Legalidad y justicia en tiempos de caos

«U A, Chávez no se va.»

Jueces y fiscales en un acto oficial.

Cuando en ocasión de anunciar el hallazgo de los cadáveres de los hermanos
Faddoul y de Miguel Rivas el Ministro del Interior y Justicia terminó su
declaración llamando a la unidad de todos los venezolanos fue como si el
Gerente General del Magallanes hubiera cerrado una rueda de prensa para
explicar una cadena de 30 derrotas gritando: «León, león, león, león». ¿No
habría nadie que le explicara que ese no es el lema de su equipo? El líder
del «proceso» lleva más de siete años promoviendo el enfrentamiento,
convirtiendo en héroes a quienes agreden a los opositores, ofreciendo
aplastar a sus enemigos y pulverizar a la disidencia y, de pronto, un
funcionario evidentemente rebasado por las exigencias de su cargo sale
entonando una melodía totalmente contraria. El ministro Chacón trato de
aprovechar que los grupos tienden a cohesionarse ante un enemigo exterior
(en este caso, ciudadanía vs. delincuencia). Un intento burdo de quitarse de
encima la esperable indignación popular y desviarla hacia el enemigo que él
no ha sido capaz de encontrar durante sus años al frente de Minjusticia
(siguiendo la onda de sinceridad, el de infraestructura debería llamarse
Minfracaso).

El Presidente, más rebasado que el Ministro, utilizó al embajador Brownfield
para dirigir la atención del país hacia lo enérgico que es amenazando a los
enemigos distantes, declaró su apoyo a la «buena labor» del ministro Chacón
(como aplaudió la caída del Viaducto, convirtiendo un fracaso monumental en
un fracaso monumental celebrado), relató lo conmovido que estaba y dio un
reporte de cómo había llorado con la madre de los niños. Cero análisis del
problema. Cero soluciones.

A la tasa actual de un muerto cada 45 minutos, si el Presidente se va a
dedicar a llorar con las madres de los asesinados no le va a quedar tiempo
ni para «Aló Presidente».

Otros voceros oficialistas, que tuvieron más tiempo de ser instruidos por el
unificador del discurso oficial, difundieron la especie de que la oposición
estaba detrás de los secuestros y asesinatos. Quienes exigen pruebas
notariadas a periodistas y demás denunciantes de abusos y corrupción dieron
una clase magistral de irresponsabilidad frente a los hechos. El más
grotesco fue el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel, quien
aseguró tener documentos probatorios de la contratación de sicarios
colombianos para cometer los homicidios. Debe haberlos conseguido con la
misma gente que le dio al alcalde de Maracaibo los que usó para denunciar al
gobernador Rosales de asistir a reuniones conspirativas. Aunque el mismo
ministro Chacón declaró por televisión que los documentos eran falsos, el
gobernador Rangel sabe que ni el alcalde Di Martino ni él sufrirán ninguna
consecuencia por sus sainetes porque a los chavistas no los gobiernan las
leyes que rigen para los demás venezolanos. Es obvio que, así como en las
empresas tramposas hay dos juegos de libros contables, en Venezuela hay dos
ordenamientos legales.

Según Francisco Olivares, autor del libro «Las Balas De Abril», los dos
únicos casos de muertos en los sucesos del 11/4/02 que han llegado a
tribunales son del bando oficialista. Esas dos personas recibieron disparos
con trayectoria descendente. No obstante, los acusados son policías
metropolitanos que o no se encontraban en la zona o estaban en la avenida
Baralt, debajo del Puente Llaguno.

Los hermanos Faddoul y Miguel Rivas pasaron 42 días secuestrados sin que la
policía (científica o no científica con su mayor exponente) pudiera
encontrar ningún rastro de su paradero. Sin embargo, a pocas horas de que
aparecieran muertos y se dieran manifestaciones de protesta en todo el
territorio nacional se anunció la detención de los supuestos responsables de
su secuestro y asesinato. ¿Es que tenían que estar muertas las víctimas para
que las autoridades pudieran investigar? ¿Será que necesitan el protocolo de
autopsia para conseguir pistas? No lo creo. Después de todo, la acompañante
del ex ministro de Tierras murió instantáneamente en el accidente que
sufrieron cuando la motocicleta que él conducía se estrelló contra una
acera, en una avenida desierta, alrededor de las seis de la mañana. El día
del accidente, desde la escena de los hechos, un jefe policial fue enfático
en declarar que no había habido ningún otro vehículo involucrado. Igual cosa
afirmaron los testigos. A pesar de eso y de que ni él ni su acompañante
llevaban los cascos obligatorios, Eliécer Otaiza acaba de ser exonerado de
toda culpa. Además, quedó oficialmente establecido que fue embestido por un
vehículo. El nuevamente funcionario declaró a la prensa que no hubo
accidente sino un intento de asesinato y que él sabe quienes están detrás
del hecho. Aparentemente, se ha hecho jUsticiA.

En una demostración más del doble estándar vigente, el titular del Minci
aparece dando declaraciones teniendo como telón de fondo propaganda de la
campaña presidencial que no ha comenzado y «argumenta» que por ser
funcionario no pierde sus derechos políticos y su libertad de expresión.

Además de ser una burrada evidente, eso contraviene disposiciones expresas
de la Constitución del 99 que el ministro Lara contribuyó a redactar.

Obviamente, quienes asumen sus cargos como premio a su obediencia y
fidelidad no consiguen entender que el puesto pueda implicar algunas
responsabilidades que no sean mayor obediencia y fidelidad. El ministro Lara
cree además que le confiere la potestad de modificar la Constitución en
tiempo real. U A.