Opinión Nacional

Las “sutilezas” de la mordaza

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En una democracia, la libertad de prensa y expresión no es un permiso gracioso otorgado por los mandatarios. Es como la columna vertebral de los derechos humanos. Y esa clase fue ampliamente demostrada, como jamás se había visto, en el trienio 1945-48. Ese clima de respeto a las libertades de prensa e información cambió radicalmente a partir de la cuartelada del 24 de noviembre de 1948, como lo terminó de confesar Pérez Jiménez, con la claridad de la estupidez, a la revista Time el 18 de febrero de 1955: “A ningún periodista se le dice lo que debe escribir, pero se le prohibe escribir lo que en nuestra opinión pueda ser malo para la moral o el progreso del país. Es una palabra: la prensa está censurada”.

Primero fue la represión, con dos modalidades: algunos medios fueron suprimidos ejecutivamente y otros sometidos a la censura oficial. La primera víctima fue El País, órgano de expresión del pensamiento político de Acción Democrática, clausurado por decreto y fuerzas militares, con persecución implacable contra fundadores y colaboradores, cobrándoles la invalorable y diaria articulación de un pensamiento democrático y de avanzada en el país. Su primer director, “ese venezolano de excepción que era Valmore Rodríguez”, al decir de Rómulo Betancourt, fue encarcelado y, sin atención médica tras dos ataques al corazón, se le echó de Venezuela para que muriera en el exilio, como vino a suceder en julio de 1955.

Luis Troconis Guerrero, director del periódico al momento del cuartelazo, pasó tres años en la clandestinidad, su esposa e hija fueron apresadas y abusadas, tuvo una grave crisis cardíaca y fue igualmente desterrado para morir en Costa Rica en diciembre de 1951. Antonio Pinto Salinas, redactor económico de El País y ejemplar combatiente, fue apresado en 1953 y asesinado por la policía política. Analuisa Llovera, que había sido jefe de información de El País y ex- diputada a la Asamblea Constituyente, fue expulsada del país.

Otros diarios vinculados a sectores democráticos no fueron suprimidos manu militari, sino que mediante presiones y prisiones se obligó a los propietarios a venderlos a personas vinculadas y afectas al régimen, como Panorama y Ultimas Noticias. Suprimidos policialmente fueron Fronteras (San Cristóbal), El Día (Valencia), Honda (Coro) y los semanarios Atalaya (Mérida) y Acción (Valera), entre otra cantidad.

Primero se llamó Junta de Censura y luego Comisión de Examen de Prensa. Su misión: amordazar a la prensa, delatar y hacer encarcelar, o deportar, a periodistas de disidencias siquiera leves con el régimen, tarea que asumieron dudosos notorios como Vitelio Reyes (ex jefe civil de Gómez) y Edwin Burguera, joven comunista que se pasó con armas y bagajes a la dictadura. Al alimón, esa forma de toreo en la que dos lidiadores manejan una sola capa, trabajaban con la Seguridad Nacional, como policías en faenas sincronizadas.

Los temas nacionalistas que trataban los miembros del grupo literario Aragüaney (Mariano Picón-Salas, Eduardo Arcila Farías, Mario Briceño Iragorry, Eduardo Arroyo Lameda, entre otros) fueron llamados y amenazados con cárcel y desterramiento por Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional. El grupo se extinguió. Finalmente volvía la vieja costumbre medieval de tener quien indicara lo que debía publicarse y cómo, todo para lograr acentos uniformes en gris mortecino. Lo único que tenía vía libre hasta el infinito era la adulación al tarugo mandante. La represión precedió al soborno o al ablandamiento.

El Gráfico, órgano del partido socialcristiano Copei, fue hostilizado y su jefe de redacción, Luis Herrera Campins, encarcelado y exilado; y dejó de publicarse. Lo mismo sucedió con el semanario de URD. Se clausuró la revista Signo, y expulsado su director Alfredo Tarre Murzi. Igual pasó con revistas literarias como El Perfil y La Noche, mensuarios artepuristas dirigidos por Vicente Gerbasi y Juan Sánchez Peláez. La edición inicial de otra revista literaria, Cantaclaro, fue decomisada y uno de sus redactores, Guillermo Sucre Figarella, fue exilado.

En 1949 fue cerrado por varios días El Nacional (22 de abril de 1949) porque un linotipista travieso interpoló una información sobre el apodo popular con que se conocía al triunvirato castrense: “Los 3 cochinitos”. Idéntica pena sufrió el diario cuando publicó, sin comentario, una foto de Hitler y Franco abrazados el mismo día en que la dictadura iniciaba relaciones con su gemela española. La protesta que preparaba la Asociación Venezolana de Periodistas no se formuló por asalto policial al local, pistola en mano, y 50 periodistas –incluyendo a la escritora Lucila Palacios- fueron a la cárcel. Para volver a circular, la dictadura le impuso a El Nacional la erradicación de firmas, entre los cuales estaban Juan Liscano, Lucila Velázquez, J. M. Siso Martínez y Luis Esteban Rey (enseguida exilados).

El Universal (que en su larga vida y hasta el momento sólo había hecho oposición al Gobierno de AD) fue multado por hablar también de los tres cochinitos, varios de sus redactores fueron detenidos y un trabajador fue enviado al campo de concentración de Guasina. El Diario de Occidente también fue multado; el Diario Católico fue obligado a cambiar de director…

Y con motivo de la visita a Venezuela del Presidente Galo Plaza, el joven periodista Simón Alberto Consalvi dio el discurso de ofrecimiento en el agasajo con las siguientes valientes palabras: “Desde 1948, desde noviembre de ese año, estamos amordazados por la más absurda, sectaria e incalificable censura de prensa. Fueron clausurados más de 100 periódicos, y ni siquiera las hojas provincianas medianamente decentes pudieron volver a circular. Pero no crean por esto que somos pesimistas. Estamos dispuestos a conquistar la libertad. Una vez disfrutamos de ella y aprendimos a no vivir sin ella.” Consalvi fue encarcelado, pasó años detrás de las rejas y desterrado a fines de 1955.

La paliza en gavilla era otro método para la enseñanza periodística. José González González y Julio Ramos, de El Universal, fueron secuestrados y molidos a palos.

La acometida policial llegaba también a publicaciones hechas en el exterior: en agosto de 1955, Rafael Caldera, líder socialcristiano y profesor universitario, fue víctima con su familia de un atentado terrorista (técnica autocrática clásica). Publicó en el Excelsior de México (17 de julio de 1955) un emocionado artículo con motivo de la muerte trágica de Andrés Eloy Blanco, y en la madrugada del 4 de agosto dos automóviles de la Seguridad Nacional lanzaron varias granadas de mano contra las ventanas de su casa, causando destrozos. El hijo recién nacido de Caldera estuvo a punto de morir por asfixia. Este caso también terminó en la carpeta de los “indescifrables”.

El campo de concentración de Guasina fue igualmente lugar preferido para enviar a periodistas. El guayanés Ramón Vicente Tovar, tras hambre y atropellos, salió a morir en un sanatorio. Simón Ferrer hizo trabajos forzados en esa Siberia venezolana, al igual que Héctor Strédel, ex jefe de redacción de El País. El empeñoso autodidacto César Gil, ex miembro de redacción de El País, apresado en 1950, fue salvajemente torturado y encarcelado durante seis años, y exilado en 1956. Alberto Ravell pasó por trance similar. Esto para sólo mencionar algunos, entre muchos.

La censura alcanzó a las agencias informativas internacionales y a periodistas extranjeros. Apresado y encarcelado en 1949 fue Alberto Brun, de la agencia francesa AFP, año en que también la policía asaltó el local de la United Press. Dos redactores de la revista Time fueron expulsados, al igual que periodistas de las agencias. Los adecos protestaban ante las agencias internacionales que transmitían noticias desde Caracas (Comunicados de la Seguridad Nacional), donde se calificaba, por ejemplo, de “terroristas prófugos” a Leonardo Ruiz Pineda y Alberto Carnevali, obviándose que eludían la muerte por la persecución del régimen y que en Venezuela estaba a la orden del día el crimen político oficializado, y que hablar así sobre esos hombres era cooperar con los planes siniestros de la dictadura.

A los meses de esas protestas ante las agencias internacionales, caía Ruiz Pineda (21 de octubre de 1952) acribillado a balazos; y el 21 de mayo de 1953 se dejaba morir a Carnevali sin asistencia médica adecuada en una celda penitenciaria.

Siendo así la situación ignorada por los adoradores posteriores del tarugo cochinazo y sus secuaces, menos podían circular en Venezuela publicaciones que criticaran al régimen. Bohemia, Cuadernos Americanos y Humanismo, así como varios diarios y revistas, jamás pasaron la censura postal, y era delito penado con cárcel o deportación poseer un ejemplar de esas publicaciones. El New York Times y Time eran recogidas si contenían algo contrario “a la moral o el progreso del país”. No era publicable la declaración de la Asociación Interamericana de Prensa: “El pueblo de Venezuela no ha conocido la libertad de prensa desde el 24 de noviembre de 1948, y una nueva generación está siendo educada ahí, a los dictados de quienes ocupan el poder, en el sentido de que la prensa debe abstenerse de comentar justa y libremente los problemas nacionales”.

La nube negra de la censura campeaba en Venezuela bajo la atroz venganza antidemocrática del tarugo que abundaba en riqueza, dejando a la libre expresión en total bancarrota.

Pero los bárbaros autocráticos, que parecieran por siempre tener solo una arepa mojada flotándoles como cerebro, jamás pueden degollar las ideas. Paralela a esa prensa regimentada, sobornada o acobardada, circuló otra. Resistencia, órgano central del Partido Acción Democrática, y numerosos otros voceros de la opinión política oposicionista, impresos en multígrafos o escrito en maquinilla (en símil del Internet de la época) circularon copiosamente. Llevaban mensajes de fe y confianza en el porvenir. Consignas de lucha, análisis esclarecedores de la realidad nacional, enfoques sobre los problemas vitales del país, ausentes en la prensa aplastada por el guantelete de hierro, eran cosas que los venezolanos leían, escritas por hombres en la clandestinidad o el exilio. En ellas quedó registrado para la historia –que se estudie con seria profundidad- el dramático discurrir de la vida nacional, durante los años en que el país sufrió la opresión de un régimen brutal, del tipo que nunca más debía regresar.

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