Los derechos inhumanos de Hugo Chávez

El régimen de Hugo Chávez ha venido siendo objeto de un creciente escrutinio debido a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y la casi total ausencia de un Estado de Derecho, principios fundamentales de toda sociedad democrática.

Un exhaustivo informe de 300 páginas de marzo pasado, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfureció a Chávez, quien desestimó las acusaciones como un complot para socavar la revolución bolivariana, calificó el informe como «puro excremento» y acusó a la Comisión de estar al servicio del  “imperio». El informe cita persistentes amenazas y violaciones de los derechos humanos  en cuanto a participación política, libertad de pensamiento y de expresión, derecho a la vida, seguridad personal, integridad personal y libertad.

Una sección clave del informe señala que «uno de los principios que caracteriza a un estado de derecho es la separación e independencia de los poderes públicos, como elemento esencial de la democracia.” El informe también señala que «la vigencia  de  los  derechos  y  libertades  en  un  sistema  democrático  requiere  un  orden  jurídico  e  institucional  en  el  que  las  leyes prevalezcan  sobre  la  voluntad  de  los  gobernantes,  en  el  que  exista  un  control  judicial  de  la  constitucionalidad  y  legalidad  de  los  actos  del  poder  público,  vale  decir,  presupone  el  respeto  del  Estado  de  Derecho.”

Lejos de mejorar, a pesar de las serias advertencias de la CIDH y la sostenida protesta de numerosos activistas y organizaciones locales de derechos humanos, la situación sigue deteriorándose rápidamente. Incluso una leve crítica al régimen puede dar lugar a acusaciones falaces, al acoso, la pérdida del trabajo, la imputación de delitos e incluso la prisión. Dependiendo del estado de ánimo del mercurial Presidente, el transgresor acusado injustamente puede incluso escuchar la “sugerencia” de su propia condena durante el programa semanal de televisión  de Chávez «Aló Presidente».

Raúl Baduel, un oficial militar de alto rango y ex ministro de Defensa, expresó su preocupación sobre el comportamiento del gobierno, lo que le acarreó ser perseguido, procesado y finalmente condenado a siete años y 11 meses de prisión, para desalentar a sus compañeros de armas de tomar el mismo camino. De nada valió que dirigiese la operación para restablecer en el poder a Hugo Chávez después de su breve separación de la presidencia en abril de 2002.

Wilmer Azuaje, desilusionado diputado Pro-Chavista de la Asamblea Nacional, quien ha venido haciendo repetidas acusaciones de corrupción contra miembros de la familia Chávez, fue rápidamente despojado de sus funciones, sin cubrir el menor procedimiento legal establecido en la Constitución, después de haber sido falsamente acusado de atacar a una oficial de policía, y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario.

Tales acciones parecen destinadas a desalentar la resistencia activa de disidentes de los diferentes sectores de la sociedad ante la embestida autocrática del gobierno. En resumen, el régimen ha adoptado un enfoque de intimidación «mediante el ejemplo» para tratar de sofocar la disidencia, seleccionando como muestras a conocidos personajes de las instituciones más importantes del país.

Oswaldo Álvarez Paz, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado Zulia y miembro veterano del antiguo Congreso Nacional, fue encarcelado en marzo pasado por casi dos meses, acusado de conspiración -una acusación infundada y posteriormente desestimada- así como de otros delitos como la difusión de información falsa y engañosa, y la generación de malestar social. Su pecado: haber concedido una entrevista televisiva en la que se refirió al auto de procesamiento de un juez español sobre varios terroristas vascos de la ETA que supuestamente viven en Venezuela, y sus presuntos vínculos con el gobierno venezolano, así como con el grupo narco-terorrista de las FARC colombianas.

Una vez liberado, producto de un esfuerzo bien coordinado para obtener el apoyo de gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos, el Sr. Álvarez Paz no puede salir del país sin autorización judicial. A la espera de un juicio que podría durar meses, ha sido atacado nuevamente por el Sr. Chávez, quien dijo que debería ser encarcelado de nuevo por su »actitud desafiante.” De hecho, sus primeras palabras tras su reciente puesta en libertad estuvieron dirigidas a llamar la atención sobre la difícil situación de los presos políticos.

Guillermo Zuloaga, presidente del único canal de televisión aún no controlado o silenciado por el régimen y crítico frecuente del gobierno, fue impedido en marzo pasado por las autoridades de inmigración de abandonar el país en unas cortas vacaciones a la isla caribeña de Bonaire. Su arresto fue concretado por el jefe adjunto de inteligencia del ejército y luego acusado de delitos absurdos, incluso de vilipendio al presidente, una acusación que legalmente sólo podría hacerla el propio Presidente.

El Sr. Zuloaga nos dijo que »el problema es que pueden mantener abierta la investigación durante seis meses o más,  y en última instancia, decidir que: a) soy inocente, b) que existen datos suficientes como para sustentar la acusación e ir a juicio, o c) que mi caso deberá quedar abierto y que debo permanecer en un limbo. Yo no construí Globovisión para luchar contra Hugo Chávez, pero por desgracia éste declaró ya en 2001 que los medios que critican al gobierno, son enemigos del Estado. Decidieron acosarme, entrando a la fuerza y confiscando el contenido de mi casa en Caracas, no una vez sino dos veces.» Hace dos semanas, después de que Chávez se quejara en televisión de que el señor Zuloaga sigue libre a pesar de haberlo acusado a él de las muertes ocurridas en abril de 2002, un juez ordenó rápidamente su detención por acaparamiento de automóviles, a pesar de que posee varias agencias de automóviles, lo que obligó al acusado a huir a los Estados Unidos y a buscar justicia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Diego Arria, ex gobernador de Caracas, ha sido también embajador ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad. Su hacienda rural ha sido confiscada  y sus pertenencias saqueadas por vándalos afectos al gobierno, en represalia por sus críticas contra las políticas del régimen. Cuando protestó por el secuestro de sus bienes, el presidente Chávez ordenó a la Asamblea Nacional abrir una investigación sobre sus actividades, se burló públicamente de él y admitió de hecho que la cuestión era una venganza personal, cuando dijo: «Si la quieres de vuelta, tendrás que tumbarme.»

Arria llevó su caso ante varias organizaciones internacionales y se embarcó en un viaje a Bruselas, Ginebra, Madrid, París y La Haya para reunirse con líderes gubernamentales y altos funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Consejo del Parlamento de Europa, entre otros.

La jueza María de Lourdes Afiuni fue enviada a prisión por haber liberado al banquero Eligio Cedeño, quien había sido encarcelado por casi tres años sin ser llevado a juicio. Su decisión enfureció al presidente Chávez, quien sugirió en »Aló Presidente» que debía ser condenada a 30 años de prisión. A pesar de que la CIDH emitió una orden de protección en favor de la jueza, el más alto tribunal de Venezuela confirmó la orden de prisión y rechazó los alegatos de la defensa en el sentido de que su vida corre peligro en las instalaciones de la prisión donde permanece detenida.

Según el abogado de la Jueza Afiuni, hacer caso omiso de la CIDH parece ser parte de una “tradición»,  agregando además que «el caso es histórico porque es la primera vez que se encarcela a un juez por el cumplimiento de un mandato legal». Hugo Chávez rechazó la decisión de la CIDH señalando que «la Comisión es un instrumento del imperialismo y nuestra soberanía sagrada debe ser respetada».

Nueve agentes de la Policía Metropolitana de Caracas han sido condenados a penas excepcionales de prisión en un caso que se remonta a ocho años atrás, cuando el 11 de abril 2002 un millón de venezolanos marcharon pacíficamente para expresar su descontento con el régimen y exigir la renuncia del Presidente. Tras la manifestación, tres comisarios y seis funcionarios de la policía fueron detenidos y juzgados como chivos expiatorios por la muerte de tres de las 19 personas fallecidas. Después de largos años de retraso, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó inesperadamente todas las sentencias de hasta 30 años de prisión.

De acuerdo con José Luis Tamayo, uno de los abogados que representan a los policías, es «imposible» que el Tribunal pueda haber leído, analizado y sopesado todas las cuestiones planteadas por la defensa en 15 días, un alegato que consta de más de ocho mil páginas. La decisión impidió de forma automática a los condenados presentar sus candidaturas para ser electos a la Asamblea Nacional en las elecciones programadas para el 26 de septiembre, lo que claramente denota porqué la sentencia fue  anunciada de manera tan precipitada.

Rocío San Miguel, abogada, dirige Control Ciudadano, una ONG local que sigue de cerca los asuntos militares.  Recientemente dio a conocer la inscripción de varios oficiales militares de alto rango en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV], situación explícitamente prohibida por la Constitución. La respuesta del gobierno ha sido la de denigrar públicamente de ella y retirar los registros del PSUV que utilizó para probar sus acusaciones de la página Web del Consejo Nacional Electoral.

Mientras el plan de intimidación mediante el ejemplo por parte del gobierno sigue su curso, la más básica decencia humana de toda la sociedad se viola regularmente. Dos ejemplos subrayan el triste estado de los derechos humanos en Venezuela.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG dedicada a un lograr un trato justo para los presos, unos 38.000 reclusos se mantienen en instalaciones diseñadas para albergar apenas a 12.500. Peor aún, casi el 68 por ciento de ellos están a la espera de ser sentenciados. Los presos están hacinados en celdas que exceden varias veces su capacidad, y algunos se ven forzados a dormir en las escaleras o en los pasillos de la prisión. Sintiéndose olvidados y como último recurso para llamar la atención del gobierno, 15.000 prisioneros iniciaron una huelga de hambre el 17 de mayo pasado. Como quiera que no se puede castigar aún más a presos ya maltratados, las autoridades simplemente ignoraron la huelga y reaccionaron violentamente contra los familiares que protestaban fuera de las cárceles en todo el país.

La huelga de hambre terminó a finales de mayo, cuando los funcionarios gubernamentales hicieron promesas huecas para mejorar las condiciones carcelarias. La difícil situación de los prisioneros es una de las más graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Se trata de una flagrante injusticia que se burla de la Constitución del país bajo la estrecha orientación de Hugo Chávez, de la cual se ha burlado consistentemente en los últimos años. [Adoptada en 1999, la llamada “Constitución Bolivariana» es la número 26 en 200 años, contiene 350 artículos y sucede a la Constitución de 1961, que sirvió a la entonces relativamente pacífica Venezuela más que ninguna otra en su historia.]

El Hospital Militar de Caracas es el escenario de uno de los ejemplos más trágicos del desdén del régimen de Chávez por la dignidad humana. Prácticamente solo, el agricultor y biólogo Franklin Brito inició una huelga de hambre el año pasado para protestar contra la invasión y el saqueo de su propiedad en el Estado Bolívar por parte del gobierno en el año 2005, la cual fue posteriormente expropiada sin el pago  de una justa compensación. Brito comenzó su huelga de hambre a mediados de 2009 frente las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Caracas, en protesta por la confiscación de sus tierras, la cual suspendió el 4 de diciembre, una vez que se anunció que la expropiación había sido anulada.

Sin embargo, como quiera que las autoridades no proporcionaron una clara titularidad de su propiedad, Franklin Brito reanudó su huelga, lo que le valió ser recluido a la fuerza en el Hospital Militar, donde se hicieron vanos intentos para declararlo demente. Desde que fue hospitalizado en diciembre, el Sr. Brito ha desafiado los esfuerzos para obligarlo a comer y continuó luchando para reanudar su huelga de hambre. El gobierno autorizó finalmente a la Cruz Roja a visitarlo y desde entonces ha reanudado la ingestión de agua; pero su estado sigue siendo grave.

Estos son apenas algunos casos representativos de lo que miles de personas experimentan en la Venezuela de hoy. Las múltiples violaciones de los derechos humanos son toleradas por un gobierno que se preocupa por mantenerse en el poder más que por cualquier otra cosa. Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Hugo Chávez son tal vez uno de los más crueles aspectos de su presidencia autoritaria.

En un próximo artículo de esta serie se explorarán las múltiples facetas de la relación Cuba-Venezuela, incluyendo el papel del régimen de Castro en la represión de los derechos humanos.

John R. Thomson es un periodista veterano y ex diplomático durante la administración Reagan, que se centra en la política y la geopolítica de los mercados emergentes. Un visitante frecuente a Venezuela, que recientemente visitó el país durante dos semanas. Norman Pino De Lion es un ex diplomático de carrera del Servicio Exterior, quien sirvió como embajador de Venezuela en Arabia Saudita y los Países Bajos. Sus comentarios aparecen en el diario El Universal, así como en la página Web Analitica.com.