Liberar a los poderes públicos
Según las últimas encuestas, el rechazo al gobierno aumenta, más no todos los que están descontentos están protestando.
Hace falta articular mejor la conducción política. Como hemos dicho, es imperativo que dialoguen mas entre sí los actores que integran la coalición unitaria. Es necesario que el país vea a Henrique Capriles y Leopoldo López luchando juntos. Es importante que la MUD y los partidos que la integran discutan y acuerden una estrategia común. Este es el momento de la Política (así, con mayúscula), el momento de colocar a un lado lo que nos separa y seguir unidos en la defensa de la democracia.
Los opositores debemos aumentar la combatividad para denunciar la inseguridad, la escasez de alimentos y el deterioro del salario debido a la inflación, es decir, hay que profundizar e intensificar la protesta nacional contra la nefasta gestión de Nicolás Maduro que ha llevado el país al colapso. Hay que poner en evidencia el aumento del rechazo al gobierno, rechazo que ya empieza a crecer incluso entre sectores chavistas.
Todo ello sin dejar de exigir el cese a la violación sistemática de los derechos humanos, denunciando la corrupción y la impunidad. Obligando a las instituciones competentes a investigar y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de los asesinatos, torturas y represión brutal de los manifestantes; demandando al gobierno la liberación de los estudiantes y los presos políticos (Simonovis, Leopoldo López, Scarano y Ceballos), así como el retorno de los exiliados y el cede al hostigamiento y persecución contra María Corina Machado, Voluntad Popular y sus dirigentes Carlos Vecchio, Antonio Rivero y el alcalde Delson Guárate.
La falta de legitimidad democrática de Nicolás Maduro y las protestas de las últimas semanas han obligado al gobierno a usar la palabra diálogo. Una señal clara de ese compromiso debería ser, de acuerdo a la Constitución, la convocatoria a una amplia consulta a través de la Asamblea Nacional para la designación de la Fiscal General y de la Defensora del Pueblo cuyos mandatos están por vencerse. Igualmente, seguir presionando para la designación de los diez magistrados del TSJ y sus suplentes, que ya tienen agotado su mandato, de acuerdo al artículo 264 de la Constitución; el nombramiento del Contralor General de la República, según el artículo 279 y la designación de los rectores del CNE que tienen los períodos vencidos.
La protesta, con todos los sacrificios que ella ha conllevado en materia de vidas humanas, heridos, torturados y encarcelados debe servir para restablecer el Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución, liberando a los poderes públicos del secuestro impuesto por el PSUV.
Cumplir exactamente lo que esta previsto en la norma constitucional para la designación de estos altos funcionarios es una prueba por la que la mayoría oficialista debe pasar si quiere abrir espacios sinceros de diálogo.
La iniciativa tomada por el Ejecutivo, forzado por la crisis de gobernabilidad, no puede ser un “show” más. Esos altos cargos no pueden seguir, como lo han estado hasta ahora, al servicio de una parcialidad política (PSUV), a espaldas, y casi siempre, en contra de la inmensa mayoría del país.
Debemos ejercer presión para la realización de un amplio diálogo nacional que nos permita la escogencia de estas altas autoridades con base al consenso como garantía del establecimiento del Estado de Derecho que ha sido sustituido por un Estado delincuente, cuyas principales características son la corrupción y la impunidad.
La salida de la cual tanto hablamos, pasará siempre por la vía electoral. La historia nos demuestra que al final de las mas cruentas confrontaciones, la única salida ha sido siempre el diálogo y la vía electoral, llámese constituyente, revocatorio o elecciones.
