Legalidad revolucionaria
A medida que el llamado proceso revolucionario avanza las leyes inconstitucionales se multiplican, los abusos de poder y la arbitrariedad aumentan. En Venezuela, el poder lejos de distribuirse, como ocurre en el Estado democrático, se concentra en Hugo Chávez. Se ha establecido un régimen autocrático dónde el detentador del poder es una sola persona, es un dictador.
Al hablar de violaciones del estado de derecho suponemos su existencia. Ciertamente, está consagrado en la Constitución vigente, pero ésta es absolutamente ineficaz, está –como diría Delgado Ocando- al servicio de la política que subyace en el proyecto chavista.
Y, ¿cuál es ese proyecto? Es sumamente sincrético, una ensalada de variados ingredientes, entre los cuales destaca el marxismo.
Para el marxismo el derecho está determinado por las relaciones económico-sociales, es expresión de la voluntad política de la clase dominante. Los marxistas rechazan las concepciones garantistas propias del Estado de derecho contemporáneo como la contemplada en la Constitución de 1999. Al oponerse “el socialismo del siglo XXI” al modelo constitucional democrático, es imposible su concreción manteniendo la Constitución de 1999 como ley fundamental.
Ante los inconvenientes que supondría declarar desconocer la constitución, el régimen mantiene una retórica de respeto pero constantemente desaplica y altera los contenidos constitucionales con el concurso del Tribunal Supremo de Justicia que usando formalidades propias del estado constitucional democrático encubre “la nueva legalidad” que construye atendiendo los requerimientos del dictador.
2007 debió ser el año del establecimiento del Estado socialista como lo propugnaba la propuesta de reforma constitucional. La nueva constitución debería haber servido para implantar legalidad socialista, y servir de programa para la instauración del proyecto totalitario. Sin embargo, fue rechazada por el pueblo tan abrumadoramente que el régimen fue obligado a reconocer la derrota.
No obstante, las reformas legales que demandaba el proyectado Estado socialista continuaron dictándose hasta prácticamente culminar una etapa con las recién publicadas leyes de arrendamiento y de costos y precios. Toda ésta inconstitucional legislación recoge los principios propios del Estado socialista desplazando definitivamente el principio de legalidad constitucionalmente previsto para substituirlo por una legalidad revolucionaria que tampoco constituye ninguna garantía, por cuanto se aplica mientras no se oponga a los fines revolucionarios tal y como lo determine el dictador.
