Los muertos del 11-A: ¿impunidad?
Transcurridos cinco años, todavía los familiares de los venezolanos asesinados durante los hechos ocurridos en abril de 2002, esperan, reclaman, con amargura e impotencia, el esclarecimiento de lo sucedido y la consecuente aplicación de la justicia, para castigar a los responsables.
No obstante, la Fiscalía y los organismos jurisdiccionales permanecen indolentes, dando palos de ciego. No hay un solo juicio justo; sin trapisondas, ni testigos “envenenados” utilizados para perseguir a los adversarios del régimen. Buscar la verdad permanece en un segundo plano, no importa el daño moral y psicológico infligido a quienes aún recuerdan a sus seres queridos, abatidos por la barbarie reinante. Pero, lo primordial es reescribir la historia, para complacer al teniente coronel. Como lo manifiesta la desmesurada exaltación a la categoría de “héroes” (ya olvidados) de la revolución, de los pistoleros de Puente Llaguno.
Los diputados rojitos de la Asamblea Nacional, solamente se ocupan de reabrir la sesgada investigación que la pasada legislatura hizo sobre los acontecimientos que significaron la salida del poder de Hugo Chávez por escasas 48 horas. Siempre se negaron (por culillo), a pesar de la insistencia de los diputados de oposición, a crear una Comisión de la Verdad, integrada por personas de probada reputación e independencia de criterio, para determinar con exactitud qué fue lo que motivo semejante atrocidad, y quiénes fueron sus autores. En Chile, por ejemplo, el Congreso de ese país aprobó una ley de reparaciones a las víctimas de la dictadura. Aquí ocurre lo contrario.
De otra parte, el encargado del Tribunal 25º de Control del área metropolitana de Caracas, en clara demostración de ineficiencia o de poco interés, acordó prorrogar las medidas cautelares de prohibición de salida del país, a los firmantes del decreto Carmona. En esa condición podrían pasar el resto de sus vidas, mientras la “justicia boina roja” decide qué hacer. También la justicia divina podría adelantársele al Ministerio Público… ¿Quién Sabe?
Igual suerte han corrido muchos de los líderes que motivaron y dirigieron las acciones de calle causantes de los sucesos de abril de 2002. Perseguidos, humillados, marcados con hierro candente por el gobierno, han abandonado el suelo patrio para salvaguardar sus vidas. En tanto el juicio a los comisarios Vivas, Simonovis y Forero, sigue una endiablada marcha sin fin, llena de contradicciones e inexactitudes. No hay pruebas contundentes que sustenten la acusación de la Fiscalía. Lo importante es la vendetta política. Quebrar la voluntad de los opositores…
A pesar de los intentos de presentar los hechos de acuerdo a los intereses de la revolución, la sociedad venezolana sigue firme en su disposición de preservar las libertades democráticas. Aun cuando los crímenes de abril de 2002 permanezcan impunes, la historia reciente ha demostrado que las violaciones de los derechos humanos fundamentales son castigadas. Basta recordar a las sangrientas dictaduras militares del Cono Sur y las consecuencias nefastas que para esas sociedades tuvieron la arbitrariedad, el despotismo, la brutalidad vestida verde oliva.
El Estado venezolano está en la ineludible obligación de reparar los daños a las víctimas o a sus familiares causados por los hechos de abril. Comisiones de la verdad independientes, a los fines de buscar la verdad y los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, se han creado en países de América Latina como: Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, El Salvador, Argentina, con resultados significativos. Entonces, ¿eso no es posible en nuestro país? ¿A qué le teme Chávez?…
