Ley de delitos mediáticos: Receta nazi-fascista
El anteproyecto de Ley de Delitos Mediáticos, presentada por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz no puede considerarse como un hecho aislado; el mismo constituye un eslabón más de un perverso proyecto de dominación de corte socialfascista que encarna el tte coronel y su grupete de militares. Este proyecto hegemónico de corte capitalista se basa en la desaparición del Estado de Derecho, y su sustitución por un Estado autoritario y personalista, en la instauración de un terrorismo de Estado y en la eliminación de las conquistas laborales y de los sindicatos obreros. Además, en la promoción de un patrioterismo demagógico, intolerante, y excluyente, y en la imposición de una hegemonía comunicacional basada en el establecimiento de una maquinaria propagandística para maquillar la realidad, y de un monopolio sobre los medios de comunicación social (estatización de las plantas televisivas, radios, y medios impresos), para cercenar el libre pensamiento y la disidencia ideológica.
El anteproyecto de Ley presentado por la Generalstaatsanwalt (Fiscal General) Ortega Díaz demuestra el talante nazi-fascista del régimen y el deseo del Estado de imponer un totalitarismo intelectual, que censura al pensamiento crítico y libertario. Siguiendo la doctrina de su colega Roland Freisler (1942-1945), sanguinario Fiscal General de la Alemania nazi, invoca el derecho a la seguridad interna como una de las razones en las cuales fundamenta su solicitud de aprobación ante la Asamblea Nacional (AN). Recordemos que la Doctrina de la Seguridad Nacional o Seguridad Interna es una teoría militar cuya aplicación supone la intervención constante y sistemática de las Fuerzas Armadas en la vida política de un país. A través de la misma se institucionaliza el terrorismo de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos. Mediante la invocación de esta nefasta doctrina, los gorilas de los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), justificaron en el pasado sus continuas intervenciones en la política interna y la represión en contra de los movimientos populares (sindical, estudiantil, partidos de izquierda, etc.). Esta doctrina parte de la premisa de la existencia de un enemigo interno, al cual hay que destruir de forma orgánica y sistemática. La identificación del enemigo interno se convierte en algo subjetivo, y cualquier ciudadano o movimiento con algún componente reivindicativo puede ser identificado como enemigo interno. Esta aberración jurídica presentada por Ortega Díaz, guarda una gran similitud con las legislaciones impuestas por esas dictaduras del Cono Sur a fin de penalizar la libertad de expresión y de información para mantenerse en el poder.
Ningún país de América tiene una legislación penal como la que ha propuesto la abyecta de Luisa Ortega Díaz, para castigar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público y un juez puedan calificar como delito mediático. Si el anteproyecto presentado a la AN por la máxima autoridad del Ministerio Público (supuestamente garante de la legalidad en el país) se convierte en ley, lo cual gracias a la mayoría servicial de la AN, será casi seguro, la libertad de pensamiento y expresión sufrirá un nuevo zarpazo en nuestro país. Con el agravante de que la mayoría de los fiscales y jueces son designados y removidos a dedo, no tienen estabilidad en sus cargos y están permanentemente sometidos a todo tipo de presiones por parte del gobierno a fin de imponer su voluntad desde Miraflores (caso de Alicia Torres, juez 13ª de Control).
Esta nueva Ley constituye la herramienta jurídica con la cual aspiran someter a la sociedad venezolana a un proceso de homogeneización ideológica. Constituye la cobertura y el pretexto para una política represiva que vulnera todos los derechos y garantías individuales y sociales en aras de un pretendido “Interés Nacional o de Estado” y en resguardo de un supuesto “enemigo interno”. Un control de los medios de información masiva, mediante la censura o autocensura, puede crear verdaderos ghettos comunicacionales, lo cual podría ser mucho más efectivo para el control de la población, que una represión abierta. Con esta infausta Ley el felón de Miraflores pretende cambiar la historia del país, ocultar los graves problemas que aquejan a la nación como la inflación, la militarización de la sociedad, el desempleo, la represión, la falta de viviendas, la impunidad, el endeudamiento, la crisis alimentaria, educativa y asistencial, etc. Sin embargo, todas estas medidas: cierre de medios de comunicación, imposición de una jurisprudencia totalitaria y más recientemente, el asalto a un medio de comunicación por parte de las bandas armadas del régimen (fasci di combattimento), serán insuficientes para ocultar la magnitud del fracaso económico y social del socialfascismo del siglo XXI.
