Los Orígenes del desvarío

En la ya larga historia del Instituto Emisor este fue normado por diversas leyes cuyo objetivo fundamental fue siempre el de garantizar su buena marcha en el ejercicio de las funciones especificas que le son inherentes. Pero es solo a partir de la Ley de 1992 cuando el legislador incluye, específicamente, la autonomía del instituto.

Sin pretender que la Ley del 92 fuese el desideratum legal, ella logró incorporar paradigmas universales de Banca Central, comprobados exitosamente en otros países y adaptados a nuestra realidad, estableciendo el criterio de autonomía como un valor institucional relevante permitiendo un nuevo concepto de política monetaria, sustentado, a su vez, en objetivos precisos.

El cambio político de 1998-99, con sus pretensiones de renovación, vio esa Ley como un obstáculo cierto en el camino autoritario hacia la desinstitucionalización del país, para entonces sólo formulada como simple idea de transformación pero ahora revelada como concentración de poder omnímodo en la rama ejecutiva del gobierno.

Así las cosas, la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y la Nacional, en 2001 y 2002, procedieron a aprobar normas de alto rango jurídico en las cuales, sin disminuir aparente y formalmente el carácter autónomo del Banco, introdujeron elementos que, como se ha visto después, han sido utilizados para convertirlo en una agencia más de la Administración Central del Gobierno.

El notorio desorden en el gasto y la voracidad presupuestaria originada en la tendencia del ejecutivo a sustituir los canales regulares del aparato administrativo del Estado que no responden a sus fines políticos, conforman un cuadro de presión subordinante sobre la política monetaria, que el Directorio del BCV no ha logrado resistir.

Desde el Ejecutivo se viene ignorando sistemáticamente que la disciplina financiera no es solo un problema monetario, sino también fiscal y particularmente en Venezuela donde el origen del financiamiento de ese gasto proviene tanto del Gobierno central como de PDVSA, a la que se le asignan ahora funciones que le son ajenas por su propia naturaleza.

El desbordamiento e ineficiencia del gasto fiscal, la ausencia de previsiones en el manejo del Tesoro, el uso inoportuno los recursos del FIEM y las inconvenientes políticas de endeudamiento, reflejan el comportamiento financiero del Gobierno en los últimos años.

Cuando en agosto del 2000 el ejecutivo se apropio de parte considerable del patrimonio del BCV al alterar las practicas contables para el cálculo de su Fondo General de Reservas; cuando, a propósito de la aprobación de la nueva Ley, en 2001, quitó al directorio la facultad de constituir reservas según su propio criterio y las necesidades de la política monetaria, supeditando, de paso, el BCV a SUDEBAN al determinar esta sus practicas contables; cuando, en ocasión de la Reforma Parcial de dicha Ley, en noviembre del 2002, se modificó el régimen de entrega de los remanentes de utilidades del BCV. La autonomía del Banco Central de Venezuela por la cual se había luchado durante décadas quedo virtual y realmente suprimida..

Antes del cambio político de 1998, aun en presencia de legislaciones que no consagraban expresamente el régimen de autonomía del BCV, este no tuvo que amoldarse a las necesidades fiscales de los diferentes gobiernos, sino que fueron estos los que tuvieron que limitarse dentro de los parámetros acordados en la política monetaria de cada momento.

Las lógicas diferencias entre el ejecutivo y la autoridad monetaria fueron tramitadas con mas o menos sindéresis y con la discreción requeridas, dada la alta sensibilidad de los mercados a la evaluación que en ellos se hace de esas diferencias.

Pero el tan llevado y traído carácter revolucionario y clasista en la orientación político-ideológica del gobierno actual, lo obliga cada vez más a certificar sus intenciones frente a la opinión pública, particularmente frente a aquellos sectores que desea complacer, adelantando, en proporción creciente, un inmenso e inconsistente gasto fiscal de carácter populista, que si no considera las limitaciones presupuestarias, menos aun lo hace con las metas antiinflacionarias concertadas previamente con el BCV.

Todo ello ha conducido a exagerados incrementos de precios, de la deuda pública interna acumulada y al establecimiento de un rígido control de cambios con el consiguiente deterioro del signo monetario.

Esa inflación resultante de políticas expansivas inconsistentes con el equilibrio de precios, tiene además, importantes efectos fiscales los cuales fungen como incentivo adicional y perverso para que el ejecutivo las desarrolle en busca de nuevos financiamientos monetarios vía devaluaciones y la consiguiente apropiación de las correspondientes utilidades cambiarias.

Lo anterior, acelera el circulo vicioso inflacionario ya que se genera así un impuesto confiscatorio que, al aumentar, indebidamente, los saldos de liquidez, como consecuencia de esos financiamientos monetarios del Fisco, aumenta nuevamente el nivel general de precios en la economía y deteriora aun más, el poder adquisitivo real de la moneda.

En sus sesenta y cinco años de vida institucional, nunca el BCV fue sometido al escarnio ni utilizado para manipular la opinión pública en áreas políticas o económicas, al menos por parte del propio poder ejecutivo. Ahora es diferente. A las públicas solicitudes de fondos provenientes de las Reservas Internacionales del país, el Ejecutivo agrega sugerencias de responsabilidad sobre futuros fracasos en este u otro sector de la economía lo cual suma, a las presiones tradicionales, una nueva componente de resentimiento contra el Instituto en aquellos segmentos de la población que no alcanzan a entender cual es el verdadero papel de las Reservas Internacionales y del BCV en la estructura de la Economía.

Una vez perdida la credibilidad y confianza en la Institución Monetaria central, se anulará también el valor socialmente atribuible a la política monetaria y al Banco Central así como la idea de que este pueda, en efecto, actuar hacia los objetivos que le corresponde alcanzar, sin interferencias ni directrices contrarias a su misión. Obtenido este objetivo, el Gobierno completará la misión desinstitucionalizadora que en el caso del BCV inició con la derogatoria de la Ley de 1992.