Opinión Nacional

Mal síntoma

No se requiere ser educador o historiador para opinar sobre un tema de marcado interés para toda la sociedad venezolana. Me refiero a la cuestión de la Resolución N° 259 del despacho del ministro de Educación, Cultura y Deportes, publicada en la Gaceta Oficial del 14 de diciembre de 1999 y, de acuerdo con información recogida por distintos medios, sujeta a modificación por instrucciones precisas emanadas del primer magistrado nacional. Ojalá y en el decurso de los días se confirme el propósito rectificatorio.

Sin embargo, aun cuando acontezca que la resolución ministerial en referencia sea derogada y reemplazada por otra destinada a cubrir los contenidos de Etica, Ciudadanía e Identidad Nacional, Historia de Venezuela y Geografía de Venezuela en el marco de los programas de estudio del área de Ciencias Sociales, segunda etapa de la educación básica, lo cierto es que hay que mantenerse alerta ante el demostrado intento, por parte de la máxima autoridad educativa, de falsear la historia patria por razones eminentemente políticas. En particular, cabe referirse a una de las etapas más singulares de ella, como lo es el lapso transcurrido entre 1958 y 1998, cuarenta años de vigencia ininterrumpida de la democracia representativa e innegable predominio del poder civil sobre el poder militar, así como también época propicia como lo fue para erradicar el personalismo dentro de la función pública y consagrar el pluralismo ideológico y el respeto al estado de derecho.

El hecho, en si mismo, de que el ministerio de Educación, Cultura y Deportes haya avanzado en una materia de tanta significación moral y política, en los términos ya publicitados, absurdos y preocupantes por lo demás, es suficiente para justificar las unánimes reacciones de censura que se han generado en el seno de diversos sectores de la sociedad, ante la pretensión de mixtificar los hechos históricos, ignorándose la actuación de los primeros magistrados de extracción civil y minimizándose la circunstancia extraordinaria de la elección de los mismos en procesos electorales libres y democráticos, para privilegiar, en cambio, la llamada “revolución pacífica” y sembrar el culto a la personalidad destacando los méritos y trayectoria de su figura emblemática, pero desentendiéndose de su comportamiento institucional. Y todo ello matizado con la prédica disolvente de atribuir al mal llamado “puntofijismo” cuanto de negativo perdura en el país, en diversos órdenes, olvidando que el actual régimen, monolítico y hegemónico, se encuentra ya ante la celebración de su primer aniversario, sin que pueda hablarse de la existencia de una oposición entorpecedora de la acción de gobierno, pues si de algo ha disfrutado en el terreno político el jefe del Estado, durante los pasados doce meses, es de la carencia de verdaderos y organizados grupos opositores, salvo las frecuentes manifestaciones, escritas u orales, a través de los medios de difusión, de quienes disienten del oficialismo y estiman que es imperioso exponer sus opiniones discrepantes, para contribuir así al mantenimiento del sistema democrático que tan vituperado ha sido en todo este período de “reconstrucción republicana”.

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