Letra Muerta
Vivimos días de zozobra. Estamos desamparados. El oprobioso régimen que conduce al desastre a esta querida Venezuela ha abusado, en la más extensa acepción de la palabra, de las prerrogativas que otorga el poder mal entendido.
No resistimos la tentación de ejercer nuestra extraña profesión de ingeniero litigante.
Leemos y escuchamos en estos días que la partida de forajidos que ocupa Miraflores, ha diseñado un sistema en el cual siempre está al borde de la ilegalidad. Nosotros lo vemos diferente.
Para ello nos tomamos el pequeño pero aventurado trabajo de consultar a la Constitución que este régimen se dio a fines de 1999.
Revisamos los artículos que van desde el 136 al 289 que cubren las definiciones y funciones del Poder Público Nacional.
Esta atrevida revisión nos permite entender como la Constitución Venezolana de 1999 es la más violada de todas las veintitrés que hemos tenido.
En primer lugar, debemos resaltar que en el artículo 138 se consagra no solo la independencia de los poderes públicos nacionales, sino que declara ineficaz y nula toda ingerencia de un poder público en las acciones de otro. Creemos, que huelgan comentarios y demostraciones.
El 141 establece que los poderes públicos deben ejercerse para el beneficio y el servicio de los ciudadanos y que ellos deben fundamentarse en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad…… con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Nunca antes hemos leído mentira mayor.
El 145, muchas veces traído al tapete, establece que los poderes públicos nacionales deben estar al servicio del Estado y no de parcialidad alguna.
Aquí, hace falta llamar la atención sobre la importancia que tiene para todo ciudadano el conocer las exactas definiciones que tienen las palabras Estado, Nación, País, Gobierno, Ciudadano y algunas otras que se confunden con demasiada facilidad y muchas veces con aviesas intenciones.
Desde el 156 hasta el 289 encontramos cuales son los campos de competencia y los deberes y obligaciones que deben ocupar y cumplir cada una de las ramas del poder público, a saber: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Huelgan comentarios, pues sería interminable la lista de violaciones que podemos encontrar en estos artículos que solo son letra muerta en el derecho venezolano.
Solo quisiéramos referirnos, muy someramente, a la descarada actuación de la mayoría diseñada en el Consejo Nacional Electoral quienes haciendo poco honor a su gentilicio y a sus antecedentes –o quizás, no-, han actuado de manera descarada y violatoria a todas las prescripciones de sus funciones y obligaciones.
Por último y no por menos importante, queremos resaltar la importante diferencia que existe entre el Derecho Público, al cual están sometidos todos quienes ejercen funciones públicas y el Derecho Privado que rige las relaciones, derechos y obligaciones de los ciudadanos. El funcionario público, regido por el Derecho Público, solo puede hacer lo que las leyes le permiten y ordenan; y los ciudadanos, quienes están regidos por el Derecho Privado, pueden hacer todo aquello que no prohíban las leyes y teniendo, de acuerdo a nuestra visión, la importante limitación del derecho ajeno.
Viene esto a colación con ocasión de la despiadada campaña a que ha sido sometido la organización Súmate, que dirige nuestra querida amiga María Corina Machado.
Los facinerosos acólitos del delincuente de Miraflores, no desmayan en su intento de combatir a la organización más eficiente que ha tenido la política venezolana en toda su historia.
Para ello, tratan de descalificarla, acusándola de ser una empresa y de que se trata de un partido político, y nos preguntamos: ¿Es que ser empresa o ser partido político en la Venezuela de 2004 es un delito?
También se le acusa de recibir colaboraciones pecuniarias de organizaciones extranjeras que tienen esa función. ¿Es que acaso esto se aparta de los cánones establecidos y permitidos?
Cuán diferente es este financiamiento que recibe Súmate al que, violatorio de las leyes, recibe el partido de gobierno y las actuaciones ilegales del presidente desde el erario público que debería destinarse al beneficio de los ciudadanos.
Quiera Dios que Venezuela tenga en el futuro varias, por no pedir muchas, organizaciones privadas y públicas que puedan calzar los zapatos de Súmate y que los dirigentes públicos y privados de Venezuela procedan como lo hacen los dirigentes y quienes cumplen con todas las labores de esta salvadora organización, que ha demostrado eficiencia y eficacia que solo le produce envidia malsana al régimen sátrapa, corrupto, delincuente y vendido al oprobioso fidelismo.
Caracas, Febrero 26 de 2004
