadamente la mitad de nuestro país está despoblada. No sólo la
región oriental sino áreas muy centrales, como en el valle del
Magdalena, y toda la Costa Pacífica. Además, existen grandes espacios
vacíos en zonas muy cercanas a las grandes ciudades. Casi la mitad de
este inmenso territorio está aún cubierta de bosques y selvas. Por
ello, se puede afirmar que no hemos conquistado la frontera territorial
y muy seguramente jamás debemos hacerlo si queremos proteger la
biodiversidad. Pero desde el punto de vista de la gobernabilidad, no
puede caber la menor duda que este territorio genera unos retos y
desafíos muy significativos.

Aparte de tener prácticamente la mitad del territorio despoblado,
Colombia posee una de las geografías más accidentadas del planeta.

Según un índice elaborado en el Centro de Estudios para el Desarrollo
de la Universidad de Harvard, nuestro país tiene la tercera geografía
más accidentada de todo el mundo, en una muestra de 155 países.

Además, Colombia tiene el más alto índice de dispersión de población
frente a otros países de América Latina.

¿Cómo demostrar que la geografía ha influido en la gobernabilidad en
Colombia? Existen estudios de corte transversal —en muestras de muchos
países, entre los cuales se incluye a Colombia— que señalan claramente
que la geografía es un factor explicativo de la violencia. En
particular, el estudio pionero de Paul Collier concluye que es mucho
más fácil para grupos rebeldes esconderse en áreas rurales con baja
densidad de población que en áreas urbanas. También encuentra
evidencia de que la probabilidad de acciones armadas por grupos por
fuera de la ley es mayor en países montañosos y selváticos como
Colombia. Collier también concluye que los países con baja calidad de
gobernabilidad son más propensos a producir grupos rebeldes al margen
de la ley. Lo que no establece Collier —no es el propósito de su
trabajo— es la relación entre gobernabilidad y geografía, que es
precisamente lo que realiza el trabajo del profesor Mancur Olson de la
Universidad de Maryland.

Pero de ninguna manera quiero dejar la idea de que nuestra geografía
determina nuestro destino. Aunque puede ayudar a explicar la baja
calidad institucional y los elevados niveles de violencia, ella no es
su único determinante ni un factor inevitable. Esto se puede entender
mejor argumentando que Colombia no ha sido siempre un país violento,
como ya numerosos estudios han demostrado. Más aún, contrario a
quienes aducen la larga historia de violencia en Colombia, analistas
como Daniel Pécaut han argumentado que la actual violencia nada tiene
que ver con la de hace cuarenta años, cuando nacieron grupos como las
Farc. Para Pécaut, el episodio más reciente de la violencia está
estrechamente asociado al narcotráfico que ha facilitado la
financiación de los grupos violentos. Y como para no dejar duda,
Pécaut afirma que la actual violencia no tiene nada que ver con
Marquetalia.

Pero la hipótesis sobre la relación entre el territorio y las
instituciones no conduce sólo a consecuencias perversas. Hay también
muchas razones para pensar que, desde otra dimensión, ese mismo
territorio nos ha dado además un buen número de cosas positivas.

Para entender este argumento es importante señalar que, pese a sus
debilidades e imperfecciones, en Colombia hemos hecho un esfuerzo muy
grande para crear un régimen político que puede definirse como de
democracia liberal. No sobra recordar que el modelo democrático es una
respuesta a la pregunta de ¿quién debe gobernar? y argumenta que,
contrario a los gobiernos que vienen desde arriba —de reyes, caudillos,
familias privilegiadas— se debe gobernar desde abajo, que debe hacerlo
el pueblo: a un soberano como el rey lo reemplaza otro soberano, el
pueblo. Por su parte, el modelo liberal responde a la pregunta, no de
quién debe gobernar, sino de ¿cómo se debe gobernar? Y responde que el
poder no debe estar concentrado en un centro, sino que debe estar
disperso, fragmentado, partido en una multiplicidad de sub poderes. Al
poder central se oponen balances, contrapoderes. En nuestro país la
historia política no ha sido muy prolífica, en realidad existen
muchísimos vacíos, pero, afortunadamente, en los años recientes ha
aparecido un buen caudal de estudios académicos serios que están
llenando muchas de estas lagunas. Eduardo Posada Carbó, por ejemplo,
reconociendo los problemas recientes y actuales del sistema político,
ha estudiado la historia electoral y política de Colombia hasta llegar
a argumentar muchas de sus fortalezas basado en un análisis histórico y
en comparaciones internacionales. Él enfatiza tres características de
nuestro sistema político: a) casi sin excepción desde la Independencia,
Colombia ha tenido gobiernos civilistas y ha evitado, por lo tanto, las
dictaduras y los caudillismos que durante tanto tiempo caracterizaron a
casi todo el continente; b) esos gobiernos fueron elegidos por vías
electorales, de forma tal que tenemos una de las tradiciones
electorales más largas, no sólo del continente, sino del mundo; y no
menos importante, c) han hecho un uso limitado del poder. A estas
características se podría agregar otra: en Colombia el calendario
electoral es predecible —nadie duda que seguiremos teniendo elecciones—
pero el resultado es impredecible: nadie sabe quién va a ganar.

¿Cuántos países de la región pueden mostrar estas características de
nuestro régimen político?

¿Cómo ha influido la geografía en las instituciones? Como vimos
anteriormente, Colombia tiene, no sólo la población más dispersa del
continente latinoamericano, sino uno de los índices de fragmentación
geográfica más pronunciados del mundo. Si bien esos factores han hecho
más difícil la gobernabilidad y han estimulado la violencia e
inseguridad —lo que justifica invertir en gobernabilidad y seguridad—,
también es cierto que produjeron unas regiones fuertes, autónomas,
independientes del centro, cortando y separando así las bases sobre las
cuales partidos políticos, grupos sociales o regionales hubieran podido
imponer gobiernos autoritarios, como sucedió en otras regiones del
continente —creando cleavages, como se dice en la terminología de la
ciencia política. Esta geografía ayudó a fracturar el poder y, de esa
forma, a aproximarnos a la esencia del modelo liberal. Esta
descentralización de facto, entonces, es un elemento crucial de nuestra
nacionalidad y uno de los fundamentos de nuestra democracia. Este
territorio ha sido, es y será en el futuro la barrera más formidable
contra todos los intentos —vengan de donde vinieren— de imponer
hegemonías políticas en nuestro país.

Por todo ello, si hubiera algo qué resaltar de los últimos años, es que
pese a la violencia e inseguridad y a la crisis económica, lo
sorprendente no es que las instituciones estén en crisis sino que hayan
sobrevivido a tantas dificultades. Eso precisamente muestra la
resistencia profunda, basada en una larga historia, de nuestras
instituciones republicanas, con todas las debilidades que todavía
tienen. Con esas instituciones, no sólo evitamos los caudillismos y
gobiernos dictatoriales tan comunes durante tanto tiempo en casi todos
los países del continente. Logramos mucho más. Evitamos el populismo
que tantos estragos causó y causa aún en varias latitudes. Por todo
ello no podemos estar de acuerdo con la conclusión del Informe acerca
de que, en nuestro país, el Estado también ha sido perdedor.

Pero, por supuesto, todos debemos reconocer que tenemos muchísimos
problemas, que necesitamos invertir más en gobernabilidad, más de lo
que le corresponde a países semejantes a nosotros, pero con espacios
geográficos que hacen más fácil la gobernabilidad.

Eso es precisamente lo que se propone el Plan Nacional de Desarrollo
“Hacia un Estado Comunitario,” del presidente Álvaro Uribe. Dos de los
cuatro objetivos centrales del plan están orientados directamente a
mejorar la gobernabilidad: la seguridad democrática y la renovación del
Estado. La seguridad democrática trasciende el concepto tradicional de
seguridad, ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coartar
y penalizar a aquellos individuos que transgreden las normas de
convivencia en sociedad. La política de Seguridad Democrática busca la
construcción de un orden social que proteja y beneficie a los
ciudadanos en sus diferentes espacios y ámbitos, asegure la viabilidad
de la democracia y afiance la legitimidad del Estado.

Parece increíble que después de tantos años de inseguridad y violencia
sólo últimamente se le haya prestado atención y recursos a la
generación de estos bienes públicos. Durante años, y pese a los altos
niveles de inseguridad y violencia, Colombia invirtió menos recursos en
gobernabilidad que países con serios conflictos internos y también
menos que muchos que no enfrentaban estos problemas. Pero el problema
de la gobernabilidad no es sólo del monto absoluto de los recursos.

También tiene relación con la calidad de las instituciones. Por eso se
justifica la renovación del Estado. Esta es una política global,
permanente, de modernización y gestión. A través del Plan Nacional de
Desarrollo, el Gobierno se comprometió con la construcción de un Estado
Comunitario, organizado y administrado en función del servicio al
ciudadano y con una activa participación de la comunidad.

El Plan de Desarrollo fue concebido como una respuesta integral con
cuatro objetivos estrechamente relacionados: a) brindar seguridad
democrática; b) impulsar el crecimiento económico sostenible y la
generación de empleo; c) construir equidad social y; d) renovar la
administración pública, lo cual incluye una decidida lucha contra la
corrupción y la politiquería.

En conjunto, la estrategia del Gobierno está dirigida a consolidar el
Estado de Derecho, y está comprometida con el respeto a los derechos
humanos, el pluralismo político y la participación ciudadana.

Aunque el logro de estos objetivos requerirá consolidar tendencias y
resolver obstáculos, los resultados indican que, a la fecha, el balance
general del Gobierno es satisfactorio, demostrando las fortalezas de
Colombia, más allá de la violencia.

La economía colombiana viene en una clara senda de recuperación, que
indica que el crecimiento del PIB al final del 2003 será superior al
2%, con lo cual se ubicará por encima del promedio de la región. Este
resultado es consistente con el dinamismo de la inversión total, que
creció 33,2% en el primer trimestre, frente al año anterior. Como
consecuencia, la tasa de desempleo, uno de los indicadores más
importantes en el frente social, se ubicó en 14,3% frente a 15,6% en el
mismo mes del año anterior, indicando así la generación de más de
541.000 nuevos empleos en este periodo. Teniendo en cuenta que esta
tendencia se ha registrado en forma robusta en cada uno de los meses
del año, es previsible que la meta del Gobierno de 14,6% para fin de
año se cumpla.

En promoción de la equidad social, a través de la estrategia de
Revolución educativa, en lo corrido del año se han creado 477.598
nuevos cupos de educación básica y, con los cuales la cobertura bruta a
nivel nacional pasó de 82% a 85%, y se ha cumplido el 95% de la meta
fijada para 2003.

En protección y seguridad social, el Gobierno ha encaminado sus
esfuerzos a aumentar la cobertura de los programas para los grupos más
vulnerables y a adecuar los instrumentos de manejo social del riesgo
para su prevención y mitigación.

Con este fin, ha sido necesario realizar reformas estructurales a la
normatividad y a los mecanismos de focalización como el Sisbén. En el
primer caso se diseñó y puso en marcha un Sistema de Protección Social,
gracias al cual el país cuenta hoy con un conjunto de instrumentos
articulados para disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de
vida de los colombianos. Con este Sistema, y con la creación del Fondo
de Protección Social que lo acompaña, se están haciendo efectivos los
derechos fundamentales relacionados con la salud, la pensión y el
trabajo de los grupos más vulnerables.

En cuanto a los mecanismos de focalización, para aumentar la eficiencia
en la asignación de los recursos del gasto social y asegurar que los
programas lleguen a la población más pobre, se rediseñó y se está
implementando un nuevo Sisbén. Con este propósito, en 2003 serán
reencuestados 8 millones de hogares y, a partir de 2004, los subsidios
en salud, educación, bienestar familiar y vivienda entre otros, serán
asignados con este instrumento.

Por otro lado, se han generado 328.200 cupos adicionales en el régimen
subsidiado de seguridad social, con lo cual se aumentó la tasa de
cobertura de la población con necesidades básicas insatisfechas en
2,9%, pasando de 70% en 2002 a 72,9% en 2003.

Las acciones en materia de renovación de la administración pública
están permitiendo adecuar el Estado a las condiciones actuales del
país. A través de una serie de ajustes institucionales y de una frontal
lucha contra la corrupción y la politiquería, se está avanzando en
recuperar su credibilidad.

El conjunto de reformas que componen este programa ha generado ya los
primeros ahorros importantes al Estado. A la fecha, y como consecuencia
de los decretos de reestructuración expedidos en el marco de las
facultades extraordinarias, se estiman ahorros cercanos a $450.000
millones en forma permanente al finalizar el cuatrienio. La renovación
del Estado incluye el Plan de Protección Social para los servidores
públicos separados de sus cargos que ya ha beneficiado a cerca de 16
mil personas.

Pero sin duda, el principal determinante de los resultados obtenidos a
la fecha son los avances en la Política de seguridad democrática. A
través de ésta, se ha logrado incrementar y fortalecer la presencia
legítima del Estado en el territorio nacional y recuperar el control de
zonas con influencia de los grupos armados ilegales. La presencia de la
Fuerza Pública se incrementó en 135 nuevos municipios pasando así de
86% a 94% del territorio nacional en 2003 y el área bajo cultivos
ilícitos se redujo 43% frente a 2001. Igualmente, el número de ataques
contra poblaciones disminuyó 61% y las víctimas civiles 35% entre 2001
y 2002.

Con la estrategia de promoción y protección de los DDHH y el DIH,
componente central de la Política de seguridad democrática, el Gobierno
está haciendo efectivas las acciones de prevención y atención a
víctimas, y de fortalecimiento de la lucha contra la impunidad. Los
programas en esta materia comprenden la atención a víctimas de actos
terroristas, desplazamiento forzado, minas antipersonal y aquellas que
requieren medidas de protección especiales.

Entre los logros más significativos se encuentran la desaceleración en
la tasa de crecimiento de los hogares desplazados, que pasó de 21%
entre 2000 y 2001 a 12% entre 2001 y 2002. De no haberse presentado
este cambio, el número de hogares desplazados en 2003 sería de 98.643,
un 21% superior. Igualmente, en el primer año de gobierno se ha logrado
el retorno de 7.218 hogares desplazados, de los cuales 6.816
corresponden a retornos masivos, y se han atendido con asistencia
humanitaria a 30.723 familias desplazadas.

Estos resultados se han reflejado además, en una reducción durante el
primer semestre de 22.3% en el número de homicidios y 30% en los
secuestros, así como en un aumento del flujo vehicular por las
carreteras nacionales de 10.7%, reflejando de esta forma una mayor
movilidad de la población sobre el territorio nacional.

Para concluir, quiero una vez más resaltar la importancia del Informe
Nacional de Desarrollo Humano 2003 que hoy se presenta. Sus
diagnósticos, análisis y conclusiones generarán debate y controversia.

De ese debate estoy seguro que el país saldrá beneficiado. En estas
notas he presentado, de manera respetuosa, algunas divergencias con sus
conclusiones. Para terminar, permítanme resaltar una, entre muchas,
coincidencias. El Informe enfatiza que para que una estrategia de
seguridad ciudadana sea exitosa se requieren dos elementos. Primero,
que sea una respuesta integral. Podremos tener divergencias en el
contenido de la estrategia, en sus políticas, pero la seguridad
democrática es una estrategia integral. En segundo lugar, y no menos
importante, el Informe afirma que el éxito depende del apoyo de la
población. Medir por supuesto el apoyo de la población no es fácil y
las metodologías adolecen de fallas e inconsistencias. Lo único que
tenemos son las encuestas de opinión. Con las deficiencias que ellas
puedan tener, todas señalan el creciente apoyo a las instituciones por
parte del pueblo colombiano. La labor del Presidente de la República,
el cual en encuestas recientes la apoya más del 70% y el porcentaje de
los ciudadanos que sienten que las cosas están mejorando, pasó de 8% en
abril de 2002 a 35% en marzo de 2003. Igual o más importante es la
aprobación a las instituciones del Gobierno como el ejército (con un
87% de aprobación), que supera incluso el de la Iglesia (de 77%), en
contraste con el desprestigio de todos los grupos armados ilegales.

Sin pretender ningún tipo de triunfalismo, y siendo concientes de las
grandes necesidades por atender y del enorme trabajo que queda por
delante, estas cifras parecen estar señalando el apoyo de una gran
mayoría de colombianos a unas políticas que están mostrando resultados
positivos para bien, no de este Gobierno, sino de todos los colombianos
y colombianas de hoy, de nuestros hijos e hijas y de todos los que
vendrán después.

Muchas gracias

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