Opinión Nacional

Los presos de la revolución

Cuando Chávez llegó a Miraflores en Venezuela no había ni un solo preso político. Hoy los presos e imputados políticos se cuentan por racimos.

El día martes 2 de febrero de 1999, fecha de la toma de posesión presidencial del señor Chávez, en las cárceles del país no había ni un solo venezolano que estuviera preso por causa de sus creencias o actividades políticas.

De pocos países se podía decir lo mismo, incluidos varios del llamado «primer mundo» y ni hablar mucho de América Latina. En honor a la verdad nuestro siglo XX terminaba después de largas décadas labrando la reconciliación nacional.

Tanto la pacificación política de los años 70 como la pacificación militar de los 90, ambas reclamadas y apreciadas en su oportunidad por el conjunto de la sociedad venezolana, habían contribuido a sustentar una cultura democrática incompatible con la vieja endemia de la persecución política.

Un sexenio más tarde la realidad ha involucionado de tal manera que apenas se puede reconocer la existencia de un mismo país. La «imputocracia», es decir, el gobierno por acusación e inculpación, se ha convertido en una de las banderas preferidas del régimen imperante.

Lo que en tiempos no tan lejanos era considerado una excepción que necesitaba remedio, ahora es presentado como un logro oficial que requiere instigación.

Más allá del personalismo vengativo y de los resentimientos encumbrados, hay una lógica política que explica y, peor aún, justifica el retroceso hacia un Estado represor. Y es que para el señor Chávez y la nomenklatura gobernante, Constitución y revolución son dos caras de la misma moneda.

No importa que el término «revolución» no aparezca en ninguno de los 350 artículos de la Constitución de 1999, ni en ninguna de sus 17 disposiciones transitorias, ni tampoco en su Preámbulo. Para el oficialismo forman una unidad inseparable.

En pocas palabras esta «doctrina» significa que no se puede ser opositor a la revolución sin ser también opositor a la Constitución. Los portones quedan abiertos para que se instituya el despotismo en nombre de un supuesto Estado de Derecho.

Nadie se salva y todo se vale de acuerdo con semejante desorden de ideas y principios. Comenzando por la resurrección de ese atavismo que se creía superado: judicializar la persecución política.

A los periodistas se les persigue con la excusa de la difamación. A los uniformados con la de rebelión militar, a los políticos con la de rebelión civil, a los sindicalistas con la del daño económico por obra del derecho de huelga, a los empresarios con cualquier disposición mercantil, y a los abogados que les defienden con algún pretexto procesal.

La Constitución de los derechos humanos queda, una vez más, en letra muerta o papel toalé. Razones estas más que suficientes para perseverar en la lucha.

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