Opinión Nacional

Los dólares de los damnificados

La Contraloría General de la República, mejor tarde que nunca, emitió un informe que por carambola, echa luz sobre los negociados que se hacen en Venezuela en nombre de la atención a las víctimas , a los parias de esta tierra, que llaman damnificados ( 1 )
Se trata del negociado transnacional que se armó entre Uruguay y Venezuela a partir de 2005, cuando el presidente Chávez firmó con el presidente Tabaré Vásquez la constitución del Fondo Bolívar- Artigas.

Se intentaba, según lo que se declaró en el momento, beneficiar a Uruguay, haciendo que pagara su factura petrolera con ganado de altura, software y casas para los damnificados y a Venezuela, dándole a quiénes no tienen vivienda, casas donadas por el Estado. El Fondo estableció un fideicomiso de 256 millones de dólares que aportaba Pdvsa para financiar ese intercambio comercial.

Se dividió en tres partes. La del ganado la ganó Rozada y Cia, empresa a la que le adjudicaron 6 millones y medio de dólares para enviar a Venezuela vacas preñadas y toros Holando, a fin de mejorar el ganado de altura. Después de un impasse, no hubo negocio. De los 79 millones de dólares que estaban destinados a comprar software para la CVG-Telecom , 59 se adjudicaron a Artech, una empresa representada por el hijo del presidente uruguayo, Javier Vásquez.

El premio mayor, el fondo de 156 millones de dólares para las viviendas, lo ganó Unión Metalúrgica del Uruguay S.A. , la célebre Umissa.

Su dueño es Alejandro Lagrenade, un empresario argentino que fabrica casas prefabricadas en Uruguay . Se hizo famoso en 2003 cuando sus “kits” prefabricados fueron denunciados por un director de Vivienda que luego fue destituido y por los vecinos de la cooperativa Dionisio Díaz de Montevideo. El caso fue debatido en la Asamblea Nacional, que interpeló al ministro que lo echó. Los “kits” que vendió a la cooperativa dejaron en la calle a los vecinos. Cuando eso lo publicó El Nacional, en la época en que se estaba haciendo la compra,. Lagranade mandó una aclaratoria jurando que a él nunca lo habían interpelado y que sus casas eran una maravilla ( 2)
Lo cierto es que cuando quería ganar la licitación en Venezuela , necesitaba a alguien que le ayudara con Pdvsa y el ministerio de la Vivienda . Y en 2005 andaba por Montevideo un venezolano de todos conocido, que tenía la virtud de ser amigo de los directores de Pdvsa Uruguay y Pdvsa América, a saber Jorge Pérez Mancebo y Diego Uzcátegui. Era asesor de Venoco, la empresa venezolana que ganaba y ganaba contratos con la casa matriz en esa época. La prensa uruguaya destaca que le fue presentado por su abogado Norberto Barcos, de quién era socio en otros negocios.

Alejandro Antonini Wilson, que así se llama el hombre, compartía la pasión de Lagrenade por las carreras de carros y se le hizo tan indispensable con el asunto de las casas, que al final terminó siendo su socio. Cuando se necesitó de un avalista en Venezuela por 150 millones de dólares, encontró uno a mano, compadre suyo, uno de los dueños de Venoco, Franklin Durán. Aceptó el trato a cambio de una comisión, que según Antonini era de 8,5 millones de dólares, a repartir 60 % para Durán y 40 % para él
Allanados los problemas, llegó el adelanto de Caracas por 23 millones de dólares e inmediatamente 18 se destinaron a una cuenta conjunta de Lagrenade, Antonini Wilson el abogado Barcos y una mujer, Gabriela Alcalá, que aparece firmando con Franklin Durán en la compra de una empresa láctea en Argentina en el año 2001. Ese adelanto, según la Contraloría venezolana no fue reflejado nunca por el ministerio de la Vivienda y su uso en una cuenta de particulares constituye un desvío de fondos, penado por la ley, sin hablar de que nadie habló en el contrato inicial de las comisioncitas, que debían ser inexistentes en una negociación de gobierno a gobierno.

De los 18 millones de dólares, se destinaron 800 000 a una cuenta particular de Antonini y su esposa, con la que pagaron a su abogada, Therese Van Vliett, del famoso bufete de Florida Genovese, Joblove y Batista, en el juicio que se le siguió a sus ex amigos, después que decidió grabarlos y entregarlos al departamento de Justicia de EEUU.

Lo de las comisiones no lo digo yo sola, sino Franklin Durán en las dos demandas que entabló contra su ex socio en Miami y Montevideo. También lo admiten los abogados de Antonini.. En lo único en que difieren es que uno dice que las pagó mientras el otro, dice que no.

Después de ese primer aporte, Lagrenade y Antonini manejaron 16 operaciones mas correspondientes al pago por Venezuela de 16 facturas equivalentes a 2.771.981. dólares, en una cuenta del BBVA de Montevideo, de acuerdo a las investigaciones de la juez Fanny Canessa, informada del caso por el Banco Central del Uruguay. Ella llevó el proceso de demanda del padre de Durán contra Umissa ,. hasta que las partes llegaron a un entendimiento extrajudicial. Umissa reconoció que el único contragarante en la operación había sido Durán, y declaró en un comunicado que hasta haber visto las pruebas del demandante, creían que Antonini había cumplido ese papel, mientras Durán reconoció que el traspaso entre cuentas había sido correcto. Cosa que si ustedes me preguntan a mí, no tenía porqué reconocer el, sino las instituciones contraloras de los gobiernos implicados en semejante trácala.

La Contraloría averiguó también que aunque el acuerdo comercial que se hizo al principio era por 156 millones de dólares, el contrato firmado por el ministerio de la Vivienda no ha debido ser por ese monto, porque cuando se multiplican los costos de los 2.000 refugios y las 10 000 viviendas “urbanas” que tenía que enviar Umissa, se encuentra una diferencia de 10.634.000 dólares en contra de los intereses nacionales. Y como yo no creo que las calculadoras del ministerio de la Vivienda y de Pdvsa sumen resten, multipliquen o dividan distinto a las de la Contraloría, sólo me queda por pensar que esos diez millones eran la comisión de alguien, poseedor de un dedo mágico que concede concesiones millonarias en dólares en un país como Venezuela, con un feroz control de cambio que impide que nadie tenga divisas así como así.

Mientras, las casas nunca pudieron ser armadas y se quedaron en los puertos venezolanos. Eran tan malas, que solamente se ejecutaron 36 millones de dólares de los 156 que se adjudicaron a Umissa. Nunca fueron instaladas porque no coincidían ni con el metraje ni las características técnicas pedidas y necesitaban personal especializado para armarlas. También hubo problemas con el traslado, porque muchas se dañaron en esa etapa. Enviaron 1.160 contenedores con los componentes de unas 4000 casas, alrededor de 33,08 % del contrato , según el cual tenía que levantarlas Venezuela. Sólo se pudieron levantar siete de las 12000 que se había planeado. Las otras se quedaron agarrando polvo y cucarachas en los contenedores o nunca llegaron.

En estos cuatro años, los damnificados venezolanos han crecido y crecido en número, sin que ni uno sólo de los dólares, que les habían sido destinados por la vía del Fondo Bolívar- Artigas, les llegaran. Antonini, Durán y el superdedo del alto gobierno que concedió la licitación se han movido entre tanto mas o menos felices y muertos de la risa entre jets empresariales, fiestas en la Casa Rosada, condominios en Miami, porsches, juicios televisados por las grandes cadenas y maletas llenas de efectivo.

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