Opinión Nacional

Los medios de comunicación del Estado no son de los venezolanos

Elizabeth Safar, experta en políticas públicas de la comunicación, ha promovido a lo largo de su carrera la existencia de emisoras no gubernamentales que presten realmente un servicio a la sociedad. A su juicio, los canales privados no tienen dentro de sus principales objetivos educar a la población y por eso las universidades, grupos culturales y otros entes deben tener acceso al espectro radioeléctrico nacional

(%=Image(5728581,»R»)%)“¿Son de los venezolanos los medios de comunicación del Estado?”, es el título de un foro que realizará el próximo 29 de este mes el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) perteneciente a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. El evento no podía ser más oportuno: los últimos meses el Gobierno ha arreciado sus cuestionamientos a la función y el desempeño de los medios audiovisuales privados, hasta el punto de acusarlos de conspiradores y desestabilizadores como fue el caso de Globovisión.

Si se usa la desgastada frase de que “lo que es bueno para el pavo, lo es para la pava”, vale la pena preguntarse si las emisoras pertenecientes al Estado están cumpliendo realmente con su función: prestar un servicio a la sociedad venezolana y no a intereses políticos partidistas o del gobierno. Como bien explica Elizabeth Safar, investigadora del Ininco y con 30 años de experiencia en políticas públicas de la comunicación –incluyendo nuevas tecnologías de la información-, este gobierno ha señalado que la radio y la televisión deben hacer programas educativos, olvidando que los canales privados no tienen esto entre sus prioridades. “Esa es una función del Estado y para eso cuenta con los medios estatales”.

“Lo que pasa es que mientras los medios estatales sean manejados para usufructo de los partidos políticos que están en el ejercicio del poder, serán medios gubernamentales en manos del poder Ejecutivo”, advierte Safar. “El Canal 8 o Venezolana de Televisión con todas sus frecuencias, la Radio Nacional de Venezuela con todas sus frecuencias, deberían pasar a ser un servicio público que no dependiera de la Secretaría de la Presidencia de la República, ni del Presidente, sino de un organismo autónomo al estilo de la BBC de Londres, que rinde cuentas en una autoridad independiente”.

El peligroso 209

Esta idea de instituir medios no gubernamentales del estado, independientes del gobierno de turno, no es nueva. El Ininco presentó ante la opinión pública en 1995 un proyecto de Ley para la radio y la televisión destinada a normar esos medios y hacerlos más democráticos y plurales. Allí se proponía la creación de la figura de un Consejo Nacional de Radio y Televisión, de composición plural y escogido democráticamente, que rindiera cuentas al parlamento.

Pero el proyecto normativo quedó engavetado, así como la idea de hacer más plural y democrática la administración pública de los medios. Por ahora, si se revisa la legislación vigente, el Poder Ejecutivo y el gobierno de turno que lo ejerce copa totalmente esta actividad, lo cual a juicio de Safar amenaza constantemente la libertad de expresión, porque las decisiones están en manos de la administración de turno.

Un ejemplo patente de esta realidad está en la propia Ley Orgánica de Telecomunicaciones, promulgada el año pasado. El artículo 40 de esta normativa señala que el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), está integrado por el director general y cuatro directores que “serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República”.

A juicio de Safar, la Ley de Telecomunicaciones es inconstitucional y va en contra de los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela, entre los que figura la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La experta se refiere específicamente al artículo 209, que reza: “Hasta tanto se dicte la ley correspondiente, el Ejecutivo Nacional podrá, cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, suspender la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

“Este artículo viola todos los preceptos constitucionales que garantizan la libertad de expresión, que prohíben la censura previa y la libre circulación de la información, que garantizan el derecho a la información y a la comunicación, y que señalan que la comunicación es libre y plural”, señala Safar. “El artículo 209 es extremadamente peligroso. Viola incluso el artículo 337 de la Constitución sobre los estados de excepción, donde entre las salvedades de las restricciones de las garantías se especifica ‘el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

Historia de restricciones

Ante la inminente promulgación de una ley que regulará los contenidos de radio y televisión, que está redactando Conatel y cuyo borrador se hará público a finales de este mes, Safar hace algunas reflexiones. En primer lugar destaca que el país ha tenido una tradición de más de 60 años de una normativa que impuso las restricciones en términos de censura y censura previa. “El problema de los contenidos ha sido muy mal abordado en Venezuela porque siempre se ha hecho desde la óptica restrictiva o de la censura que puede ejercer el Estado, o desde la óptica de instituciones como la Iglesia, que utilizan una caracterización axiológica valorativa que tampoco conviene a la hora de discutir qué hacer con las extralimitaciones en las que puedan incurrir los medios”.

Safar está de acuerdo con que se impongan algunas disposiciones como las que se practican en otros países, por ejemplo, las franjas horarias para protección de los espectadores de la población infanto-juvenil. “Pero más que la protección de la franja horaria, es la necesidad de invertir en producción nacional”, para preservar la diversidad cultural del país frente a tanto material importado. Esto incidiría en la recolección de la memoria histórica nacional, de su divulgación y difusión, y a su vez fortalecería los recursos humanos en materia de producción audiovisual de nuestras industrias culturales.

“Esas pudieran ser disposiciones que, sin inmiscuirse en los contenidos, ayuden a estimular la producción nacional, es decir, que fijen un porcentaje de producción para los niños y jóvenes. Esas son obligaciones que tendría un servicio público no gubernamental que no existe en este país porque la Radio Nacional es la radio del señor (Hugo) Chávez, y Venezolana de Televisión es la televisora del señor Chávez, no es de nosotros”.

“Las normativas –continúa Safar- no deben prestarse a un abuso de los gobiernos para intervenir en los contenidos, restringiendo, imponiendo censura previa o imponiendo qué tipo de contenido puedan transmitir. El pluralismo en la distribución de las frecuencias es también muy importante, aquí tiene que haber cooperativas, universidades, partidos políticos, grupos culturales, escuelas, que tengan un canal de televisión, por qué no, que opine todo el que quiera opinar, que produzca todo el que quiera producir, pluralismo ante todo”.

Caso Globovisión tiene atenuantes

Según Elizabeth Safar, lo que ocurrió con Globovisión no fue algo extraordinario y, aunque el canal no verificó la información sobre la muerte de ocho taxistas, cuando en realidad había sido sólo uno, sí la rectificó. Pero “quitarle la concesión sería pensar en una venganza o en una retaliación que toma el gobierno en este momento, me parecería exagerado hacerlo”.

Aunque la investigadora del Ininco sostiene que éste es “un caso interesante que nos tiene que obligar a todos a ser más responsables con lo que decimos a través de los medios”, hay algunos atenuantes que deben tomarse en cuenta: el declarante, que a lo mejor es un hombre muy humilde que afirmó que había matado a varios taxistas, en medio de las pasiones y dolores del momento; y en segundo lugar, la tendencia de muchos medios de cubrir informaciones sin confirmar por el carácter de inmediatez, de primicia, cuando son informaciones que pudieran perturbar a la sociedad. “Situaciones como ésta no la habíamos vivido en el país, pero es cierto que informaciones de ese tipo pudieran causar perturbaciones no esperadas”.

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