Licencia para linchar
Algunos defensores de derechos humanos deben estar revisando muy profundamente sus puntos de vista acerca de uno de sus temas favoritos: la lucha por la libertad de expresión. ¿Qué los puede llevar a semejante mirada introspectiva y autocrítica? Pues, como es natural, otro de sus temas favoritos: la protección a los perseguidos políticos.
Vamos a explicarlo con un ejemplo «sumamente sencillo», como decía mi profe de Química, José Adrián, en el Antímano de los años 70. Resulta que, en una actitud que lo enaltece -en mi opinión, por supuesto-, Marino Alvarado ha asumido la defensa del venezolano de origen vasco Arturo Cubillas, presunto terrorista etarra. ¿Y de quién, básicamente, lo defiende? Pues, de la prensa, damas y caballeros.
No alcanzo a imaginarme cómo se sentirá Alvarado, a quien habitualmente vemos quebrando lanzas por el derecho de los medios de comunicación a andar por la libre y ahora se encuentra en el aprieto de defender a un señor que esos mismos medios quieren -ni más ni menos- linchar en la plaza pública.
Claro, no son los medios por sí solos, sino actuando como la garra feroz del poder hegemónico mundial, y, en este caso, de aquello que el altísimo sátiro Francisco Umbral acostumbraba llamar «la derechona» española, terrífica mezcla del ancestral franquismo con la postmodernidad neocon.
Alvarado, en la retorcida encrucijada del Asunto Cubillas, ha visto la otra cara de los medios: una maquinaria que investiga, imputa delitos, juzga a sus acusados, los condena y también quiere ejecutarlos, todo ello en vivo y directo, en tiempo real, en forma de reality show. A su modo, son un rrrrégimen que viola garantías fundamentales, tortura y persigue.
Es natural que tal pretensión de hacer justicia por mano propia y sin atisbo del debido proceso escandalice a quien ha dedicado su vida a luchar por los derechos de las personas, incluso de las «malas» personas, pues bien se sabe que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) pugna también por un trato digno hasta para los peores delincuentes presos en nuestras infames cárceles.
Cubillas no es, ni de lejos, el primer individuo sobre quien el poder hegemónico y su prensa-garra han desatado persecuciones y condenas a la pena capital, sin apelación posible. No es el primero al que se le pretende despojar de una nacionalidad, dejarlo sin trabajo, desterrarlo y lapidar a su esposa hasta que reniegue de él. En verdad, aunque con personajes menos conocidos (no «terroristas peligrosísimos» sino gente cualquiera) esas operaciones mediáticas de ajusticiamiento se cumplen todos los días, casi a toda hora. Solo que organizaciones como Provea no quieren verlas.
